Adecuación de tierras
Involucrar capital privado es parte de la estrategia del Gobierno para la terminación de los distritos de riego de Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia-Paicol, según Ana Cristina Moreno, presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural.
Actualizar estudios y diseños, al tiempo que se analiza la vinculación de capital privado, es la estrategia de este gobierno para avanzar en la puesta en marcha de los distritos de riego de Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia-Paicol, según la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural.
Ana Cristina Moreno llegó en julio pasado a la presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Tras casi un año en el cargo, explica en esta entrevista cuáles han sido sus prioridades de gestión. Entre esas está avanzar en la conclusión de los distritos de riego estratégicos para el país; una meta que, sin embargo, ha pasado de administración en administración. Actualizar estudios y diseños al tiempo que se analizan los esquemas de financiación de las obras, dice, es una de las claves que los hace estar confiados en esta ocasión.
Al tomar posesión, ¿qué encontró en la ADR y cuáles han sido las prioridades durante su gestión?
Encontré una agencia en una transición. La pandemia había marcado los meses de marzo a julio con cuarentenas severas, que no le habían permitido a la entidad tener un ritmo en el avance de sus ejecuciones. En el segundo semestre de 2020, cuando se empezaba a flexibilizar el confinamiento y a dar la reactivación responsable, teníamos el reto de poner al día el cumplimiento de metas del primer semestre. Y llegué en un momento en que la ADR tenía abierta una gran convocatoria (para cofinanciar proyectos), “ADR a un clic”. Estábamos en esa virtualidad tratando de que todos los municipios del país pudieran enviar la información sin tener que desplazarse físicamente. La convocatoria se cerró a finales de julio, que coincidió con mi llegada.
¿Cuáles fueron los resultados de esa convocatoria?
Se registraron casi 4.000 iniciativas de todo el país, que podían ser presentadas por las asociaciones de productores, las alcaldías o las gobernaciones. Había que revisar, de esas 4.000, cuáles cumplían los requisitos. Tras el primer filtro, quedaron cumpliendo 1.500 aproximadamente. Lo que seguía era hacer un análisis para empezar a hacer propuestas de integración por cadenas productivas e iniciar el diálogo con alcaldías y departamentos sobre cuáles tenían priorizadas en sus planes de desarrollo, para sumar esfuerzos. Un primer resultado fue que, tras la asignación de puntajes con criterios objetivos, tomamos un proyecto por departamento, el de mayor calificación, para poder cofinanciar.
Usted menciona que los distritos de riego han sido otra prioridad. ¿Cuál ha sido el trabajo en este frente?
Lo que tiene que ver con los distritos de riego estratégicos, Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia-Paicol, ha sido otro foco. A mi llegada, el presidente Duque me pidió recoger todo lo que había alrededor de los proyectos. Los equipos de trabajo ya venían haciendo análisis de los pasos por seguir. El reto fue asumir eso con hojas de ruta. Por ejemplo, quedó establecido que obligatoriamente teníamos que hacer la actualización de estudios y diseños. Con un recurso para ello, se hizo el proceso contractual a través de Findeter y hoy los tres tienen adjudicada, en marcha, la actualización de los estudios y diseños de lo que podrán ser más de 44.000 hectáreas productivas nuevas para el sector agropecuario.
Terminar esos distritos de riesgo es un objetivo que pasa de administración en administración. ¿Por qué creen que esta vez sí se logrará, que es el camino correcto?
La hoja de ruta, que la concertamos con el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación, corresponde a un compromiso de Conpes y nos da confianza desde lo técnico. Y no tenemos que esperar a tener la actualización de los estudios y diseños para luego ver qué camino cogemos, sino que en paralelo buscamos, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, las alternativas. Tenemos el convenio con ellos para estudiar y definir los esquemas transaccionales para el momento de iniciar la construcción de las obras que faltan. Eso seguramente nos llevará a una figura similar a la que hoy conocemos como alianza públicoprivada. La idea es encontrar una herramienta similar; es decir, que la construcción la podamos abordar logrando vincular capital privado. Vemos con enorme expectativa y optimismo que esto sí permitirá despejar el panorama.
Sobre la convocatoria de proyectos para cofinanciar: ¿por qué tantas iniciativas se quedan por fuera? ¿Hay algún tipo de acompañamiento para que los productores diseñen mejor sus propuestas?
La ADR entendió que no debíamos pedir los proyectos estructurados en una metodología particular, porque se convertía en una dificultad mayor para acceder. La convocatoria era solo a nivel de perfil. Encontramos que la contrapartida era una de las razones para que la propuesta se cayera: la convocatoria tenía el requisito de contrapartidas de mínimo el 20 %, que podía ser cuantificada en especie; pero muchas de las iniciativas se cayeron porque no presentaron ese 20 % de contrapartida, se
les pasó o calcularon mal. Otra razón: se les pedía caracterizar a los integrantes de las asociaciones, muchos no lo anexaron. Una de las lecturas a esto es que hoy en el país tenemos muchas asociaciones que existen jurídicamente, pero que no tienen vida real; a la hora de decir quiénes proponen o son miembros de la asociación, caracterizarlos, encontramos que muchos no lo pudieron hacer.
¿Qué prioridades normativas o legislativas hay para la ADR en este momento? ¿Habrá un nuevo intento en materia de adecuación de tierras?
Con el resultado del estudio de la FND, nos va a tocar actualizar el Conpes (de adecuación de tierras) y el Confis, porque cuando tengamos el esquema seguramente nos tocará actualizar para buscar los recursos. Quisiéramos en este gobierno dejar eso estructurado, organizado y ojalá contratado. En materia legislativa, la ADR y la UPRA vienen trabajando en función de la política general de adecuación de tierras (Ley 41 de 1993). El país necesita actualizarla. Estamos, ADR y UPRA, en un análisis interno para una propuesta de nueva ley para actualizar lo dispuesto en la Ley 41, que recogiera lo que está dispuesto en otras normativas, para dejarle al país una nueva política. Encontramos que la figura de distritos de riego tradicionales implica infraestructuras muy costosas, rígidas, y el mundo desde los años 90 ha evolucionado con muchas tecnologías. El concepto de distrito de riego creemos que tiene que evolucionar. Estamos en ese trabajo interno. No hay una decisión todavía por parte del Gobierno de presentarlo. Ese trabajo primero lo validaremos con el Ministerio para definir si seguimos adelante.
Hicieron un anuncio con la firma Logyca para el desarrollo de códigos de barras. ¿Por qué consideran que eso es importante?
Estamos en el reto de la agricultura por contrato. Solo la ADR es responsable este año de llevar a 33.000 productores a esta estrategia. El año pasado teníamos 20.000 y la superamos, llegamos a 25.000. Los códigos de barras son una de las estrategias con las que estamos trabajando. Para los agricultores el código se convierte en una limitación, en un cuello de botella, para acceder a algunos escenarios de comercialización. Un producto menudeado, como un plátano, no necesita; pero cuando hay empaquetamiento, se le pone la mallita o se arma la bolsita de peras, por ejemplo, el código es una necesidad, y es responsabilidad del productor o asociación de productores. En el país los asigna Logyca; así que hicimos un convenio para que nosotros, como ADR, asumamos la membresía y entreguemos los códigos de manera gratuita. El año pasado pudimos beneficiar a más de 1.300 productores con esta estrategia, que nos ayuda a dinamizar el trabajo en agricultura por contrato.
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los proyectos priorizados el año pasado para cofinanciar: 73 % son agrícolas, 20 % son pecuarios y 7 % agroindustriales.