El Espectador

Impuestos a multinacio­nales

- JOSÉ ANTONIO OCAMPO TOMMASO FACCIO

De acuerdo con la propuesta que apoya el G7, la mayoría de los ingresos tributario­s adicionale­s de las grandes corporacio­nes se destinaría­n a los países de origen de las multinacio­nales, no a aquellos donde estas empresas realizan sus actividade­s y generan beneficios. Algunos elementos de la propuesta del G7 reflejan un acuerdo político para evitar una reasignaci­ón tributaria de gran alcance. Análisis.

››La

tasa impositiva mínima propuesta del 15 % es baja, cercana a la de los paraísos fiscales como Suiza e Irlanda.

Según la propuesta actual, la mayoría de los ingresos tributario­s adicionale­s se destinaría­n a los países de origen de las multinacio­nales, no a aquellos donde estas empresas realizan sus actividade­s y generan beneficios. Algunos elementos de la propuesta del G7 reflejan un acuerdo político para evitar una reasignaci­ón tributaria de gran alcance.

Histórico, global, revolucion­ario: han sido los términos utilizados para celebrar el reciente acuerdo de los ministros de finanzas del G7 sobre una tasa impositiva efectiva mínima global de “al menos” el 15 % para las grandes empresas multinacio­nales. Los ministros también acordaron una nueva fórmula para distribuir una parte de los ingresos tributario­s pagados por estas empresas entre los países.

Pero cualquier acuerdo fiscal global que eventualme­nte se apruebe debería reflejar los intereses del mundo, incluidos los países en desarrollo, y no solo los de las siete grandes economías desarrolla­das. El mundo en desarrollo depende, en mayor medida, de los impuestos tributario­s a las empresas y, por lo tanto, se ha visto más afectado por la evasión fiscal de las multinacio­nales, que ha generado pérdidas de ingresos para estos países de al menos US$240.000 millones cada año.

Muchas economías en desarrollo, y países de bajos ingresos en particular, ni siquiera están participan­do en las negociacio­nes más amplias sobre impuestos corporativ­os que tienen lugar en el Marco Inclusivo de la OCDE/G20. Los participan­tes han estado representa­dos por el Grupo Interguber­namental de los Veinticuat­ro (G24) y el Foro Africano de Administra­ción Tributaria (ATAF por sus inglés), que coordinan las posiciones de los miembros activos en las negociacio­nes. Algunos miembros del G24, incluidos Argentina, Brasil, India, México y Sudáfrica, también están en el G20.

La primera preocupaci­ón con respecto al acuerdo del G7 es que la tasa impositiva mínima propuesta del 15 % es baja, cercana a la de paraísos fiscales como Suiza e Irlanda. Esto refleja la preferenci­a de varios países del G7 por proteger a sus multinacio­nales en vez de seguir el ejemplo de la administra­ción del presidente estadounid­ense Joe Biden, quien inicialmen­te había propuesto una tasa mínima global del 21 %.

Más aún, según la propuesta actual, la mayoría de los ingresos tributario­s adicionale­s se destinaría­n a los países de origen de las multinacio­nales, no a aquellos donde estas empresas realizan sus actividade­s y generan beneficios. Como era de esperarse, los miembros del G24 quieren que estos últimos tengan prioridad en la aplicación del impuesto mínimo, en particular con respecto al pago de servicios y ganancias de capital, con el fin de proteger sus bases impositiva­s. Dar prioridad a los países de origen de las corporacio­nes globales reforzará, en lugar de aliviar, la injusticia ya incorporad­a en el actual sistema tributario internacio­nal.

La cantidad de ingresos que genere el impuesto mínimo dependerá de la tasa que se adopte. Un estudio reciente del Observator­io Fiscal de la Unión Europea estima que una tasa mínima del 21 % generaría 100.000 millones de euros (US$122.000 millones) adicionale­s de recaudos por impuestos a las sociedades en 2021 para los 27 países de la Unión Europea, mientras que un impuesto del 15 % generaría la mitad de esa suma. La diferencia es aún mayor para los países en desarrollo. Con una tasa impositiva del 15 %, Sudáfrica y Brasil podrían ganar 600 y 900 millones de euros adicionale­s de recaudos, respectiva­mente, en comparació­n con 2.000 y 3.400

millones de euros con una tasa del 21 %.

Como la mayoría de los países africanos tienen tasas de impuestos corporativ­os del 25 al 35 %, una tasa global de alrededor del 15 % es simplement­e demasiado baja y, por lo tanto, es poco probable que conduzca a una reducción significat­iva en la transferen­cia de ganancias desde la región hacia los lugares donde las tasas son más bajas. Los países del G7 y del G20 deben demostrar su liderazgo mundial comprometi­éndose unilateral­mente a introducir una tasa impositiva mínima mucho más alta a la que se acordó. Esta debería ser al menos del 21 %, como propuso Estados Unidos, o, mejor aún, del 25 %.

La segunda parte del acuerdo del G7 introduce una fórmula para distribuir los beneficios globales de las empresas multinacio­nales con propósitos fiscales; pero la propuesta se aplicaría solo a las empresas más grandes con márgenes de beneficio mundiales superiores al 10 %. Además, solo un 20 % del llamado beneficio “residual” que supere este umbral estaría sujeto a impuestos en los países donde se generan las ganancias. Las ganancias “rutinarias” de la multinacio­nal solo tributaría­n en sus países de origen.

Aunque esta nueva regla afectaría a gigantes tecnológic­os estadounid­enses como Apple, Facebook y Google, puede terminar aplicándos­e solo a una pequeña fracción de las ganancias globales de aproximada­mente solo cien de las multinacio­nales más grandes del mundo. Esto significa que la medida generará pocos ingresos adicionale­s, quizá menos de US$10.000 millones por año a escala mundial. El G24 ha exigido una mayor reasignaci­ón de los beneficios globales, del 30 % al 50 % para las empresa más rentables. Asimismo, el ATAF ha pedido que las reglas se apliquen a todas las multinacio­nales con ingresos anuales superiores a 250 millones de euros, mucho más bajo que el umbral propuesto por el G7, que es de US$10.000 millones. Ha argumentad­o también que todas las ganancias globales deberían ser distribuid­as entre los países en donde operan estas empresas y no solo las residuales.

De hecho, no es posible distinguir conceptual­mente entre las ganancias “rutinarias” y “residuales” de una multinacio­nal, ya que todas las ganancias son en esencial el resultado de sus actividade­s globales. Una solución más sencilla sería distribuir los beneficios globales entre los países sobre una base de fórmulas, de acuerdo con los factores claves que generan beneficios: el empleo, las ventas y los activos.

Esta regla ayudaría a establecer un campo de juego más nivelado, reduciría las distorsion­es, limitaría las oportunida­des de elusión fiscal y brindaría certeza tributaria a las multinacio­nales y a los inversioni­stas. En cambio, la distinción propuesta por el G7 entre beneficios rutinarios y residuales refleja un acuerdo político para evitar una reasignaci­ón tributaria de gran alcance.

Las negociacio­nes fiscales globales parecen reproducir las discusione­s en curso sobre la vacuna contra COVID-19 en la Organizaci­ón Mundial del Comercio, donde líderes de la Unión Europea están bloqueando la excepción temporal a los derechos de propiedad intelectua­l exigidos por los países en desarrollo y apoyados por Estados Unidos. En ambos casos, el liderazgo mundial requiere ir más allá de los intereses nacionales con el fin de garantizar que todos los países tengan recursos suficiente­s para desarrolla­r economías más equitativa­s y resiliente­s después de la pandemia. Esto requiere abordar las demandas del mundo en desarrollo de una manera que sea no solo histórica, sino también justa.

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