Las preguntas alrededor de la nueva directora del Museo de la Memoria
Laura Montoya Vélez viene del Departamento de Prosperidad Social, y expertos cuestionan su formación y experiencia para asumir el cargo. Estuvo vinculada a una universidad cercana al uribismo y es hija del embajador de Colombia en Brasil. La funcionaria defiende que su perfil es el indicado para el momento que enfrenta el Museo.
A través de la Resolución 076 de 2021 se posesionó el martes pasado Laura Montoya Vélez como la nueva directora del Museo de Memoria de Colombia y se convirtió en la tercera funcionaria en ocupar ese cargo durante la era de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Llegó luego de la renuncia de Fabio Bernal, quien había asumido en 2020 luego de que Rafael Tamayo, el primer director que trajo Acevedo para el Museo, también renunciara.
Pero entre los sectores de víctimas y conocedores del trabajo de memoria histórica en el país hay desconcierto, pues se trata de una persona que, a diferencia de todos los directores que ha tenido el Museo de Memoria hasta ahora, no tiene formación en museología o historia, ni experiencia en construcción de memoria. Montoya Vélez es profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad del Externado y tiene una maestría en ciencias administrativas de Farleigh Dickinson University de Nueva Jersey. Antes de llegar al Centro de Memoria se venía desempeñando como jefa de Planeación del Departamento de Prosperidad Social.
Consultamos sobre la designación de la nueva directora en la Red Colombiana de Lugares de Memoria, que agrupa 39 sitios de memoria en todo el país. Algunos de esos lugares manifestaron “su inconformidad” por ese nombramiento, al considerar que “para dirigir el Museo de Memoria se necesita una persona con conocimientos académicos y años de experiencia en museos, en memoria histórica y trabajo con víctimas, requisitos que son tenidos en cuenta por ejemplo en el Museo Nacional y que sí los tuvieron los anteriores directores”, dijeron voceros de lugares como la Capilla de la Memoria de Buenaventura, la Casa de la Memoria de Tumaco, el Centro de Memoria del Conflicto de Valledupar y el Lugar de Memoria del Atrato.
Según esos sitios de memoria, el nombramiento va en contravía de los principios de la Ley de Víctimas y del decreto reglamentario, que plantean que los titulares del derecho a la memoria y a la verdad son las víctimas y la sociedad en su conjunto y no el Estado. “El nombramiento inconsulto y de una persona sin experiencia para el cargo vulnera la participación de las víctimas y sus organizaciones, que son los titulares del derecho a la memoria”, dijeron.
Las dudas sobre su preparación para el cargo las comparte Rafael Tamayo, quien ejerció como director del Museo de la Memoria durante 2019 y quien es doctor en historia. “Las personas nombradas antes tenían un vínculo con la academia, y eso ha venido disminuyendo. Los criterios de formación y experiencia se han ido flexibilizando”, comentó.
Pero, además, para él el nombramiento refleja la influencia que está teniendo Prosperidad Social en el Centro Nacional de Memoria Histórica. “Ella viene de trabajar con Susana Correa, directora de Prosperidad Social, quien tiene influencia directa sobre la dirección general del Centro”. El consejo directivo del CNMH es presidido por la dirección de Prosperidad Social, lo cual para los críticos pone en peligro la independencia del Museo y del mismo Centro.
A eso se le suma otro antecedente. En el comunicado del CNMH, que presenta a la nueva directora, se lee que “en los últimos siete años ha sido parte de un emprendimiento educativo, liderando el desarrollo de competencias para la vida en la educación superior, en la media y básica”. Se trata de la Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios (Elite), a la que popularmente se le conoce como “la universidad de Álvaro Uribe”, por la cercanía de ese centro educativo con el expresidente, que fue uno de sus promotores. Elite fue fundada por Darío Montoya, el papá de la recién nombrada directora del Museo de la Memoria y quien actualmente es embajador de Colombia en Brasil, nombrado por el presidente Duque.
En conversación con este diario, Laura Montoya aseguró que el momento en el que está el Museo de la Memoria requiere un perfil como el suyo, que sepa de gestión pública y pueda conectar la construcción física de la obra, la construcción social del Museo y el diseño estratégico organizacional. Sobre las dudas por la cercanía con Prosperidad Social y el gobierno Duque, sostuvo que fue nombrada porque como jefa de Planeación en ese Departamento estuvo al frente del proyecto del Museo.
¿Qué experiencia tiene con procesos de memoria histórica?
Escogí mi carrera a raíz de una experiencia que tuve como voluntaria en Amnistía Internacional a los 19 años y que me marcó. Fue un año haciendo monitoreo y seguimiento a Perú, Ecuador y Uruguay, en la época de la caída de Fujimori, la lucha contra Sendero Luminoso y la dolarización en Ecuador. Cuando me gradué de gobierno en el Externado logré vincularme a un proyecto del Programa Presidencial de Derechos Humanos y era delegada en Arauca para la promoción y prevención de los derechos humanos, recién había salido la Sentencia T-025 (sobre desplazamiento forzado). Allí tuve que dejar de ir por una recomendación de seguridad. Me moví al Ministerio de Cultura y empecé a trabajar en emprendimiento cultural, que también era en territorio. Y me convertí en asesora del viceministro de Desarrollo Eempresarial, que tenía el programa de transformación productiva. Estuve ayudando a sacar la industria cultural adelante.
‘‘La
etapa final del Museo exige un encuentro entre todas las dimensiones del proyecto y va mucho más allá de la museología o de los temas de memoria, es un tema de la gestión pública”.
Siempre he estado en este camino. Le hice la sistematización al programa Preparémonos para la Paz y a las políticas públicas de paz, reconciliación y víctimas en Medellín y en Antioquia. En la universidad (Elite) montamos un proyecto en el que recibíamos a estudiantes víctimas, reinsertados, de Bogotá y otras ciudades. Quisiera plantearle el escenario actual del Museo: el Museo aún no existe. Existe una ley, unos recursos, una obra en marcha, una construcción social con avances, pero hoy es un proyecto dentro de una dirección técnica. Esta etapa final exige un encuentro entre esas dimensiones del proyecto y va mucho más allá de la museología o incluso más allá de los temas de memoria, es un tema de gestión pública. Estamos a un mes de que se proponga el proyecto de ley que dará vida a la institución, sé mi perfil y esa fue la decisión del director.
Usted viene de la universidad Elite, que es cercana al uribismo. Su padre es fundador de ese centro educativo. Se ha señalado que el nombramiento puede tener tintes políticos…
El director necesitaba a alguien que ya tuviera trazabilidad con el tema. La tengo porque el proyecto del Museo fue una tarea que me puso la directora de Prosperidad Social cuando llegué a Planeación. El presidente anunció que sí o sí el proyecto había que sacarlo adelante y empezamos a explicarle poco a poco al DNP, yo como jefe de planeación fui al Ministerio de Hacienda a explicarles el proyecto. Para mí no era ajeno el tema, pero lo tenía que analizar: lo que encuentro es que no hay ningún impedimento formal en el manual de funciones. Pero más allá, es una oportunidad de que alguien con el perfil que traigo pudiese ver las cosas y empezarlas a conectar. Y sobre Elite, en realidad Uribe nunca estuvo tan presente en el proyecto. Nos acompañó en dos cátedras, nos ayudó a conectarnos con aliados en otras partes del país o del mundo. La relación con él es cercana, cordial, pero no permanente.
La preocupación es por la independencia del Museo de la Memoria respecto del Gobierno Nacional…
En la práctica eso no funciona así. El Gobierno tiene que atender tantos asuntos, que uno quisiera que le prestaran más atención a lo que sucede acá. Sí he visto una gran convicción del presidente porque se construya y siempre pregunta cómo va la obra, pero ya sobre la influencia que pueda tener, pues el ejercicio acá es muy técnico. Les diría a esas voces que se inquietan que deberían estar optimistas, porque mi objetivo aquí es sacar adelante este proyecto, es un símbolo de un proceso que ha vivido Colombia, de una transformación que este país demanda hace mucho tiempo.
¿Hubo censura en las exposiciones “Voces para Transformar a Colombia y SaNaciones, como lo indaga la JEP?
Hay un juez evaluando eso. Lo que puedo decir sobre el caso de Voces es que está quieta. Estamos esperando que la JEP haga su análisis, se dé el proceso de forma transparente y ellos determinen qué pasó allí. SaNaciones tendrá la itinerancia, tendrá una plataforma transmedia y seguimos haciendo la concertación. Hace una semana estuvo el equipo de construcción de memoria, el de museo y el de curaduría con las comunidades indígenas de La Chorrera en una concertación que se va aterrizando en el guion de SaNaciones. El juez determinará si se intervino en los contenidos, yo puedo decir que en la práctica nadie tiene la capacidad de pedir que se cambien los textos de cierta forma. Eso es un andamiaje en el que ha participado tanta gente y esos textos siguen vivos. Pero hay una cosa que está en la política editorial del Centro: se tiene que diferenciar cuándo habla el investigador y cuándo habla la comunidad, las víctimas.
¿Qué sucederá con el CNMH? ¿Dejará de existir para darle paso al Museo de la Memoria?
Esa decisión la toma el Congreso. Es probable que el Centro no se requiera para continuar algunas tareas, que se pueden ir a la Unidad de Víctimas. Lo más importante es que la misionalidad que se le asignó inicialmente al Centro en lo que tiene que ver con construcción de memoria, museo y archivo permanecerá en esa nueva institucionalidad.