Especialidad agraria

LA REFORMA RURAL INTEGRAL pactada en el Acuerdo del Teatro Colón contiene una serie de iniciativas cuya finalidad es lograr justicia en el campo, estabilizar la vida rural, mejorar la calidad de vida de las familias campesinas y aumentar la productividad agraria.

Si bien en el pasado la idea de promover una reforma agraria estuvo teñida de fuertes controversias ideológicas, lo que se logró en las conversaciones de paz es un hito importante. En primer lugar, porque aunque subsisten diferencias, la distancia ideológica se ha acortado. El diagnóstico sobre el cual trabajó la comisión negociadora del Gobierno se basaba en evidencias, corroboradas luego por el censo agropecuario. Concentración de la propiedad acompañada, aunque suene a paradoja, de una aguda fragmentación de la tierra. Muy significativo que esa concentración haya venido en aumento en los últimos años, coincidiendo con un volumen preocupante de desplazamiento de campesinos, despojo de tierras y violencia creciente. Otro elemento es la informalidad superlativa. Casi la mitad de los predios carecen de títulos. El catastro está desactualizado o no existe. Por fin, un uso patológico de los recursos: mientras el área dedicada a la agricultura es estrecha, grandes extensiones de ganadería, rastrojos incultos y una productividad casi nula indican que hay distorsión en el uso del suelo.

Una muestra de los avances hacia la búsqueda de soluciones es que en reciente encuentro sobra la ruralidad propiciado por el Instituto de Ciencia Política, aunque se señalaron preocupaciones, muchos de los expertos y gremialistas asistentes reconocieron que el punto uno del Acuerdo contenía ideas valiosas. Y que los instrumentos creados —fondo de tierras, programa de formalización, catastro— habían sido convenidos en un marco de respeto a la propiedad y los derechos adquiridos.

Pues bien, una de las herramientas fue el compromiso de crear una especialidad agraria en la administración de justicia. La idea es buscar celeridad, equidad y superación de muchos de los conflictos agrarios que privan de seguridad no solo, o no tanto, a los grandes propietarios, sino a los dueños de parcelas que, como dije, ni tienen títulos ni les ha llegado el mapa catastral. En el plano jurídico, certidumbre y solidez son sinónimos de respeto y consolidación de la propiedad.

El proyecto fue presentado al Congreso por el actual Gobierno. Lo que resulta extraño es que ha venido siendo sujeto de demora por parte de la directiva del Senado. Al momento de escribir esta nota, no se sabía si sería agendado en el orden del día, con tiempo suficiente para ser aprobado antes de la sesión final. Es una situación extraña, porque se supone que hay estrecha comunicación política entre el presidente del Senado y el Gobierno.

La senadora Cabal, del partido de gobierno, ha puesto a circular un video en contra del proyecto verdaderamente alucinante. Sostiene que la búsqueda de una justicia eficaz atenta contra los campesinos. Lo cual, en lenguaje sencillo, implica mantener el statu quo rural. Esa parte no es llamativa. Es algo sabido. Lo sorprendente es que haga afirmaciones tan contraevidentes, sin rubor. Tan campante como Johnnie Walker.

Mario Fernando Rodríguez B. Paula Sánchez, Juan Francisco Pedraza, Viviana Velásquez y Rubén Darío Ballén.

Eder Rodríguez, William Ariza,

Lina Paola Gil, William Botía, Johann González, William Niampira, Jonathan Bejarano y Camila Sánchez.

Nelson Sierra G.

Óscar Pérez, Gustavo Torrijos, Mauricio Alvarado y Jose Vargas.

Óscar Güesguán.

Iván Muñoz, Nicolás Achury, Natalia Romero, Alejandra Ortiz, Camila Granados, Carlos Flórez y Leonel Barreto.