Fuera de control
El flujo de migrantes por la selva que divide a Colombia y Panamá no se detiene. Un fenómeno que sigue preocupando a las autoridades de ambas naciones, cuya dimensión no se conoce, pues no existe un registro oficial.
Crece la preocupación por los flujos migratorios entre Colombia y Panamá. Migración Colombia dice que 13.000 personas pasaron al vecino país en lo corrido de 2021, pero otras versiones hablan de que son más. Acnur advierte que el Darién es clave para el paso de asiáticos y africanos hacia EE. UU. y que es muy difícil establecer en qué casos hay trata de personas.
La región del Darién es una zona selvática, ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, que se ha convertido en un paso obligatorio para los migrantes que recorren el continente con el fin de llegar a Estados Unidos. Según el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, hasta principios de junio de 2021 habían transitado 17.000 migrantes por el vecino país. “El Darién es una selva muy dura, muy espesa, también por la crecida de los ríos. Unas doce personas, migrantes, han perdido la vida”, dijo Pino.
Se trata de un tránsito migratorio complejo, al que acuden personas de diferentes continentes y nacionalidades, que, si bien ha existido desde hace décadas, empezó a cobrar visibilidad en los últimos años, porque se han registrado varios casos de naufragios con migrantes en aguas cercanas a municipios como Necoclí (Antioquia), Acandí y Capurganá (Chocó).
Para entender este fenómeno en el territorio colombiano, El Espectador entrevistó a César Mesa, jefe de la oficina de terreno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (ACNUR) en Apartadó, municipio del Urabá antioqueño.
¿Cuándo comenzó la migración a través de la frontera entre Colombia y Panamá?
El fenómeno es histórico. Ha estado durante décadas en la región, por ser una frontera muy porosa que ha servido para el paso de personas, pero también para una cantidad de acciones de economías ilícitas. Sin embargo, más o menos desde 2013 comenzó a ser un poco más visible, inicialmente por la llegada de personas de otros continentes que eran detenidos por las fuerzas públicas en las carreteras y puestos a disposición de Migración Colombia para su deportación. El hito de visibilización ocurrió entre 2014 y 2015, con el represamiento de unos 4.000 cubanos en el municipio de Turbo. Este es un fenómeno con sus altas y bajas, pero con un flujo continuo de personas de diferentes nacionalidades de acuerdo al momento, tiempo y otros factores que los hace emigrar a Estados Unidos.
¿Cuáles son los retos en Colombia para la atención de este fenómeno migratorio?
Este es un fenómeno nuevo de visibilidad en Colombia y en cuanto a llamar la atención del Estado, pese a que es histórico. Debe haber más desarrollo de políticas públicas que permitan tener claridad sobre su atención y la responsabilidad de los entes territoriales, como alcaldías y gobernaciones. La limitante sigue siendo presupuestal y para las administraciones municipales también es un reto la complementaria de la concurrencia por parte del Gobierno Nacional. Todavía falta mucho para mejorar la garantía del cumplimiento de derechos humanos de estas personas. Es muy importante que esto se comprenda como un fenómeno regional y que los países involucrados puedan tener espacios para discutirlo y tomar decisiones conjuntas. Además de crear instancias para hacerle seguimiento al fenómeno migratorio en la región y al interior de Colombia. También nos preocupa que el rango de salida se va ampliando y cada vez va a ser mucho más complejo el control y aumenta el riesgo de naufragios.
¿Detrás de esto también hay un fenómeno de trata de personas?
Ese es otro inconveniente: la imposibilidad para diferenciar quiénes van en red de trata y quiénes no. No hay sistema de caracterización. Constantemente vemos niños o niñas en estos movimientos, pero a veces es complicado determinar si van con algún acudiente o si están en una cadena de trata y tráfico. Es un fenómeno bastante complejo que tiene que ver con la trata y el tráfico, pero no se puede reducir solo a eso.
¿Qué se espera de esta migración y cómo se puede contener?
El flujo no va a terminar, los movimientos migratorios mixtos van a continuar y esto es un fenómeno regional. Las políticas públicas pueden ayudar a que el tránsito sea ordenado, seguro y en cumplimiento de la garantía de derechos humanos para todos. Las personas van a buscar llegar a Estados Unidos. Yo no creo que pueda haber una acción en el país expulsor que evite que la gente no se vaya. Esto continuará. Se deben realizar acciones para que tenga el menor impacto para los territorios. Hoy puede puntuar Haití, pero mañana puede ser otro país. Muy seguramente se transformará según el contexto, pero que no creo que se pueda limitar. No va a parar, creo que a medida que pase el tiempo aumentará.
¿Qué efecto tuvo la contingencia de la pandemia en este fenómeno migratorio?
El año pasado, por el cierre de fronteras estricto entre Colombia y Panamá, varios grupos de migrantes se vieron obligados a quedarse represados en Pasto y Necoclí. Estos represamientos generaron situaciones humanitarias para esas personas que estaban allí, eran de nacionalidad haitiana, algunos cubanos y africanos en menor medida. Esto representó un reto enorme para la atención de las administraciones municipales, ya que en la mayoría de estos municipios, sobre todo en la región del Urabá o fronterizos con Panamá, cualquier represamiento genera una carga para el presupuesto. No tienen recursos para atender las necesidades humanitarias y no hay una política pública al respecto. Por eso decidieron empezar a hacer puentes humanitarios desde Necoclí hasta Capurganá y Acandí, que son frontera con Panamá para que de este modo el flujo pudiera continuar, aunque la emergencia por el COVID-19 hizo que fuera discontinuo por los represamientos.
¿Cuántas personas han cruzado la frontera este año?
Según datos de Migración, desde el 1° de enero de este año hasta el 15 de junio, se han reportado aproximadamente 13.100 personas que han pasado entre Colombia y Panamá. Uno de los vacíos para garantizar la respuesta frente a los derechos humanos es que no existe un registro oficial ni un mecanismo que permitan saber la magnitud del fenómeno y su caracteriza