¿Escuderos o “terroristas”?
El fiscal general catalogó a la Primera Línea de “banda” y anunció investigaciones sobre su financiamiento. Abogados defienden sus ideales y advierten irregularidades de la Policía y los fiscales a cargo.
El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció su ofensiva contra la Primera Línea, grupo al que calificó como “banda” y cuyos miembros han sido imputados por terrorismo. Abogados responden que está “inflando” las imputaciones. Voceros del movimiento chileno de Primera Línea aseguran que allá pasó lo mismo.
En el avance de las investigaciones judiciales que ha dejado el paro nacional, el fiscal Francisco Barbosa ha afirmado que la Primera Línea, los jóvenes que han salido con escudos en distintas manifestaciones en el país, es una “banda” y hasta acusó a una de esas líneas del delito de terrorismo. Desde Quindío, Barbosa confirmó la captura e imputación de siete personas que serían parte del movimiento que, supuestamente, provocó desmanes en Armenia, Filandia y Calarcá. Aunque los miembros de estos grupos dicen ser jóvenes que salen a defender la protesta, recientes hechos de violencia han llevado a cuestionar sus fines reales.
El Espectador hizo un mapeo de esos momentos y les preguntó a expertos sobre el trasfondo de esta judicialización.
Las capturas e imputaciones por homicidio, terrorismo, violencia contra servidor público y concierto para delinquir contra las siete personas de Quindío son apenas uno de los episodios. La Fiscalía asegura tener información que permitió que un juzgado de adolescentes de Cali ordenara hace un mes medida de internamiento contra tres menores de edad que fueron capturados, supuestamente, en flagrancia y que también pertenecerían a la Primera Línea. Habrían intentado tomarse las instalaciones de la estación de Policía El Lido, en Cali, usando bombas molotov, papas bomba y hasta disparando armas de fuego.
Además, un fiscal especializado investiga un posible financiamiento de la Primera Línea con el fin de “cometer delitos” en el Eje Cafetero y Valle del Cauca, este último epicentro de las manifestaciones del paro nacional de este año. La Fiscalía no es la única que le sigue la pista a ese tipo de situaciones. La semana pasada, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra el senador Gustavo Bolívar por supuestas colectas para apoyar las actividades de la Primera Línea.
En diálogo con El Espectador, Bolívar dijo que no entregó “ni un centavo”. Adujo que, si se abrió indagación por esos hechos, el alto tribunal tendrá que cerrarla, porque “del dinero que se entregó por parte de Vaki (plataforma digital para recaudar dinero), solo hemos comprado elementos de protección que son gafas, cascos, respiradores y guantes”. Aclaró que una de las peticiones de los denunciantes era que se congelaran los fondos recaudados, pero la Corte negó tal pretensión porque no se aportó prueba alguna “sobre la entrega de dineros para cosas ilícitas”.
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el paro, la Policía Nacional ha hallado 78.151 armas cortopunzantes, 1.251 armas traumáticas y hasta 2.844 armas de fuego.
Primera Línea, profesionales al servicio de la protesta
Además de jóvenes que, según sus palabras, rodean y protegen a la población de los ataques del Esmad, profesionales de distintas áreas han acuñado el término de Primera Línea para agruparse y defender, desde su campo, la protesta. Cientos de profesionales, sin cobrar, realizan labores médicas, psicológicas, de tecnología y de comunicaciones. Uno de estos grupos es la Primera Línea Jurídica, conformada por alrededor de 4.000 abogados distribuidos en toda Colombia, quienes ofrecen sus servicios ad hónorem -por la honra- a favor de los jóvenes que son capturados, imputados o trasladados “por su protección” como lo afirma la Policía-.
Según Miguel Ángel del Río, cocreador de la Primera Línea Jurídica, desde antes se estaba cosechando una agrupación nacional que protegiera a las familias de líderes sociales asesinados. Como Del Río es el abogado de las víctimas en el proceso por la muerte violenta de Santiago Murillo, el pasado 1° de mayo, en Ibagué, propuso a los jóvenes de la Primera Línea crear un mecanismo de defensa judicial, en medio de la violencia atribuida a la
Fuerza Pública. “La Primera Línea Jurídica tiene como filosofía defender a los jóvenes que sean víctimas del abuso policial”, señaló Del Río.
Y añadió: “Lo que tiene que ver con capturas masivas, torturas, violencia y con todos esos aspectos que nosotros como ciudadanos éramos testigos. Inmediatamente llegaron cientos de abogados a lo largo y ancho del país, lo que nos permitió tener la infraestructura humana para ayudar”. Los defensores aseguraron que las capturas ilegales son la coyuntura del paro. La Policía, por su parte, explica que durante los dos meses de protestas ha aprehendido a 1.537 personas, a corte del 1° de julio.
Entre las incautaciones, asegura la Fuerza Pública, han hallado 78.151 armas cortopunzantes, 1.251 armas traumáticas y hasta 2.844 armas de fuego. No obstante, los métodos empleados en las capturas han llevado a que jueces de garantías dejen libres a varios jóvenes, pues reportan haber sido golpeados e instigados por agentes de la Policía. De acuerdo con la Primera Línea Jurídica, además, los fiscales intentan procesar a manifestantes supuestamente involucrados en actos de vandalismo y, en concreto, a los miembros de la Primera Línea por terrorismo, un delito que representa entre 10 y 15 años de cárcel.
Para los abogados, esta sería una estrategia para “generar miedo a los manifestantes”, dado que los fiscales pueden acudir a otros delitos como daño en bien ajeno o lesiones contra servidor público para judicializar a quienes participen de desmanes en las protestas. “Probatoriamente no hay cómo establecer que están cometiendo actos terroristas. Hay unas peleas contra miembros de la Policía y algunas personas dañan bienes, eso es repudiable. Pero aplicarle terrorismo a un muchacho de 20 años es acabarle la vida”, dijo Del Río.
De acuerdo con un informe de la campaña Defender la Libertad, 3.274 personas han sido detenidas en el marco del paro, “muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección -figura de detención administrativa-, siendo sometidas en varios casos a tortura y tratos crueles”. La Policía, por su parte, registra 1.537 capturas, casos en los que un juez de garantías debió legalizar el procedimiento. Sin embargo, a corte de 21 de junio, la Fiscalía solo ha logrado 254 imputaciones y, de ellas, 55 medidas de aseguramiento.
Simona, miembro de los Escudos Azules de la Primera Línea de Bogotá, le dijo a este diario: “La violencia siempre ha venido del Estado, el cual nos asesina y criminaliza. Barbosa hizo este anuncio, hicieron unas capturas (en Quindío), pero sin ninguna evidencia. Siento que es parte de una estigmatización del Gobierno para deslegitimar la labor de todas las primeras líneas, encargadas de mantener la chispa de la movilización junto con otros actores”. Explicó que el movimiento nació tras la muerte de Dilan Cruz, en el paro de 2019, y que piden el urgente desmonte del Esmad.
Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, señaló que el fenómeno de la Primera Línea a nivel latinoamericano ha tomado como referente lo ocurrido en Chile y se debe entender como manifestaciones sociales y no como una estructura presidida por un líder. Al hacer un paralelo entre ambos países, el investigador encontró que ha sido similar la forma en que se estigmatizó a la Primera Línea. En el país austral, a finales de 2019, aseguraron que los jóvenes pertenecían al Movimiento Mapuche y aquí, según Rosanía, hay un discurso que pretende vincularlos con el Eln o con el senador opositor Gustavo Petro.
También advirtió una gran diferencia: “En Chile, pese a que eran diferentes organizaciones, pudieron unificarse e integraron un solo discurso: hacer una constituyente. Aquí, en principio, la idea fue tumbar la reforma tributaria y luego la de salud, pero luego se volvieron pliegos de peticiones tan grandes, que se salieron de las manos. No tienen una agenda común. En la reunión con Luis Ernesto Gómez no se les veía claridad. Era un caos solo para pedir la palabra. En Chile dicen que la confrontación con la Policía no debe ser eterna. Aquí lo están alargando y el problema es que la violencia va escalando, porque se utilizan nuevos métodos. La guaya en Bogotá en la que un motociclista murió casi degollado, por ejemplo”.
La postura de Rosanía, en boca de Roque Álvarez, coordinador nacional de Primera Línea Revolucionaria en Chile, es acertada. En entrevista, el líder del movimiento dijo: “Decidimos armarnos con lo que tuviéramos a mano. Organizar escudos improvisados con letreros y luego con antenas para defendernos de la represión que era salvaje”. Álvarez recuerda que ese momento dejó muchos heridos dentro de la población, lo que los motivó a realizar un cerco para proteger a su pueblo.
Roque afirmó que también han sido perseguidos jurídicamente: “Durante el desarrollo del estallido fueron detenidas alrededor de 55 mil personas, de las cuales más de 2.500 se transformaron en presos políticos”. Señaló que la Primera Línea en Latinoamérica, alrededor de 2.650 integrantes de este movimiento fueron judicializados. Al menos 600 de estos aún se encuentran bajo medida de aseguramiento.
En general, miembros de la Primera Línea en ambos países, así como la sección jurídica del colectivo, coinciden en que los entes investigativos intentarían “inflar” sus imputaciones, con un discurso presuntamente político y no jurídico. En nuestro país la “PL” ha transformado sus dinámicas de la respuesta a la acción, incluso presentando pliegos de peticiones que incluyen el desmonte definitivo del Esmad. La Fiscalía, por su parte, cree firmemente que los jóvenes podrían estar vinculados con “terrorismo”, investigaciones tras las cuales podrían enfrentar entre 10 y 15 años de prisión. No obstante, los jueces son quienes tienen la última palabra.