La respuesta del Gobierno a la CIDH
EL INFORME DE LA COMISIÓN INTEramericana de Derechos Humanos (CIDH) es severo con los atropellos de la Policía durante las protestas, pero muy equilibrado, por lo cual las críticas iniciales del Gobierno carecen de sustento.
Duque dijo que la CIDH no puede “recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”. La declaración es acertada en abstracto, pero en concreto Duque no mostró cuál de los 187 párrafos o de las 41 recomendaciones del informe piden tolerar actos criminales. Todo lo contrario: la CIDH pide sancionar, respetando el debido proceso, todas las violencias ocurridas en las protestas, tanto los delitos de particulares contra bienes públicos o derechos de terceros, como las violaciones de derechos humanos por agentes estatales (recomendaciónes15 y 33).
La objeción de Duque pudo estar dirigida contra la posición de la CIDH, que no es nueva y se encuentra sistematizada en su informe de 2019 sobre protesta y derechos humanos, de que un Estado no puede prohibir en las protestas cualquier bloqueo o
“corte de rutas”, como se conoce en otros países.
La posición de la CIDH es razonable pues ciertos bloqueos, como ocupar una vía o una plaza, pueden ser formas legítimas de protesta si la afectación de derechos de terceros no es desproporcionada. Pero obviamente otros bloqueos, como impedir el paso de ambulancias, o los cortes de rutas prolongados que generen graves desabastecimientos, desbordan el marco legítimo de la protesta por ser desproporcionados, y así lo señala el informe (párrafos 132 a 140), que también condena severamente las violencias cometidas por manifestantes u organizaciones criminales, especialmente cuando han atentado contra la vida o la integridad de terceros o miembros de la Fuerza Pública.
El argumento del Gobierno de que todo bloqueo en Colombia es delictivo es falso pues, según el artículo 353A del Código Penal y la sentencia C-742/12 de la Corte, sólo lo son algunos: aquellos que sean hechos por medios ilícitos y atenten claramente contra ciertos derechos constitucionales.
Es entonces injusto que Duque y el Centro Democrático cuestionen supuestos sesgos de la CIDH, que no habría condenado las violencias o excesos en las protestas, cuando el informe lo hace en forma clara. Otra cosa es que la CIDH, con razón, condene igualmente el uso excesivo de la fuerza por las autoridades, y en especial por la Policía, que ha llevado a decenas de muertes, violencias sexuales y más de 80 casos de jóvenes reportados como desaparecidos, de los cuales cinco ya aparecieron muertos. Y probablemente haya habido unas 7.000 detenciones arbitrarias por el abuso y distorsión de la figura del “traslado de protección” del Código de Policía. Todo eso es gravísimo.
Estos rechazos del Gobierno Duque y del Centro Democrático al informe de la CIDH se asemejan a los que hizo el Gobierno de Ortega el pasado 23 junio contra otro informe de la CIDH, en este caso sobre protestas en Nicaragua. Ojalá el Gobierno Duque se aparte de esos ejemplos autoritarios y dictatoriales, reconsidere su posición inicial y, en vez de rechazar el informe, vea en el mismo y en el mecanismo de seguimiento que establece una oportunidad de que la CIDH nos ayude a superar nuestra grave crisis de derechos humanos. Para ello debería tomar en serio las atinadas recomendaciones de la CIDH, empezando por la primera y que anima todo el informe: la importancia de “promover y reforzar, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, en especial a aquellos que han sido más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país”.