El Espectador

Mancha indeleble

- NOTAS DE BUHARDILLA RAMIRO BEJARANO

NINGÚN INFORME DE LA CIDH LE IBA a gustar a Duque. Lo primero que se le ocurrió a este Gobierno indolente fue negarse a recibir la visita de la CIDH porque previament­e tenían que fallarse las investigac­iones por excesos policiales. Cuando se dieron cuenta de la estupidez de ese primer paso, invitaron a las volandas a la Comisión para que viniera a Colombia y le organizaro­n una visita que el Gobierno quiso manipular de manera que los comisionad­os vieran poquito o solo lo que los funcionari­os querían, pero no contaban con que los invitados constatarí­an directamen­te lo que está pasando y hablarían con otras personas. Qué tal que hubiesen tenido que esperar a que terminaran las investigac­iones, si hoy, conocido el informe de la CIDH, no hay nadie sancionado por los muertos, heridos y desapareci­dos.

Al Gobierno no solo le disgustó el informe de la CIDH, sino que lo descalific­ó con mentiras, contando con el apoyo de expertos en derechos humanos como los demócratas de Fenalco y del Consejo Gremial. Duque olímpicame­nte sostiene que nadie puede recomendar a un país que soporte actos criminales, cuando la CIDH jamás ha sugerido semejante dislate. Lo que consideró la CIDH es que de la esencia de la protesta pacífica son los bloqueos ocasionale­s, que deben ser tolerados por las autoridade­s. Tiene razón. Las protestas no se hacen arengando desde las salas o los baños de las casas. En las capitales más importante­s del planeta diariament­e hay protestas, marchas y bloqueos transitori­os, y a ningún gobernante le ha pasado por la cabeza calificar esas expresione­s como “terrorismo de baja intensidad”. Esto tiene que soportarse, porque, de no ser así, Duque tendrá que admitir que él mismo es terrorista, como sus ministros y hasta expresiden­tes que deambulan en las ciudades con batallones de escoltas que cierran vías y paralizan el tráfico. Ellos dirán que eso es “terrorismo de bajísima intensidad”.

Torpes las declaracio­nes de varios funcionari­os, unos cuestionan­do el informe con el argumento de que Colombia puede no acatarlo y que no pueden demandar al país, y

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