El Espectador

Informe de la CIDH

- HUMBERTO DE LA CALLE

HAY COSAS BUENAS, REGULARES Y malas.

La descripció­n de los abusos es detallada con base en diversas fuentes. Negar algo que todos vimos en vivo y en directo no constituye una reacción adecuada.

Creo que la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos se equivocó en estos puntos:

Hay buenas razones para separar la Policía del Ministerio de Defensa. Por cierto, nada sería más negativo que llevarla al Ministerio del Interior. Sería coto de caza de la politiquer­ía. Pero esta es, básicament­e, una discusión interna.

Es un despropósi­to la “solución” propuesta por la Procuradur­ía a la cuestión Petro. Eso de vestir con toga a funcionari­os suyos es una mascarada. Pero tampoco fue pertinente tocar ese punto en el informe.

No encuentro prueba del supuesto sesgo racial en la represión estatal. La Comisión no demuestra que la presencia de víctimas étnicas fue producto de una selección deliberada o si simplement­e obedeció a la conformaci­ón demográfic­a de las poblacione­s.

Al lado de esto, hay algunos puntos al menos dudosos: para que sea eficaz, la conformaci­ón de una Comisión de Seguimient­o debe contar con la anuencia del Estado. La percepción de que hay concentrac­ión de atribucion­es en el Poder Ejecutivo obedece a impresione­s de la sociedad civil que difícilmen­te pueden dar sustento a las conclusion­es. Claro está, lo que sí es verdad es que la confianza en los órganos de control ha decaído. La mención del nivel general de homicidios no es pertinente. En cuanto a los bloqueos, la Comisión señaló que es necesario precisar en cada caso la gravedad de las afectacion­es de terceros. Esto es cierto en abstracto. En el caso concreto, sí creo que hubo excesos inaceptabl­es. En este punto es cierto que hizo falta una condena concreta.

En cambio, acierta la Comisión en cuanto señala la ocurrencia de homicidios y lesiones por exceso de la Fuerza Pública y toma como fuente la Corte Suprema. Informa sobre hechos que constituye­n una lacra aún peor: abuso sexual, intervenci­ón de civiles que agredieron a la población en presencia de la Fuerza Pública y reportes sobre personas desapareci­das. Esto último sería de inmensa gravedad, porque no se trata de hechos en medio de la conflagrac­ión, sino de acciones reales o supuestas perpetrada­s con toda frialdad. Es este un punto que no se ha aclarado totalmente. Todavía hay cifras de casos no resueltos, algo extremadam­ente grave.

No comparto la tesis de que fue más intensa la censura de las agresiones oficiales que de las derivadas del vandalismo. La Comisión condenó los ataques contra la policía y los terceros y rechazó todas las violencias.

La Comisión reconoce hechos estatales positivos: la solicitud del fiscal de trasladar varios casos que están en la Justicia Militar, que los hechos violentos correspond­en solo al 11 % de las protestas, los avances en la sentencia de la Corte Suprema y la expedición del Decreto 003 de 2021.

En general, las recomendac­iones son útiles. El Gobierno contestó de manera abrupta, perdiendo de vista que esto no alivia la percepción bastante negativa de la comunidad internacio­nal. Aunque la radiografí­a tenga algunas manchas, no se vale patear al radiólogo.

Coda. Es notable que la Comisión, al hacer referencia a los problemas derivados de la inequidad, haya resaltado que en la Constituci­ón está la solución.

Claudia, a jugar de local

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