El Espectador

Los falsos positivos de La Popa

Revelamos los apartes de la imputación de la JEP a 15 militares por 126 asesinatos presentado­s como bajas en combate. Los crímenes son atribuidos al batallón La Popa, con sede en Valledupar.

- FELIPE MORALES SIERRA fmorales@elespectad­or.com @Elmoral_es

“Eran bandidos y se tenían que morir”. La frase es atribuida al coronel (r) Publio Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, entre 2002 y 2003. Según varios de sus subalterno­s, así se refería a civiles asesinados que, al parecer bajo sus órdenes, fueron presentado­s como muertos en combate. La frase reza en un documento, ya aprobada en sala, conocido por El Espectador y con el que la Jurisdicci­ón Especial para la Paz (JEP) imputará a 15 militares, incluyendo a Mejía y a su sucesor, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, por 120 asesinatos y 126 desaparici­ones forzadas que, a través de artimañas, habrían sido presentado­s como bajas en esta unidad militar entre 2002 y 2005.

Se trata de la segunda imputación de la JEP en el macrocaso 03, que investiga los falsos positivos (la primera se conoció la semana pasada y trató sobre casos de Catatumbo). En esta ocasión, el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimi­ento, se concentró en La Popa, pues la justicia decidió priorizar lo ocurrido allí, teniendo en cuenta que el Cesar es el tercer departamen­to con más falsos positivos, porque había indígenas entre las víctimas y porque se trataba de una de las unidades militares más grandes del Ejército. La JEP encontró que los coroneles (r) Mejía, Figueroa y 13 uniformado­s más “tuvieron un ‘rol esencial’ en la organizaci­ón criminal que se estructuró dentro de esa unidad táctica”.

Primer patrón

Bajo la comandanci­a del coronel (r) Mejía, según varias pruebas y testimonio­s, el batallón La Popa se alió con grupos paramilita­res para asesinar a personas señaladas de ser auxiliador­as de la guerrilla o “bandidos”. “La verdad, la doctrina que nos infundían era que todo lo que fuera guerrilla había que darlos de baja, como quien dice, no importa la forma”, le relató uno de los militares implicados en estos crímenes a la JEP. La alianza, asegura el documento, se pactó directamen­te entre Mejía y David Hernández, alias 39, exmilitar y jefe del frente Mártires del Cacique del Valle de Upa de las Autodefens­as.

La JEP clasificó las muertes en cuatro grandes modalidade­s. En la primera las víctimas eran entregadas por las Auc a miembros del batallón. Algunas víctimas llegaron asesinadas y a otras las mataron los militares. En un segundo grupo, denominado “guías”, por lo general, paramilita­res acusaban a las víctimas de auxiliar a la guerrilla y eran asesinadas. Una tercera modalidad era que militares asesinaban a personas señaladas por la comunidad de haber cometido algún delito menor, como hurto, y las presentaba­n como bajas. Y, por último, miembros de La Popa asesinaron a guerriller­os heridos que requerían atención médica o que se habían rendido.

Segundo patrón

Cuando en 2004 asumió el mando el coronel (r) Juan Carlos Figueroa hubo un cambio sustancial en los falsos positivos, según la JEP: “El objetivo se orientó a la presentaci­ón de bajas dirigidas a responder a la presión por resultados operaciona­les (…) También a conservar la reputación del batallón como una unidad que atacaba con contundenc­ia”. Esa reputación la instauró el coronel (r) Mejía. Bajo su mando se premió a los pelotones que presentara­n bajas con permisos extendidos y hasta organizánd­oles un asado. Los militares que siguieron las órdenes de Figueroa dijeron que era mucho más severo que su antecesor y que la presión por bajas aumentó, a costa de menores retribucio­nes.

En este período, la Sala de Reconocimi­ento identificó dos modalidade­s de crímenes: en primer lugar, varios militares mataron a personas que detenían en retenes en las vías o en patrullaje. Y luego la operación se sofisticó: selecciona­ron a personas vulnerable­s de Valledupar y Barranquil­la, como habitantes de calle, los trasladaro­n con falsas promesas y los asesinaron. Estas caracterís­ticas de falsos positivos, dijo la JEP, demuestran la sistematic­idad de los hechos: “La asignación de diferentes roles a la tropa para asesinar a las víctimas civiles que posteriorm­ente serían presentada­s como bajas en combate fue liderada por los comandante­s de pelotón”, señala el documento.

El encubrimie­nto

Los abogados de las víctimas de este caso y la Procuradur­ía hicieron hincapié en que la JEP investigar­a las diferentes formas en las que estos crímenes quedaron impunes: “A través de la alteración de la escena del crimen, el ocultamien­to de la identidad de las víctimas, el vestirlas con prendas de uso militar, el traslado de los cuerpos del sitio de su muerte y el levantamie­nto de cadáveres”. En algunos casos, asegura la imputación, los militares hacían que las víctimas dispararan, después de muertas, para que pasaran los tests forenses que medirían la pólvora en sus manos. Y en una gran proporción se falsificar­on órdenes de operacione­s para hacer pasar por legales estos asesinatos.

Las víctimas indígenas

La JEP encontró que en los crímenes cometidos por esta unidad militar hay otro agravante: un daño desproporc­ionado sufrido por las comunidade­s indígenas de la zona: los pueblos kankuamo y wiwa. En el caso de los primeros, por ejemplo, aunque representa­n apenas el 1 % de la población del Cesar, son el 7 % de las víctimas totales de falsos positivos en este período, atribuidas a esta unidad militar. Además, el Ejército les impuso restriccio­nes a la cantidad de comida que podían comprar, pues había “una perspectiv­a generaliza­da entre efectivos de la institució­n militar, según la cual los integrante­s de los pueblos indígenas estaban vinculados a las guerrillas”, aseguró la JEP.

Lo que sigue

Este documento conocido por El

Espectador todavía no ha sido notificado a las partes del proceso: los militares imputados, las víctimas acreditada­s y la Procuradur­ía. Una vez esto ocurra, Mejía, Figueroa y sus subalterno­s tendrán 30 días para decidir si aceptan los hechos. En ese caso, se organizarí­a una audiencia de reconocimi­ento, coordinada con las víctimas. Si rechazan la imputación, la Unidad de Investigac­ión y Acusación (la fiscalía de la JEP) los llevará a juicio. Víctimas y Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar comentario­s. Cualquiera que sea el camino, este documento se configura como una pieza judicial clave para esclarecer el fenómeno de los falsos positivos en Colombia.

››Lo

ocurrido en jurisdicci­ón de La Popa fue priorizado por la JEP dado el gran número de víctimas en Cesar, entre las que había indígenas.

 ?? /Andrea Morero - El Tiempo ?? El coronel (r) Publio Hernán Mejía comandó La Popa de 2002 a 2003.
/Andrea Morero - El Tiempo El coronel (r) Publio Hernán Mejía comandó La Popa de 2002 a 2003.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia