Lo que no gustó del Estatuto Orgánico
Además de considerar que generaría más burocracia, desde el Concejo se pidió al presidente objetar las modificaciones aprobadas por el Congreso, al considerar que le quita competencia al cabildo y se comete un error al dejar la organización de las localid
La aprobación de la reforma al Estatuto Orgánico se ha convertido en uno de los logros más grandes de 16 de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá, no solo porque se unieron, sino porque además pasaron 28 años y 15 intentos fallidos para, por fin, hacer cambios en la ley que dicta los lineamientos para la organización y el funcionamiento de la ciudad. Pese a ello quedaron varios sinsabores, especialmente sobre la reglamentación y el poder que se le estaría quitando al Concejo, por lo que desde ya se plantean acciones.
Son varios los temas, pero sobre el que pesan más cuestionamientos es la delimitación de las localidades, ya que el proyecto deja su definición a lo que se adopte en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esto se acordó con la administración distrital, que ya tiene dentro de su plan cambiar las 20 localidades por 32 Unidades de Planeación Local (UPL), que, de paso, tendrían menos de 300.000 habitantes cada una.
En principio, varios concejales lanzaron la alerta al considerar que no es conveniente tomar una decisión administrativa basada en una urbanística, y más cuando existe la posibilidad de que, en caso de no aprobarse el proyecto POT en el Concejo, la alcaldesa podría hacer el cambio por decreto, por lo que la discusión no pasaría por la corporación. Expertos también han cuestionado las reformas, entre ellos Paul Bromberg, exalcalde de Bogotá, quien señaló en un programa de la Universidad Nacional que “hubo una intromisión indebida de los representantes”, ya que temas como el cambio de número de las localidades es algo que desde antes se pudo resolver entre el cabildo y la Alcaldía.
Para el concejal Carlos Carrillo (Polo), la gravedad radica en que se desconoce el procedimiento para aprobar el POT, ya que tienen 90 días para aprobar o no el documento, y que se trata de una transformación administrativa profunda que debería contar con la participación ciudadana. “Dan por hecho que se va a aprobar su decreto, y eso me parece demasiado antidemocrático. Tampoco puedo entender cómo hacen semejante propuesta sin consultarle a nadie, con un argumento tan peregrino como lo es actualizar las localidades, porque son demasiado grandes. Si esa es la cuestión, el problema es el tamaño de Bogotá”, agregó Carrillo.
Ante esto, 18 concejales (de 45) enviaron una carta al presidente de la República pidiendo objetar la sanción de la reforma. En el documento especifican sobre este punto que “la inconstitucionalidad radica en limitar la facultad del Concejo. Aun cuando los POT municipales y distritales contienen divisiones del territorio y la revisión del POT adelantada por la actual Administración no es ajena a esto, las delimitaciones de este instrumento tienen como finalidad guiar el ordenamiento y planeación territorial, no una estructuración del ordenamiento administrativo de la ciudad”.
En respuesta, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, indica que lo que se hará en el POT es aprobar el reordenamiento territorial, mientras que quienes se encargarán de armonizar el instrumento con una reforma o lo que corresponda será la próxima administración, “conscientes de los resultados políticos se decidió no hacer esto dentro del POT. Serán dos discusiones distintas, una del ordenamiento y otra la de la definición, que confiamos se apruebe con una certeza jurídica”. Además, asegura que todo este plan no tendrá costos adicionales, ya que se utilizarán los que están en los fondos locales y se mejorará la funcionalidad de las alcaldías, para resolver los problemas en los territorios.
Sobre esto, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, más allá de esto, siguen quedando cosas en juego que no están claras, como la cantidad de ediles por UPL, así como tampoco se tendrían en cuenta los problemas de corrupción que se han presentado en los últimos años en los Fondos de Desarrollo Local. “No está claro el impacto económico ni los criterios para crear nuevas localidades, más allá del criterio poblacional. En esa misma línea se condiciona al Concejo de que sí o sí tienen que aumentar el número de localidades y que, entonces, ¿si no lo hacen van en contravía de la ley?”.
Sumado a esto, desde el Concejo se cuestiona el artículo que quita las facultades al cabildo de aprobar las vigencias futuras ordinarias y se las concede esta misión al Confis Distrital. Para los que se oponen, la medida va en contra de la Ley 819 de 2003, que determina que las entidades territoriales deben llevar ante la asamblea o Concejo este tipo de cargas económicas.
Al respecto, el secretario Gómez indicó que este punto se incluyó en la reforma, con el fin de lograr eficiencia administrativa. “Por ejemplo, yo en el gobierno quise que los contratos de cafetería y vigilancia no fueran año a año, sino para los cuatro años del período, para que las empresas dieran estabilidad laboral. Para hacer eso tuvimos que llevarlo al Concejo y es un proceso engorroso. Por eso planteamos armonizar ese trámite con lo que ya se hace en el Gobierno Nacional”.
Por último, Oróstegui llama la atención sobre el artículo que le da seis meses al Gobierno Nacional para crear un régimen salarial especial en Bogotá y la reglamentación que se pide respecto a este. “Eso es abrir una caja de Pandora, porque no está clara la necesidad de hacerlo ahora y a todos, tanto a funcionarios como a prestadores”. El artículo se relaciona con que actualmente en la ciudad no hay un régimen que sustente el escalafón salarial que maneja la capital. “Lo que se hace es blindar el que existe desde hace 20 años. No se va a modificar, sino a dar la seguridad jurídica para proteger los derechos adquiridos”, indicó Gómez.
Pese a que la reforma ya fue aprobada por el Congreso, continúa a la espera de sanción presidencial. En caso de que llegue a firmarse, tanto Oróstegui como desde el Concejo se plantean acciones en contra de los cambios que consideran inconstitucionales, por lo que, por ahora, todo está en manos de las determinaciones que tenga en cuenta el presidente Iván Duque.
‘‘Cómo
hacen semejante propuesta sin consultar a nadie, con un argumento tan peregrino como el de actualizar las localidades, porque son demasiado grandes”. Carlos Carrillo, concejal Polo Democrático