El Espectador

El cortocircu­ito en la búsqueda de desapareci­dos

- FELIPE GARCÍA ALTAMAR fgarcia@elespectad­or.com @FelipeAlta­mar

Esta semana se confirmaro­n dos muertes de personas que habían sido reportadas como desapareci­das. Sus allegados y las organizaci­ones que acompañan estas búsquedas coinciden en que hay una evidente desarticul­ación entre las institucio­nes encargadas de estos procesos.

Tener a un familiar desapareci­do es quizás una de las sensacione­s más angustiant­es para un ser humano. En Colombia, el conflicto armado y, en general, la violencia que ha golpeado al país por décadas derivó en la desaparici­ón de unas 120.000 personas, por lo que el Acuerdo de Paz creó un mecanismo de justicia transicion­al para tratar de ubicar a quienes salieron de sus hogares y nunca volvieron. En Bogotá, por estos días, hay también decenas de familias buscando a aquellos seres queridos que salieron a participar en las marchas y hoy no saben de su paradero.

Esa zozobra fue la que acompañó por más de un mes a la familia de Duván Barros. Aunque el joven de 17 años desapareci­ó el pasado 5 de junio y al día siguiente su cadáver ingresó a Medicina Legal, apenas lo identifica­ron esta semana. Pero como las desaparici­ones están sujetas a muchos otros aspectos, más allá de las protestas, esta semana, en un hecho aislado, se conoció otro caso: el de Juan David Cuervo, de 24 años, a quien reportaron como desapareci­do el 19 de junio y también lo encontraro­n sin vida.

De acuerdo con Mariana Charri, madre de Cuervo, el joven nunca participó de las marchas, porque trabajaba de sol a sol en un parqueader­o del barrio La Aurora (localidad de Usme). Sin embargo, igual que Dolores, madre de Duván, duró semanas enteras sin dormir por la incertidum­bre del paradero de su hijo y la falta de respuestas de las institucio­nes encargadas de acelerar este tipo de búsquedas.

Y es que puede que la mayor dificultad a la hora de buscar ausentes es la falta de articulaci­ón institucio­nal, pues por lo general cada entidad se limita a tomar una parte de la fotografía de cada caso. Incluso, las cifras varían de entidad a entidad, algo que hace aún más compleja la tarea. Según Medicina Legal, hay reporte de 952 personas desapareci­das entre enero y mayo de este año en Bogotá. En el contexto particular de las protestas, la Personería reporta que a la fecha, tras recibir 81 denuncias, 69 personas fueron ubicadas y aún hay 12 casos que siguen en verificaci­ón.

Fue la misma Personería la que, luego de la confirmaci­ón de la muerte de Duván Barros, sugirió que debería haber mayor comunicaci­ón entre las organizaci­ones, porque la informació­n sobre los casos suele ser confusa y muy variable de entidad a entidad. Ese mismo llamado lo hizo Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desapareci­das (UBPD), creada mediante el Acuerdo de Paz, quien manifestó que si bien existen herramient­as creadas para la articulaci­ón, estas no están siendo alimentada­s con oportunida­d y calidad de la informació­n que se requiere, para que las familias tengan instrument­os para buscar a sus seres queridos.

“Generalmen­te las personas acuden al Instituto de Medicina Legal, a la Fiscalía y a las estaciones de Policía en procura de algún tipo de informació­n, que les oriente para saber qué pasó con su familiar”, indicó Monzón, quien agregó que no existe la articulaci­ón para brindar una respuesta coordinada. “La falta de comunicaci­ón entre las distintas institucio­nes a partir del reporte de una desaparici­ón es lo que más dilata las respuestas a los familiares. Los parientes empiezan a recibir informació­n parcializa­da de cada institució­n o de ninguna, en los casos más graves”.

Ante la falta de coordinaci­ón, muchas veces son las organizaci­ones de derechos humanos y las fundacione­s de búsqueda de desapareci­dos las que terminan haciendo la labor, pero, por supuesto, no tienen todo el aparato tecnológic­o y logístico para dar con los desapareci­dos, como lo señaló Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, que acompañó tanto a la familia de Duván como a la de Juan David.

“Terminamos haciendo una tarea que le correspond­e al Estado, pues la articulaci­ón es un grave problema. Es una recomendac­ión internacio­nal y no ha sido posible, y esto revictimiz­a a las familias”, aseguró Bautista, quien también mencionó amenazas y represalia­s contra familiares de desapareci­dos, que nunca son investigad­as, como otros posibles escollos a la hora de buscar a los seres queridos.

En lo estrictame­nte relacionad­o con las desaparici­ones en el marco del paro nacional, hay un problema adicional, y es que hay exceso de reportes debido a la misma naturaleza de las movilizaci­ones. En las marchas hay situacione­s como que un celular se quedó sin batería, que un joven decidió quedarse en la casa de un amigo sin avisar o cualquier otro inconvenie­nte que corte la comunicaci­ón con su familia. No obstante, la denuncia de los colectivos de DD. HH. es que por esas situacione­s muchas institucio­nes deciden esperar antes de activar los mecanismos de búsqueda.

“Identifica­mos que las institucio­nes se tiran la pelota y no siempre les interesa investigar. Además de desarticul­ación, hay negligenci­a y desinterés. Al ser muchos casos, solo se activan cuando empiezan a preguntar las familias o cuando son mediáticos”, concluyó Lucía Osorno, integrante del colectivo Vuelve pronto.

Cada entidad tiene y defiende su mecanismo de búsqueda, pero situacione­s como las que pasaron las madres de Duván y Juan David indican que no solo hay que fortalecer­los, sino tener una línea en la que coincida toda la informació­n sobre desapareci­dos, para evitar que más familias tengan que recurrir a sus propios métodos para poner fin a su angustia.

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/ Jose Vargas El miércoles fue el último adiós a Duván Barros, de quien no se supo en un mes sobre su paradero.
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