El laberinto de los militares colombianos detenidos en Haití
Al tiempo que crecen las detenciones y se clarifican los nombres de los posibles autores intelectuales del magnicidio y empresas contratantes, es incierta la situación judicial y humanitaria del grupo de militares colombianos que permanecen bajo la custodia de la Policía.
Al rompecabezas del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, cometido en su residencia privada en el barrio de Pelerín de Puerto Príncipe, le siguen faltando piezas. Se produjo un intempestivo y violento cambio de poder en el país centroamericano y un grupo de exmilitares colombianos ahora es señalado de intervenir en el magnicidio. Pero el hombre que reclutó al grupo, cuyo objetivo no es claro si era conocido por todos, salió muerto en hechos aún inciertos.
Se llamaba Duberney Capador, un exsargento viceprimero del Ejército que el pasado 6 de mayo, junto a los hermanos Germán (capitán retirado del Ejército) y Jonathan Rivera y Ronal Ramírez, expolicía, abordó el vuelo CM877 de Copa con destino a Santo Domingo. La primera estación de una extraña operación militar privada que cuatro días después se trasladó a Puerto Príncipe, a una casa situada en la vecindad de la Embajada de Alemania, desde donde se habrían organizado selectas reuniones.
De manera paralela se creó una cuenta de Whatsapp para invitar a la misión. El grupo fue llamado “Esfuerzo Principal” y fue coadministrado por Duberney Capador y el exmilitar y enfermero Gerson Mendivelso. Esa convocatoria determinó que el 4 de junio en el aeropuerto El Dorado una veintena de exmilitares abordara el vuelo 0252 de Avianca con rumbo a República Dominicana, a desarrollar la misión para la que fueron contratados. Ese mismo día cruzaron la frontera con Haití por el paso fronterizo de Carrizal.
¿Cuánto sabían de lo que debían hacer, cómo se prepararon y cuántos entraron a la residencia privada del presidente? Son interrogantes por resolver antes de lo sucedido minutos después de la medianoche del 7 de julio. Según declaraciones entregadas a los medios de comunicación por Jenny Capador Giraldo, hermana de Duberney, en el momento crítico de la acción, él le escribió para decirle que habían llegado tarde a proteger a la persona designada y que ahora la Policía los tenía acorralados.
Capador murió, aunque no es claro si fue durante el combate con la Policía. Germán Rivera fue capturado, lo mismo que Gerson Mendilveso. Ronal Ramírez y Jonathan Rivera se entregaron en Bogotá. No se conocen sus declaraciones. En cambio sí han trascendido otros detalles. Por ejemplo, el nombre del dueño de la empresa CTU Security, logo que portaba el propio Duberney. La firma de seguridad en Estados Unidos que pagó los pasajes de los exmilitares a Haití, constituida en marzo de 2008 en Miami por el ciudadano venezolano Antonio Intriago.
Un exiliado que se quedó a vivir en el estado de Florida y que, entre una decena de sociedades, junto a su enlace en Colombia, Arcángel Pretelt Ortiz, un exmilitar caleño muy activo en los preparativos de la operación junto a Duberney Capador, coadministra en el sector de Doral su Counter Terrorist Unt Federal Academy LLC. Además de su próspero negocio de seguridad, también es plataforma de oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
Eso explica que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sindique a Intriago de haber intervenido en el ataque a Maduro en agosto de 2018.
Este activismo internacional lo ha llevado a situarse en múltiples escenarios públicos afines a su cruzada política, con fotos de personalidades y políticos, como la que se tomó con Iván Duque en febrero de 2018, dejando memoria gráfica de un momento social en su agenda y en la del entonces candidato presidencial. Otra de sus sociedades, Venezuela somos todos, lleva el nombre del concierto contra el gobierno Maduro que se organizó en Cúcuta en febrero de 2019, y en que, se afirma, hubo apoyo del exiliado Intriago.
Previamente, en 2015, CTU Security había respaldado la campaña “Unidos por Salgar”, que suministró ayuda a los damnificados de la tragedia ocurrida en ese municipio antioqueño el 18 de mayo, cuando se desbordó la quebrada Liborina. El invitado fue el expresidente Álvaro Uribe, al que se le vio junto al pendón con el logo de CTU. Días de vitrina internacional para Intriago y sus asociados, que después se involucraron en acciones operativas, al punto de que ahora está en los ojos del mundo por el asesinato de un presidente.
Lo mismo que el médico haitiano radicado en Florida Christian Enmanuel Sanon, quien se habría encontrado en Puerto Príncipe con protagonistas del hecho y ya fue detenido por las autoridades. Una versión dice que buscaba ser presidente de Haití y los colombianos iban a protegerlo. El dilema es que ahora están señalados del magnicidio. Entre los detenidos también está Dimitri Hérard, jefe de seguridad del asesinado. En su contra pesa una sospecha afín con la mayoría de detenidos. Entre enero y mayo viajó dos veces a
Ecuador con escalas en Bogotá.
En la acción criminal sobrevivió la esposa del presidente, Martine Moïse, quien se repone de sus heridas en Miami y ha aportado detalles, como que los asesinos hablaban en español. De cualquier modo, el exsenador Steven Benoit calificó lo sucedido como una trampa a los militares colombianos creada por la seguridad presidencial, autora del magnicidio. Cierto o no, la sartén por el mango la tiene la justicia haitiana y ahora gobierna Claude Joseph, primer ministro que salió salpicado en una de las versiones que lo vinculan con la autoría intelectual del asesinato, aunque la Policía haitiana salió a desmentirla.
Por ahora gobierna Joseph, aunque un día antes de ser asesinado Moïse había designado como primer ministro a Ariel Henry. El país está en Estado de sitio y se siente la represión en una nación acostumbrada al hambre, la corrupción y las tragedias de la naturaleza. Además de la pandemia, hay miedo en las calles. Estados Unidos reforzó su protección, pero no interviene. En Colombia, mientras el Gobierno se desmarca de cualquier asociación con el polémico Intriago y las familias de los militares piden ser asistidos judicial y humanitariamente, la Policía dice que colabora con las autoridades haitianas.
Las más recientes órdenes de captura fueron contra el exsenador John Joel Joseph, sospechoso de coordinar encuentros con el comando de exmilitares; Joseph Felix Badio, exfuncionario de la Unidad Anticorrupción, señalado de coordinar la operación y la logística, y Rodolphe Jaar, condenado en 2015 en Estados Unidos por narcotráfico, quien habría dado posada a los mercenarios. Los empresarios Gordon Phenil Desir y Walter Veintemilla, de la consultora Worldwide Capital Lending Group, aparecen en el radar de los supuestos mecenas de la operación.
A juzgar por lo que se ha conocido sobre el escándalo de los militares involucrados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en esta ocasión la oferta de trabajo que compartió Duberney Capador para el grupo de exmilitares que se aventuró a viajar a Haití terminó en un laberinto del que no van a salir muy fácil. Quizá fue una misión más para los ejércitos privados que suelen contratar barato a colombianos que han demostrado ser guerreros en Yemen, Afganistán, Emiratos Árabes o Dubái, pero esta vez se fueron de mercenarios, así algunos no lo supieran, y hoy cargan con la sindicación de un magnicidio.
››Claude
Joseph, el actual primer ministro, salió salpicado en una de las versiones que lo vinculan con la autoría intelectual del asesinato.