Una reforma de transición
LA CUARTA REFORMA TRIBUTARIA del gobierno de Iván Duque es, paradójicamente, una muestra de cómo deberían prepararse este tipo de medidas siempre que sean necesarias. Aunque se trata de una propuesta poco ambiciosa, que no soluciona el problema fiscal, no hace cambios estructurales necesarios y es muestra de un mandato que llega débil a su último año, la labor del nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha sido loable. Eso sí, la campaña electoral que calienta motores necesita dar cuenta de que, sea quien fuere la persona que llegue a la Casa de Nariño, debe venir con una propuesta de reforma estructural en la que tendrá que invertir el capital político con que llegue.
Los planteamientos de la nueva reforma tributaria son un reconocimiento tácito, pero poco sutil, de las fallas que tuvo el paso de Alberto Carrasquilla por el Ministerio de Hacienda. Desde la manera en que se construyó y se socializó hasta las fuentes de financiación que decidió adoptar, la propuesta de la administración Duque hace un mea culpa que sin duda responde al estallido social de los últimos meses.
Allí donde la anterior propuesta de reforma se hizo a puerta cerrada y se presentó sin una estrategia clara de comunicaciones, el ministro Restrepo decidió construir la nueva hablando con representantes de los manifestantes, los empresarios, la academia y los otros partidos políticos. Se reconoció lo que debió ser evidente: no hay cambios al estatuto tributario que puedan aprobarse sin un mínimo consenso nacional que pase por justas negociaciones entre ideologías encontradas. Esa estrategia, esperamos, servirá para que su paso por el Congreso no esté lleno de traumatismos, aunque con la clase política colombiana nunca podemos estar seguros de eso. En todo caso, el proceso es un modelo a seguir en el futuro. Nos va mejor cuando nos sentamos a dialogar.
Hablando de aspectos específicos, se trata de una reforma que reconoce el momento político. Los $15,2 billones que pretende recaudar no son suficientes para solucionar el problema estructural de las finanzas del Estado, pero son necesarios para las prioridades del país en este momento. Es lo que puede esperarse de un gobierno que entra a su último año con unos índices masivos de impopularidad y una potente protesta social.
En el cómo recaudar ese dinero también hay un rechazo a las posturas anteriores. El 60 % del recaudo vendrá de las empresas, acatando las sugerencias de los gremios y echando para atrás lo que hacía la última reforma que logró aprobar el gobierno Duque y que, sin desconocer el efecto de la pandemia, es en buena medida responsable del tamaño del hueco fiscal que ahora se debe tratar de llenar. No se toca a la clase media, aunque tampoco a la alta, ni se aumenta la base de contribuyentes. Lo que pierde en ambición lo gana en eficiencia y estabilización del país.
El debate, sin embargo, está lejos de terminar. Vamos a necesitar otra reforma tributaria y eso debería estar en el centro de la conversación para las próximas elecciones. Todos los candidatos tienen que contarle a Colombia lo que pretenden hacer, con lujo de detalle, sin propuestas populistas talladas en mármol y sin evadir un tema difícil como la necesidad de mejorar las finanzas creando nuevos impuestos. Mientras eso ocurre, el Congreso debería darle trámite expedito a la última tributaria de la administración Duque. El país necesita estabilidad.
‘‘Lo
que pierde en ambición lo gana en eficiencia y estabilización del país. Vamos a necesitar otra reforma tributaria y eso debe estar en la conversación para las elecciones”.