Ecoturismo comunitario
LA SALIDA DE Yarumo Blanco del Santuario Otún Quimbaya ha generado muchas preguntas. Parques Nacionales Naturales explica que el contrato se terminó y que la asociación no pudo aceptar las condiciones de la nueva prórroga.
En los últimos días, varias personas cercanas al sector ambiental han compartido una noticia desde sus redes sociales. Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) informó que la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, que ofrecía el servicio de ecoturismo comunitario en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, en el municipio de Risaralda, “culminaba su etapa de operación”.
Son muchos los que lamentaron el hecho. Además de operar en el Santuario desde el año 2009, Yarumo Blanco es reconocido como un modelo a seguir en Colombia. Solo en el año 2014 ganó el Premio Nacional de Turismo Sostenible en Mejores acciones para las comunidades locales, se llevó el tercer lugar del Impact Hub Fellowship del Fondo de Biocomercio y clasificó como uno de los cien destinos sostenibles del mundo.
La experiencia que tiene Yarumo Blanco en ecoturismo comunitario generó dudas sobre su salida del Santuario. “Atención: Parques Colombia está cancelando las concesiones de ecoturismo a cargo de organizaciones comunitarias. Ya lo hizo en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya con la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco. Ahora lo intenta hacer en Chingaza. ¿Para entregarlas a quién?”, trinó Manuel Rodríguez Becerra, cofundador de Parques Nacionales Cómo Vamos, una alianza de diez organizaciones que busca fortalecer la defensa de estos territorios.
¿Qué pasó con el contrato de PNN y Yarumo Blanco?
Leandro Monsalve García, presidente y representante legal de Yarumo Blanco, prefiere solo hablar del caso que él conoce: el del Santuario Otún Quimbaya. Explica que, en el 2009, la organización firmó un contrato con PNN de ecoturismo comunitario que duraba diez años, lo que implicaba que debía terminar en el 2019.
Cuando comenzó la pandemia, Yarumo Blanco estaba negociando con la anterior directora de PNN, Julia Miranda (cargo que tiene Orlando Molano desde diciembre de 2020). El contrato quedó suspendido hasta octubre de 2020, cuando empezaron a hacer unas pruebas de ecoturismo tras la pandemia, pero el pasado 9 de julio Yarumo Blanco recibió la notificación de que el contrato se debía terminar por cláusulas legales. “Nos dijeron que no se podía ejecutar un contrato igual al de hace diez años, porque esas leyes ya no tienen piso jurídico, y nos ofrecieron una prórroga con nuevas condiciones a corto plazo, por un año”, agrega. “Pero nosotros somos una organización que ya venía golpeada por la pandemia y con la Asociación evaluamos y decidimos que no estábamos en la capacidad de alcanzar la expectativa de la entidad y que bajo los nuevos términos no podíamos seguir”.
PNN, a través de Juan de Dios Duarte, jefe de la oficina jurídica, advierte que no es cierto que Parques esté cancelando las concesiones de ecoturismo comunitario. Simplemente, señala, con la nueva administración se está haciendo una revisión de concesiones y contratos de ecoturismo comunitario. Comenta que en el caso de Yarumo Blanco el contrato se tenía que acabar, pero que por temas de COVID-19 se suspendió por un tiempo y luego se le dieron dos prórrogas.
Sobre la nueva prórroga que se ofreció a Yarumo Blanco, que la Asociación no pudo aceptar, explica que implicaba dos condiciones nuevas: que se mejorara el porcentaje de ingreso que recibe PNN, que va destinado al fondo para fortalecer las áreas protegidas (FONAP), y que se mejorara la infraestructura.
“Aunque algunas iniciativas nacieron con una finalidad comunitaria, para apoyar las sinergias locales alrededor de las áreas protegidas y se venían beneficiando del ecoturismo, en el transcurso de diez años dejan de ser comunitarias y se convierten en verdaderas empresas”, es la razón que da Duarte sobre las nuevas condiciones. “En el 2019, por ejemplo, que fue un buen año para Yarumo Blando, tuvieron ingresos de $982 millones, pero a PNN solo llegaron $9 millones. En los diez años, de 2009 a 2020, solo ingresaron alrededor de $58 millones al fondo de PNN”.
Sin embargo, para Sandra Vilardy, profesora de Universidad de los Andes y directora de Parques Cómo Vamos, hay un error en que el ecoturismo comunitario se mida con la misma vara que una empresa. “Se trata de algo más que una empresa, porque busca conservar la naturaleza como patrimonio común, por lo que el Gobierno lo debe proteger y gestionar”. La experta afirma que Colombia aún está en un proceso de prueba y error con este tema, por lo que no está mal que se replanteen las concesiones, pero se debe hacer con ciertos criterios.
“Toca ver en qué momento uno de estos proyectos llega a su punto de equilibrio y, dependiendo de eso, mirar si sí se le puede aumentar la transferencia a PNN. También se debe mirar en qué temporadas del año se llega o no a este punto de equilibrio, porque si se va a hacer un ajuste en los contratos, debe ser un modelo suficientemente justo para todos, con una retribución dinámica y transparente”, asegura ”.