La propuesta del Ejecutivo
SON POCOS LOS PROYECTOS anunciados para la última legislatura en el gobierno Duque. Reforma tributaria, estatuto disciplinario de la Policía y ley antivandalimo, las prioridades.
La última legislatura que el gobierno de Iván Duque acompañará está citada a una hora inusual a las anteriores instalaciones del Congreso en pleno. A las 8:00 a.m., senadores y representantes a la Cámara están citados para que el primer mandatario, de forma oficial, dé comienzo a las sesiones ordinarias y, por ende, a un nuevo período, que trae consigo nuevas propuestas de origen parlamentario y gubernamental. Un paquete que seguramente no será tan ambicioso.
Los motivos de fondo se leen desde el entendimiento de los momentos políticos que vive el país. El principal: las elecciones a Congreso y Presidencia de 2022. La búsqueda por reelegirse y crear alianzas políticas reduce la productividad legislativa y, por esa razón, las iniciativas a radicar serán menos que las que se llegaron a presentar en los años anteriores. Además de esta situación, que se prevé desde siempre, de fondo está el estallido social que reventó en el país desde el 28 de abril, se extendió hasta mediados de junio y promete volver con más fuerza desde este mismo martes 20 de julio.
Analizar este contexto es entender el origen del paquete de iniciativas del Gobierno, pues la mayoría busca traducir el descontento social en compromisos legislativos. El primero de ellos es la nueva reforma tributaria, que se convirtió en el florero de Llorente y sacó a la ciudadanía a las calles hace tres meses. Tras cuatro días de movilizaciones, en las que el país ya estaba contando muertos, el presidente Duque retiró la que se había presentado, nombró nuevo ministro de Hacienda (José Manuel Restrepo) y prometió construir una propuesta concertada.
La semana pasada, Restrepo dio detalles de la nueva iniciativa (llamada ahora Ley de Inversión Social), que es menos pretenciosa que la anterior —pasando de buscar recaudar $23 billones a $15 billones— y no incluye temas polémicos como la declaración de renta para asalariados de más de $2’500.000 o pensionados que reciben más de $7’000.000. Desde el Congreso, que en marzo se conjugó con la ciudadanía descontenta con el proyecto, ya se ha manifestado la viabilidad de tramitarla, apuntando a prolongar programas sociales como el Ingreso Solidario y la matrícula cero, además de aliviar el déficit fiscal, que supera los $90 billones, y recuperar el grado de inversión.
Algunas de sus propuestas son frenar el gasto burocrático en $1,9 billones, luchar contra la evasión y reducir el descuento al impuesto de industria y comercio (ICA). En términos económicos y financieros, el Gobierno también debe de presentar el Presupuesto Anual de la Nación, que se estima supere los $309 billones para 2022.
La idea, dicen desde la Casa de Nariño, es mejorar la situación social por las que pasan más del 43 % de colombianos que viven en condiciones de pobreza y a la vez tratar de responder en cierta forma a los reclamos de los manifestantes en las calles y, aunque se niegue, del Comité del Paro. En esa línea van las anunciadas reformas a la Policía, aunque es claro que, bajo la mirada de los jóvenes, estas no responden a los cambios estructurales que se reclaman en la institución.
A lo que se apuntará será a la actualización del Estatuto Disciplinario, con el cual se creará el expediente electrónico de los procesos disciplinarios; se facilitará la radicación de quejas y se dejará un marco más claro para las causales de suspensión provisional. Igual se habla del Estatuto de Carrera, que pretende estimular el servicio. Sin embargo, hasta tener estos proyectos escritos y no solo en anuncios, no se puede detallar ni analizar si lo que plantea el Ejecutivo se compagina con las exigencias de la calle.
Por último, está la también anunciada y no explicada Ley Antivandalismo, de la que analistas han salido a hablar sin un texto que deje entrever los enfoques planteados por el Gobierno. De lo dicho por el primer mandatario, se buscaría crear un marco de acción para las autoridades en casos en los que se afecten los derechos colectivos. Pero hay muchas dudas por resolver: ¿cuál será el acuerdo sobre qué se considerará vandalismo y qué una manifestación acalorada? ¿Cuáles son los principios de proporcionalidad y racionalidad para actuar en dichos casos? Por lo demás, se dice que el Ejecutivo presentará otros proyectos sobre la marcha, como la Ley del Clima o la ratificación del Acuerdo de Escazú, que se hundió en la legislatura pasada. La única verdad es que queda un año atravesado por elecciones y, lo más probable, movilizaciones que sacudirán las fichas políticas para 2022. Y los congresistas están más preocupados por lo que pasará, su futuro político y el de sus partidos, que en tramitar una agenda, del Gobierno o no, que responda a las necesidades que la pandemia recrudeció.