Crisis humanitaria en Ituango
A 4.041 asciende el número de campesinos desplazados de la cabecera del municipio antioqueño, que comenzaron a llegar desde hace una semana huyendo de los grupos ilegales.
En albergues temporales permanecen cerca de 4.000 campesinos de 30 veredas de Ituango (Antioquia), que se vieron obligados a desplazarse hacia la cabecera municipal ante las amenazas de grupos ilegales que operan en la zona. El Ejército señala a disidencias de las Farc. El Gobierno designó al ministro del Interior para atender la emergencia. Testimonios.
“Desde los años 90 ha habido desplazamientos. En ese entonces atendía en el hospital a los que llegaban. Pasé de atender a ser atendido”, cuenta Juan*, uno de los 4.041 campesinos que se encuentran desplazados en Ituango como consecuencia de las amenazas y los enfrentamientos de grupos armados que han llevado al éxodo a habitantes de por lo menos 30 veredas del municipio antioqueño. Ya otras cercanas se habían desplazado cuando él salió de la suya el pasado 21 de julio, luego de que una persona de la comunidad recibiera una llamada anónima en la que le exigían que abandonara el territorio. El miedo se esparció entre la comunidad.
“No hubo tiempo de sacar nada. En el municipio se contrataron dos chivas (buses escalera) y alcanzamos a salir en ellas. Vivo con mi mamá, pero ella tiene dificultades de movilidad, por lo que se quedó en la finca con mi hermano. Quieren salir, ¿pero para dónde me la llevo? Han estado con mucho miedo, no duermen. Temen salir a cortar un pedazo de plátano para los marranos, porque creen que se van a encontrar con alguien. Ya se acabó el cuidado de los animales, están aguantando hambre”, narra Juan.
El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz, asegura que tienen identificado al responsable de los hechos. “El bandido alias Camilo, cuyo nombre es Román Antonio García Zapata, es el que llama a las personas para intimidarlas, generando un acto de terrorismo psicológico para generar estos desplazamientos. Él le cumple órdenes a alias Ramiro, cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc”, afirmó. Sin embargo, según Isabel Cristina Zuleta, lideresa social integrante del movimiento Ríos Vivos, la crisis humanitaria que vive el municipio no es solo responsabilidad de las disidencias, puesto que también fueron desplazadas las veredas controladas por los paramilitares.
La posición geoestratégica de Ituango hace del municipio un territorio relevante para el crimen organizado, pues tiene cercanía con Córdoba, acceso al Bajo Cauca, al Urabá, con conexión entre el Pacífico y el Atlántico, y la posibilidad de conectarse con el centro del país. De ahí que en la zona confluyan economías ilícitas derivadas de la minería ilegal y de los cultivos de hoja de coca, cuyo control recae en estructuras armadas de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. El riesgo ya había sido documentado el año pasado por la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana, en la que advertía la ocurrencia no solo de desplazamientos forzados, sino también de reclutamientos y homicidios. “Los actores armados se mueven bajo la lógica económica. En Ituango ya se sabe quién está desplazando a la población, lo que no sabemos es por qué y cuál es el interés que hay detrás del desplazamiento sistemático y masivo. ¿Quién gana con esta situación?”, dice Zuleta.
La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita la captura de alias Ramiro, otra de hasta $50 millones por información sobre alias Camilo y Machín, de este mismo grupo armado ilegal, y una más por alias Richard, del Clan del Golfo. A su turno, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que el Ejército dispuso 250 hombres adicionales para hacer presencia en las veredas y garantizar que los campesinos puedan volver a sus territorios: “A las disidencias de las Farc y a alias Camilo no le vamos a permitir que sigan amedrentando y buscando generar temor y desplazamiento en la zona”.
Este martes, el presidente Iván Duque dio la orden al ministro del Interior, Diego Palacios, de trasladarse al municipio para reunirse con el equipo de la Séptima División del Ejército y analizar de primera mano la situación de seguridad e insistió en que se seguirá fortaleciendo la lucha contra las estructuras del Eln y el Clan del Golfo. Añadió que la entrega de ayuda para las personas que permanecen desplazadas se ha dificultado por cuenta de las condiciones climáticas en la zona. “Hay una situación que lo agrava más, y es la afectación producto de las inundaciones y los cierres de vías. Estamos buscando no solo con la Unidad de Gestión del Riesgo que se restablezca la movilidad”, manifestó el mandatario.
Para Isabel Cristina Zuleta, las medidas que han anunciado desde la administración departamental no solo son insuficientes, sino lamentables: “Si la gente sale es porque sabe que la pueden matar si no hace caso a la orden criminal. Entonces el señor gobernador sale a decir que da una recompensa. Eso es un insulto para la gente, ellos saben quién es, pero cuál plata va a reparar la vida. Ninguna. Nosotros hemos puesto muchos muertos como para que humillen a la gente ofreciéndoles plata por poner en riesgo su vida, la de su familia y la de la gente de la vereda”.
La llegada de los 4.041 campesinos de 30 veredas cambió la dinámica del casco urbano de Ituango. “Todos los itanguinos se han sumado para ayudar como han podido. Los vecinos salen con ropa a recibir a los campesinos que llegan. Es eso, la solidaridad de quienes estamos acá. No solo tenemos el más grande desplazamiento de los que tengo memoria, sino también las lluvias y los derrumbes”, relató María Luisa*, integrante de una organización de derechos humanos del municipio que ha creado campañas para recibir ayudas en Medellín.
Entretanto, los desplazados han sido ubicados en albergues. “Hemos tenido que ponernos de acuerdo en la convivencia, porque es gente de muchas veredas en un espacio reducido. Hay que ayudar en la cocina, lavar platos, mantener el sitio aseado y tener horarios. Nos mantenemos jugando cartas y ahí la pasamos. He notado en algunos, especialmente de la tercera edad, mucho estrés”, narró Juan.
La atención de la población ha sido un reto, sobre todo teniendo en cuenta que las fuertes lluvias que cayeron el pasado 22 de julio produjeran movimientos en masa que afectaron la vía principal que lo comunica con Medellín. “Unas 565 familias fueron afectadas solamente por el tema de las lluvias y los vientos, lo que representa a 2.037 personas damnificadas”, afirmó el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), Jaime Enrique Gómez.
La única forma de llegar es por vía aérea y las condiciones climáticas no han sido favorables. Algunos alimentos han comenzado a escasear y tampoco hay gas domiciliario. “Muchas de las familias que tienen sus casitas acá han tenido que acudir a los albergues para comer, porque no tienen cómo cocinar”, sostuvo Juan.