“Me fueron aislando”
Increíble caso de discriminación y violencia de género sufrió Stella Conto, prestigiosa exmagistrada del Consejo de Estado, en este tribunal, desde 2013 y hasta 2018. Todo empezó con una entrevista que le dio a El Espectador. Ella nunca se sometió y resistió. Demandó a la Rama Judicial y ganó en primera instancia.
¿Por qué cree que fue “maltratada, hostigada y fustigada” en la Sala Plena del Consejo de Estado del 12 de junio de 2013, cuando la mayoría de sus colegas la “matonearon” por haberle concedido una entrevista a El Espectador sobre su concepto jurídico en un caso determinado, mientras que no se le hizo ningún reproche a su compañero hombre, el magistrado Hugo Bastidas Bárcenas, que había hablado con otro medio sobre el mismo tema?
Porque el silenciamiento de las voces femeninas es un asunto de capital importancia en un sistema patriarcal. Estudios interesantes muestran cómo el hecho de mantener a las mujeres en silencio constituye una importante prueba de virilidad.
Recuerdo que en ese momento se discutía, en el Consejo de Estado, una demanda de pérdida de investidura de 12 congresistas que habían cambiado el texto de una reforma a la justicia para beneficiarse y beneficiar a las cortes, lo que derivó en un escándalo nacional. Pero, ¿qué produjo, en concreto, el ataque en su contra?
En el marco de esa acción de pérdidas de investidura que acaparaba el interés nacional, quien había sido presidente del Consejo de Estado en el momento de la discusión de la reforma a la justicia se declaró impedido. Otros dos magistrados y yo consideramos que se le debía aceptar el impedimento, pero la mayoría votó negándolo. Preparé mi salvamento de voto y lo entregué en Secretaría. El magistrado Hugo Bastidas, quien también salvó voto, concedió, como usted recordó, una entrevista sobre el tema del impedimento del presidente días antes de que yo lo hiciera. El 11 de junio de ese año (2013), funcionarias de la presidencia del Consejo de Estado me dijeron que El Espectador solicitaba que respondiera unas preguntas. Concedí la entrevista. Al otro día, 12 de junio, se convocó a Sala Plena. El único tema fue “el desprestigio” que estaban sufriendo las cortes en la prensa y mi supuesta contribución a ese desprestigio por haberle respondido a El Espectador sus preguntas.
Todas las discusiones en Sala Plena se graban, pero ese día el presidente del año 2013 (Alfonso Vargas Rincón) y la vicepresidenta (María Claudia Rojas Lasso) estuvieron de acuerdo, junto con el resto de magistrados, en dejar de grabar ¿Cómo reaccionó cuando se dio cuenta de que era, prácticamente, una “encerrona” en su contra?
Ante la decisión de no grabar la sesión, manifesté que yo grabaría mi propia voz, lo que no podía prohibírseme. Pero los ataques eran tan fuertes y recios, así como los señalamientos que me hicieron, que no tuve tiempo sino de estar atenta a las afirmaciones que se hacían en mi contra; tomar algunas notas para poder responder y dar respuestas claras a las acusaciones que me hicieron. Dije que no iba a aceptar el sometimiento que me querían imponer. Recurrí a los textos de varias sentencias de la Corte Constitucional y de convenios internacionales sobre derechos y recordé la libertad que tenía para expresar mi pensamiento y mis posiciones jurídicas.
¿Alguna de sus colegas mujeres intervino en su favor?
Una sola magistrada advirtió que la Sala no tenía competencia para juzgarme. Algunas permanecieron en silencio y otras lideraron los ataques que fueron muy beligerantes tanto ese día como una semana después, el 18 de junio, cuando retomaron el tema y los señalamientos en mi contra.
¿Por qué cree que ordenaron apagar los aparatos de grabación ese 12 de junio, cuando lo usual es que se graben todas las sesiones?
Se propuso apagar la grabadora para evitar “suspicacias”, según se dijo ese día. El pleno aprobó la propuesta y me opuse. Fue algo inusual: esa sesión fue la única no grabada durante todo mi período constitucional. De todos modos, el presidente le ordenó al secretario permanecer en el recinto y tomar atenta nota. Este ha debido elaborar el resumen de lo sucedido, para que, sometido a consideración de los asistentes a la Sala y aprobado, se diera a la publicidad, lo que es una obligación constitucional. Pero eso no ocurrió pese a mis pedidos insistentes durante varios años. Solo hasta abril de 2016, cuando ya no estaba la mayoría de magistrados que asistió a la sesión de 2013, se escribieron “algunos apuntes que no tienen todo”, según dijo la presidenta de 2016, razón por la cual no pudieron ser registrados.
Pero, insisto, ¿por qué querían eliminar toda constancia de lo dicho ahí?
Con todo lo que hicieron para que no se elaborara el acta, incluso cuando un magistrado intervino de manera muy fuerte para reiterar que la decisión que había tomado la mayoría era que no se hiciera publicidad de esa sesión, no queda sino concluir que se cumplió uno de los problemas más serios que tiene la discriminación contra las mujeres: tratar que la violencia de género sea invisible para aparentar que no existe.
Y, del otro lado, para usted, ¿por qué era tan importante que se hiciera el acta de lo sucedido ese junio de 2013?
Mi interés en que se elabore el acta, que continúa vigente, es que se visibilice lo que sucedió. La experiencia que viví tiene que ser capitalizada de manera positiva: si se hace público lo que ocurre, hay posibilidades de corregir. Si todo queda en silencio, la situación de discriminación continúa en la administración judicial y en los demás escenarios en donde las mujeres alcanzan cargos con poder de decisión.
Más allá de lo ocurrido en aquella sala, ¿es cierto que, a partir de esa fecha y hasta cuando terminó su período, cinco años después (septiembre de 2018), la gran mayoría de sus colegas la ignoraban y desconocían sus peticiones?
Sí. Mis permanentes y semanales requerimientos para que se elaborara el proyecto de acta quedaron en el vacío y aún siguen pendientes de atender, en un mensaje de acallamiento. Lo que me respondían era de este tenor: “Deje el sirirí, ya dijimos que no vamos a hacer acta”; “acordamos que no se grabara y eso es suficiente”; “primero tiene que explicar para qué quiere el acta”. Ya en 2017 me pareció importante que yo hiciera un resumen de lo que había pasado en 2013 para que los nuevos integrantes de la Sala Plena conocieran las razones de mis requerimientos. Cuando empecé a hablar, muchos se retiraron y solo unos pocos permanecieron en el recinto. Mirando hacia atrás y dado que sigue pendiente mi petición, es claro el interés que existe, aún, de no cumplir con la publicidad obligatoria de lo sucedido.
‘‘La prevención que tuve que mantener... para evitar ser sorprendida, el ánimo vigilante sobre lo que sucedía, ser sometida al aislamiento, a los dichos del secretario, etc., son cargas que ninguna mujer tiene que soportar”.
A la semana siguiente del día en que fue sometida a “bullying” le repitieron la dosis de reproches. Esta vez sí quedó la grabación y en ella se basa parte de su demanda. Ahí también afirma que el 5 de mayo de 2015, dos años después, sus colegas se “empeñaron en ignorar (su) identidad constitucional” y en “cuestionar, en las mujeres, su capacidad de conocimiento, percepción y transmisión de la realidad”. ¿Qué sucedía en este otro momento para que volvieran a victimizarla?
En esa oportunidad sometieron a consideración de la Sala Plena varios proyectos de acta que no fueron repartidos a mi despacho. Lo informé para que se corrigiera la omisión, pero el presidente me ignoró y, en cambio, le preguntó al secretario por lo sucedido. Este me desmintió. Hubo respaldo en la Sala para el secretario y propusieron excluirme de la aprobación de las actas. Así lo hicieron por un tiempo hasta cuando un nuevo integrante del Consejo de Estado solicitó corregir esa anomalía. También se propuso que cuando
me entregaran los documentos para mi firma, lo hicieran en presencia de los demás como testigos.
A ver si entiendo: lo que sucedió en 2013, ¿produjo una ruptura total entre la mayoría de los magistrados y usted de tal modo que llegaron a excluirla del reparto de las actas de las sesiones a las que usted asistía con pleno derecho? Perdone mi sorpresa, pero no puedo creer que esto ocurra en la cúpula de la justicia...
El rompimiento fue claro y definitivo en el tema relacionado con las actas. Como nunca dejé de exigir que se elaborara el acta de 2013, me fueron aislando precisamente en ese tema. En 2015, simplemente no me repartieron las actas que se someterían a aprobación y le dieron credibilidad al secretario por encima de mi versión que fue corroborada después por un dictamen pericial particular. Algunos magistrados que no estuvieron de acuerdo con el trato que me estaban dando exigieron respeto para mí. Pero lo cierto es que se me separó por completo de ese trámite hasta cuando llegó un nuevo magistrado que, como dije, pidió que se corrigiera esa anomalía.
Sus posturas jurídicas que, en contraste con lo que pasaba en el interior del Consejo de Estado, eran prestigiosas en la opinión pública, ¿molestaban por inconvenientes, políticamente hablando?
La molestia era porque provenían de una mujer. Recuerdo alguna oportunidad en que propuse la necesidad de hacer un cambio de jurisprudencia. Nunca pudo ser aprobada. Cuando la misma propuesta fue hecha por un magistrado, fue apoyada, de inmediato. Sucedió lo mismo con la entrevista a El Espectador que se me recriminó. Si la entrevista, idéntica, la diera un hombre, como en efecto la dio el magistrado Bastidas, no se le criticaba nada. Y así pasó: nadie se ocupó de la intervención del doctor Bastidas como tenía que ser, porque la hizo en uso de su derecho de expresión. En cambio se hizo una tormenta en mi contra.
No puedo obviar esta pregunta: ¿por qué la discriminación en su contra no afectó a las otras magistradas? ¿Tal vez ellas se “amoldaron” al modelo masculino para no despertar rechazo?
No me siento autorizada para hablar a nombre de mis compañeras o sobre ellas. Me limito a relatar mi experiencia.
¿Cómo y por qué se sostuvo en su magistratura -en medio de esa constante humillación- durante por lo menos cinco de los ocho años de su período?
No fue fácil y sigue siendo difícil, porque el asunto no concluye hasta que lo acontecido el 12 de junio de 2013 se publicite efectivamente y se cumplan las medidas de reparación y satisfacción. Fue muy duro asistir a salas y advertir que no era escuchada ni tenida en cuenta. La prevención que tuve que mantener respecto de la aprobación de las actas, de ahí en adelante, para evitar ser sorprendida, el ánimo vigilante sobre lo que sucedía, ser sometida a los dichos del secretario, etc., son cargas que ninguna mujer tiene que soportar. Pero esa experiencia, aunque dolorosa, debe capitalizarse, insistir en su visibilidad, en que se conozca públicamente porque, insisto, lo que no se conoce no se corrige.
¿Por qué demandó a la Rama Judicial, en general, y no solo al Consejo de Estado?
Se trataba de demandar a la Rama Judicial para superar así la individualización de estos casos que buscan minimizar las violencias contra las mujeres. Se trata de un asunto de dignidad institucional que nos compromete y que estamos obligados a superar, en particular tratándose de la administración de justicia. El tema de las actas se volvió crucial para mí, porque allí se conoce la historia de lo que sucede en las corporaciones judiciales, de manera precisa.
A propósito, debo preguntarle aunque me disculpo por la intromisión: ¿es verdad que no podía confiar en nadie fuera de su despacho y
que tuvo que acudir a ayuda profesional médica?
Es cierto. En la demanda que interpuse con mis hijos no se solicitó reparación por daño a la salud.
¿Por qué no, si ese daño puede llegar a ser permanente y es contra la vida misma?
Quise centrarme en el perjuicio moral en el más amplio sentido- con el ánimo de que la respuesta institucional abarque a todas las mujeres que ocupan cargos públicos sin particularizar la situación de víctima que padecí. Se sabe que el fallo de primera instancia ordena repararla, pero en detalle, ¿qué dice la jueza que estudió su caso y cómo debe ejecutarse?
Además de la reparación pecuniaria, se ordena que cese la vulneración, es decir, que se elabore y dé a la publicidad lo acontecido el 12 de junio de 2013. Frente a esta decisión de la jueza del caso interpuse recurso de apelación porque, tal como fue ordenada, no logra el objetivo que me propongo. También ordenó disculpas públicas o privadas y se dispuso tener en cuenta el contenido de esta sentencia en los módulos educativos de formación de los jueces.
La jueza que le dio la razón concluyó que “lo que pudo apreciar... hasta la fecha de su retiro... fue el total desconocimiento de su fuero constitucional y el maltrato a su dignidad...”. Y concluyó con una teoría según la cual “en los altos cargos de los Estados los hombres utilizan un abanico de maniobras para socavar a sus colegas femeninas”. Lo que se hizo en su contra, ¿fue deliberado porque usted no se sometía o se actuaba de manera machista pero inconsciente?
Hubo maquinaciones deliberadas y conscientes: no pudo ser de otra manera, dadas las circunstancias. Y bajo el convencimiento, desde luego, equivocado, de que estaban en lo correcto, dada la fortaleza del imaginario según el cual las mujeres permanecemos en la minoría de edad y debemos, por eso, ser aleccionadas y corregidas por los varones que estarían autorizados a usar los métodos que consideren adecuados, incluyendo la violencia y la discriminación.
‘‘Se
cumplió (en el Consejo de Estado) uno de los problemas más serios que tiene la discriminación: tratar de que la violencia de género sea invisible para aparentar que no existe”.
Usted triunfó en su carrera de jurista puesto que fue magistrada de alta corte; fue reconocida, en medios externos a su recinto de trabajo, como una magistrada ilustrada, inteligente y recta. Al mismo tiempo, tuvo la valentía de poner en público la violencia intrafamiliar que sufrió -demanda que también ganó- y ahora el maltrato en su entorno laboral. ¿Cómo tuvo el valor de descubrir, en público, que era una víctima de violencia de género?
Los logros de mi carrera no han conseguido que olvide los obstáculos y las barreras que existen y que otras no han podido superar. Creo que recibí un mandato de confianza, y es mi deseo cumplirlo a cabalidad. Me siento obligada a responder frente a la experiencia vivida para construir mejor futuro para las mujeres. Es mi mejor y más satisfactorio camino de sanación.