Chicorales
EN LOS AÑOS 60 LAS LUCHAS POR LA redistribución de la tierra avanzaron con el cese al fuego y el pacto del Frente Nacional. Como parte del acuerdo transicional, se impulsaron reformas agrarias y floreció en distintas regiones del país el movimiento campesino, con la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) como plataforma estatal. Tales avances en la redistribución chocaron con los intereses de políticos y terratenientes regionales. Como describió en detalle el Grupo de Memoria Histórica, élites locales impulsaron los primeros grupos paramilitares en zonas como los Montes de María. Tales ansiedades violentas fueron acogidas y escuchadas por el gobierno de Misael Pastrana y hechas realidad por el Acuerdo de Chicoral, que estableció, entre otras cosas, la priorización de la reforma agraria. Es decir, colonización de tierras en lugar de redistribución.
Son varias las narraciones que detallan la forma en que la ANUC fue perdiendo recursos. Todo lo que tenía que ver con la original ley de reforma agraria empezó a desdibujarse entre la improvisación de los pocos funcionarios que insistían sin apoyo alguno en las tareas establecidas. Esto abrió caminos a la represión desatada durante el gobierno de Pastrana (1970-1974) y el freno total a la reforma ordenado por el gobierno de López Michelsen (1974-1978). Con el estatuto de seguridad del gobierno Turbay (1978-1982), los campesinos sin tierra quedaron entre la política de muerte estatal y la andanada de las guerrillas.
El legado de Chicoral es uno de desmonte solapado de políticas redistributivas pactadas como salida al conflicto violento. Ese desmonte no vino con grandes anuncios de freno a las reformas, sino con desplantes cotidianos. En lugar de confesar su ataque contra la reforma, el gobierno de Pastrana anunció que los campesinos serían “empleados y no propietarios”: la redistribución se haría vía sueldos. Ese desmonte engendró la frustración entre miles de familias entusiasmadas con días mejores. Engendró además la persecución y el asesinato de líderes campesinos y el surgimiento de ejércitos privados subversivos y paramilitares.
El reciente reportaje de Sebastián Forero sobre el debilitamiento de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta puede leerse bajo la luz de Chicoral. Karen Garay, contratista de la Unidad, había reportado en al menos tres ocasiones que los solicitantes se negaban a asistir a las diligencias en los predios en cuestión debido a la situación compleja de orden público. Garay era la encargada de iniciar los procesos de restitución, para lo que tenía que “ubicar a los reclamantes de tierras y trasladarse con ellos hasta los que alguna vez fueron sus predios”. Tenía contrato por prestación de servicios para un trabajo que la dejaba “a su suerte”, pues tras presentarse protocolariamente ante la Policía en las cabeceras, debía salir hacia las veredas sin acompañamiento.
Según explica el reportaje, en años pasados la situación era distinta. Antes de 2019, la Unidad de Restitución de Meta “contaba con cuatro grupos de la Dirección de Carabineros de la Policía, que están designados específicamente para acompañar las labores”. Este no ha sido el último cambio, pues herramientas tecnológicas que permitían tener un registro del movimiento y la labor de las comisiones se han ido dejando de usar. Así, omisión tras omisión asistimos quizás a un nuevo Chicoral.
El 27 de mayo, Karen Garay se trasladó con dos reclamantes de tierras, las hermanas Sandra y Yadmil Cortés, para reconocer un predio e iniciar el proceso de restitución. Iban con el conductor John Cogua. En el predio, según se sabe, los esperaba una cuadrilla de hombres armados. De no haber sido por la labor de las familias que denunciaron las desapariciones con angustia, la Unidad de Restitución de Tierras no se hubiera dado por enterada. El pasado 5 de julio, los cuatro fueron encontrados en una fosa común aledaña al predio.