Cuando bloquear vías se vuelve delito
Más de 400 noticias criminales se registraron durante los últimos tres meses de paro nacional por los delitos de obstrucción de vías públicas y perturbación en el servicio de transporte. Esta cifra es hasta diez veces más alta de la reportada en el mismo
Colombia vivió recientemente una de las jornadas más intensas de protesta social. El paro nacional, cuyas movilizaciones transcurrieron en los últimos tres meses, ha enfrentado a civiles y Fuerza Pública, dejando un saldo de abuso policial, desapariciones, homicidios y denuncias de violencia sexual. Mientras organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han constatado la violación de derechos humanos, el gobierno de Iván Duque se ha defendido enfocando su atención en la infiltración de las marchas por parte de grupos ilegales y rechazando cualquier bloqueo de vías.
En ese forcejeo de interpretaciones, el bloqueo de vías se convirtió en el caballito de batalla del Gobierno durante los días del paro. El presidente Iván Duque, así como varios de sus ministros, insisten en que bloquear las vías es un delito y por eso no lo reconocen como una expresión de la protesta en cualquier circunstancia. Este también es uno de los puntos que más incomodan al Estado del informe de la CIDH, pues la Comisión afirma que los también llamados “cortes de ruta” constituyen, en principio, una expresión legítima de la protesta y advierte que es un error calificarlos de forma genérica como acciones ilegales.
Según la CIDH, el Estado debe tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales. Sin desconocer que cada caso debe ser analizado por separado porque en ciertos niveles los bloqueos pueden tornarse en acciones violentas y, en tal caso, transgredir gravemente derechos de terceros. Pero cuando eso sucede, según la CIDH, es deber del Estado facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como el último recurso.
En Colombia existen dos delitos con los que se suele castigar el bloqueo: la perturbación en el servicio de transporte colectivo u oficial y la obstrucción a vías públicas que afectan el orden público. Para que sean penalmente relevantes deben hacerse a través de medios ilícitos. La obstrucción debe atentar contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medioambiente o el derecho al trabajo, y la perturbación al transporte debe ser “superlativa”, es decir, se debe “hacer completamente imposible el transporte público, colectivo u oficial”, aclaró la Corte Constitucional.
La Fiscalía tiene registradas 600 noticias criminales por el delito de perturbación en servicio de transporte en las últimas dos décadas, de las cuales solo 253 están activas y 24 terminaron en condena. Para el delito de obstrucción a vías públicas, el ente investigador tiene 1.843 noticias criminales en los últimos diez años, de las cuales 1.161 están activas y solo 22 han terminado en condenas. Es decir, hay muchas noticias criminales y pocas sentencias condenatorias.
Juan Sebastián Hernández, investigador de la línea del sistema judicial de Dejusticia, considera que esta desproporción podría deberse a que históricamente se ha equiparado la protesta social a un tema de orden público o de seguridad nacional, se asocia a movimientos guerrilleros y se estigmatiza. Según él, la Fiscalía suele usar el derecho penal para imputar delitos a manifestantes, pero, luego de la imputación de cargos, la argumentación y evidencia jurídica terminan siendo muy débiles, lo que explicaría el número tan bajo de condenas.
Aunque los delitos de perturbación en servicio de transporte y
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2013 hasta junio de 2020 la Fiscalía había sido condenada en 6.249 casos por privaciones injustas de la libertad.
obstrucción a vías públicas suelen asociarse a la protesta social, no hay forma de saber con certeza qué porcentaje de las personas procesadas por estos delitos han sido manifestantes. Sin embargo, analizando las cifras entregadas por la Fiscalía a este diario, se observa un aumento de las noticias criminales por bloqueo de vías durante los últimos tres meses de paro. Hay 77 noticias criminales por perturbación en servicio de transporte y 346 por obstrucción a vías públicas entre abril y julio