Los problemas del Plan de Alimentación Escolar en La Guajira
Detrás de las denuncias sobre las mínimas raciones dadas a los niños en las escuelas de La Guajira hay múltiples dificultades del PAE, algunas de vieja data, como la desconexión territorial, y otras más recientes, como el caso del retorno a la presenciali
Un plato azul oscuro con dos porciones pequeñas de comida: arriba arroz blanco y abajo fríjoles. Esa fue la imagen que se hizo viral el pasado 28 de julio, cuando circularon las denuncias sobre las deficientes raciones de comida que les entregaban a niños y niñas de un colegio de Riohacha, La Guajira. El caso se conoció pocos días después de que se hiciera público un hecho similar en otro colegio de la ciudad, en el que estaban entregando un buñuelo, un banano y un vaso de peto como almuerzo. La situación prendió las alarmas en la comunidad y en distintos sectores desde donde señalaron que se trata de comidas que no cumplen con los requerimientos nutricionales para garantizar la adecuada alimentación de los estudiantes que, además, asisten a jornada única.
Los señalamientos llevaron a la Contraloría General de la República a poner la lupa sobre el tema y a realizar una visita para verificar la situación en Riohacha y su corregimiento Cotoprix. De acuerdo con los hallazgos del órgano de control, las entidades territoriales certificadas “no están preparadas con la alimentación que deben dar a los niños con motivo de su regreso presencial. Eso se está viendo en La Guajira, donde incluso no se está garantizando el 100 % de la alimentación a los estudiantes”. Luis Carlos Pineda, contralor delegado para temas de Participación Ciudadana, explicó que el problema se debe, en buena medida, a que no hay una respuesta suficiente a las necesidades para garantizar el servicio durante el retorno a la presencialidad de los niños, situación que se evidenció con las denuncias recientes.
En el mismo sentido se pronunció la Unidad Especial de Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender (UAPA), que forma parte del Ministerio de Educación y es la encargada del Programa de Alimentación Escolar, que insistió en que “hay un alto nivel de incertidumbre respecto a los estudiantes que van a estar en las primeras semanas y por eso la instrucción que se dio es que, en el arranque, no se convoquen jornadas únicas con almuerzo, sino jornada solo en la mañana o en la tarde con un refrigerio”, aseguró Juan Carlos Martínez, director de la UAPA.
Para la entidad, el problema radicó en que las personas pensaron que se trataba de un almuerzo cuando no era así. “Lo que identificamos fue que no estaba publicado a la entrada del colegio, en la cartelera, el menú del refrigerio. Eso se hace para que lo encuentren ahí de manera permanente y sin esa publicación se generó confusión”, aclaró Martínez. Si bien la UAPA es responsable del PAE, en La Guajira no tiene un contratista que opere, sino que el encargado de esto es el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA o WFP, por su sigla en inglés), una organización de ayuda humanitaria que lucha contra el hambre en el mundo. La versión de ambas entidades coincide frente a lo sucedido.
“Las entidades territoriales siguen los lineamientos del Ministerio de Educación y escogen alguna de las raciones que se van a dar en las escuelas. Hay tres tipos, las dos primeras aportan el 20 % de las recomendaciones nutricionales de los niños, y es en las instituciones educativas que tienen doble jornada. La diferencia es que en el primer tipo se les da una ración industrializada y en la segunda se prepara allí mismo. Básicamente el tema es que acá hay una confusión con esta tercera ración, que es la modalidad de jornada única, y esta aporta el 30 % de las recomendaciones”, afirmó María Antonia Mejía, vocera del PMA. Según la entidad, a esta confusión se les sumaron los retos propios de la presencialidad.
Para la Contraloría es claro que el caso requiere una investigación para determinar las fallas y encontrar soluciones. “Esta transición de la virtualidad a la presencialidad se puede estar convirtiendo en una justificación para que no se dé la totalidad de los alimentos y de la cobertura. Ahí nuestra función como Contraloría es ver que se están pagando 180 días y todos ellos se deben garantizar con calidad, porque si no podríamos estar infiriendo que hay un daño patrimonial al Estado. Sería un perjuicio de lo más importante: la alimentación de los niños, la oportunidad que ellos tienen de ir a un colegio a alimentarse”, explicó Pineda.
El tema es todavía más delicado por tratarse de un departamento como La Guajira, en donde existe una problemática estructural de desnutrición y la alimentación es una de las principales razones que tienen los niños y las niñas para asistir al colegio. De hecho, según cifras entregadas por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, desde enero hasta junio de este año habían muerto 17 niños wayuus por desnutrición. Un drama que en los últimos tres años, desde junio de 2018 hasta la fecha, ha dejado una cifra trágica de 287 niños de esta etnia que han muerto de hambre, según Ruth Chaparro, directora de la veeduría en el departamento.
Pese a la importancia del PAE para un departamento como La Guajira, se trata de un programa que históricamente ha tenido varios casos de corrupción. En 2015, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo denunció que los niños debían pagar $200 diarios por el almuerzo y el complemento alimenticio, y que había falta de infraestructura, entre otras irregularidades. Un año después, la Contraloría encontró un daño al patrimonio por $16.792 millones en el PAE y paquetes nutricionales de La Guajira, por los que se habría pagado de más.
Los múltiples casos de corrupción llevaron a que, en 2017, el Gobierno Nacional hiciera una intervención en el departamento en temas de educación, salud y agua potable. “El hecho de que el Gobierno entre directamente a implementar las políticas implica que son ellos los responsables de lo que suceda. Uno esperaría que la acción fuera más efectiva, porque hay más recursos y facilidad de llegar a los territorios a partir de campañas mucho más grandes”, aseveró Julián Gutiérrez, investigador de Dejusticia, centro de estudios de derecho, justicia y sociedad que le ha hecho especial seguimiento al tema.
El experto sostiene que el problema en este caso viene desde la base de la política misma. “El PMA no necesariamente es donde se está generando el foco de la corrupción y tampoco todos son quienes entregan los alimentos. Entonces uno se pregunta: ¿dónde está el problema? Creo que está en el diseño de la política y en la falta de verificación y veeduría de quienes entregan el PAE en las instituciones educativas. En muchos lugares funcionaba adecuadamente, sobre todo
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población migrante es otro de los retos particulares que tiene el PAE en La Guajira, puesto que el sistema no contempla las variaciones que se pueden presentar.
››Según cifras del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, desde enero hasta junio de este año habían muerto 17 niños wayuus por desnutrición. Un drama que, en los últimos tres años, desde junio de 2018 hasta la fecha, ha dejado una cifra trágica de 287 niños de esta etnia que han muerto de hambre, según Ruth Chaparro, directora de la veeduría en el departamento
cuando los que entregaban los alimentos eran también de la comunidad, como los indígenas wayuus. Tiene que ver con la apropiación del territorio y de las necesidades de las comunidades. Hay falta de articulación entre ellas y el Gobierno para la prestación de las políticas como el PAE, termina generando que las entidades territoriales acaparen buena parte de estos recursos y se desvíen por parte de los que no son operadores propios de las comunidades”, añadió.
Debido a dicha intervención, el PMA asumió la operación del PAE en La Guajira hasta finales de este año, aunque existe la posibilidad de que se prolongue su contrato. Para este programa el departamento tiene asignado $27 mil millones, según la Contraloría. “El Gobierno aporta para cubrir alrededor de 12.000 niños, niñas y adolescentes. Nuestro aporte económico es para aquella población migrante que por algún motivo no está cubierta en el programa nacional”, puntualizó Mejía. Esta labor, en condiciones normales, le correspondería a la administración departamental.
Precisamente la población migrante es otro de los retos particulares que tiene el PAE en La Guajira, puesto que el sistema no contempla las variaciones que se puedan presentar. “A principio de año se tiene que hacer el registro del número de niños que tienen las instituciones para que ese sea el número de raciones. Pero el sistema no ha encontrado una forma adecuada para poder tramitar el hecho de que la migración interna es muy alta. Además, hay que tener en cuenta que el pueblo wayuu es colombo-venezolano, entonces el tránsito entre ambos países es constante. La ración no varía junto con los niños, sino que disminuye porque les toca distribuir esa ración entre muchos más niños y baja la cantidad de la calidad nutricional. Son problemas estructurales que no atienden a la realidad concreta que tiene La Guajira”, explicó Gutiérrez.
Esta dificultad del PAE evidencia lo desconectado que está el programa de la realidad territorial. Para Pineda, es fundamental que se tengan en cuenta los enfoques culturales y diferenciales a la hora de hablar de alimentación en un departamento.
La Contraloría aseguró que continúa en investigaciones para seguirle la pista al manejo de los recursos del PAE en el retorno a la presencialidad no solo en La Guajira, sino en todo el país. De este modo determinarán si los encargados del programa deberán responder por sobrecostos o irregularidades. Sin embargo, para Gutiérrez no hay suficiente control “de la Contraloría y la Procuraduría para que en el país haya mayor regularidad y calidad en la prestación del servicio. Eso no es algo nuevo, las denuncias llevan años”.