Canal Capital: golpeado en sus finanzas y su imagen, pero decidido a avanzar
El canal es investigado por presuntas irregularidades administrativas y debe pagar $1.800 millones por demandas en su contra. Su gerente, Ana María Ruiz, explica lo ocurrido y espera el resultado del caso.
Canal Capital ha sido objeto en las últimas semanas de serios cuestionamientos de concejales, periodistas y ciudadanos por supuestas irregularidades, que le atribuyen a su gerente, Ana María Ruiz, quien desempeña el cargo desde enero de 2020. Puntualmente, se le acusa de despidos masivos, retrasar pagos y tercerizar el servicio.
Al ser un medio del Distrito, al caso se le ha dado manejo desde el
Concejo de Bogotá, en donde citaron a Ruiz a un debate de control político y se aprobó una moción de observación en su contra, que le permite al cabildo formular un cuestionario y remitir comentarios a la alcaldesa Claudia López. Las presuntas irregularidades también están bajo la lupa de entes como la Procuraduría, la Personería y la Fiscalía. En suma, todas las miradas están puestas sobre ella.
El concejal Emel Rojas (Colombia Justa Libres) ha sido uno de los mayores críticos. En entrevista con El Espectador, asegura que hay indicios para creer que en la gerencia de Ruiz hay sesgos a favor de ciertos contratistas, como Rafael Poveda, y que en el Secop se evidencian contrataciones directas (a dedo), que debieron ser licitadas.
Adicional a las denuncias, ya existen ocho fallos judiciales contra el Canal Capital, que lo obligan a pagar cerca de $1.800 millones a personas que por años tuvieron contratos por prestación de servicios, pero demostraron que desempeñaban funciones de un contrato realidad, es decir, eran subordinadas, cumplían horarios y tenían una continuidad en el tiempo, pero no recibían prestaciones y otros beneficios a los que tiene derecho un trabajador en el país. No obstante, estas multimillonarias demandas parece que no serán las últimas, pues están en curso otros 17 procesos en el mismo sentido y con peticiones similares.
Para Ruiz estos pagos, que se suman a la crisis económica que trajo consigo el COVID-19, han significado un duro golpe para las finanzas de la empresa, la cual inició el año con un presupuesto de $51.000 millones. Al analizar los estados financieros de 2020 se evidencia que si bien crecieron sus activos corrientes ($16.214 millones, 36 % más que en 2019) y su patrimonio ($18.295 millones, 2 % más), también lo hicieron sus deudas ($7.866, 57 % más) y sus gastos ( $19.019 millones, 0,5 % que en 2019), debido a una reducción del 27 % en sus ingresos ($32.242 millones).
La gerente califica este panorama y estos aprietos (especialmente los relacionados a contrataciones por prestación de servicios y tercerizaciones) como una bomba de tiempo, que le estalló en su cara y por la cual no tiene por qué responder, pues iniciaron en 2017 y 2018, es decir, en la administración de Darío Montenegro, la cual, por cierto, en su momento fue cuestionada por la Personería por supuestamente haber excedido los topes máximos en la contratación de la periodista Claudia Palacios.
Así las cosas, se muestra confiada ante las investigaciones que cursan en contra de la administración del canal y hasta cree que las mismas serán útiles para aclarar las dificultades por las que atraviesa el medio, que serían el origen de los males por los que hoy es señalada.
La que sería una de las mayores raíces de este problema y objeto de las críticas es la limitante (establecida por el Distrito) para contratar personal de planta, pues argumenta que desde el año 2001 se fijó un tope de 30 personas. “Un canal de televisión no puede funcionar con esa nómina, y tampoco puedo agregar más”, dice. Lo que históricamente se venía haciendo era contratar mediante prestación de servicios. Sin embargo, como lo demuestran los fallos judiciales, no fue la mejor forma, pues para adelantar programas de actualidad, como un noticiero, se necesita que tales trabajadores cumplan un turno y horario, lo que a todas luces implica una subordinación, principal argumento con el que ganaron la demanda varios extrabajadores.
Otra forma de conseguir esa fuerza laboral es mediante la contratación que hacen terceros, la tercerización que critica el concejal Rojas. “Lo que hace esta gerencia es enviar a esos contratistas para que un privado los contrate, bajando los honorarios (salarios) y haciendo que tengan que entregar productos terminados a esos contratistas. Eso es lo que se llama tercerización, que en la práctica se volvió el 74 % del presupuesto total de la entidad. Ella (la gerente) hizo en un año lo que Peñalosa en cuatro en tercerización laboral”, explica el concejal.
Al respecto, Ruiz asegura que “se tiene una nómina muy básica para operación, en cargos fijos. Personas que están en el máster, por ejemplo, con contratos por prestación de servicios desde hace 17 años. Eso no tiene presentación”. La gerente no esconde que hay casos en los que se vulneran derechos laborales, pero ante los que se siente de manos atadas, precisamente, por los límites en la nómina que se le han impuesto al canal.
Es por lo anterior que asegura que actualmente avanza un proceso de estudio de cargas laborales para solicitar la ampliación de la nómina del canal, el cual deberá ser evaluado y pasar por diversos filtros, para alcanzar su aprobación, entre la que tiene que estar el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, que es la entidad que brinda los recursos asignados por el Distrito al Canal Capital.
Un cambio en la parrilla
La segunda causante de los