Feminicidios en Bogotá: deuda pendiente de la justicia con las mujeres
Aunque la Fiscalía General de la Nación señaló hace poco que han esclarecido todos los feminicidios ocurridos en 2021 en Bogotá, la afirmación se queda corta al cruzar los datos con otras fuentes de información pública del Distrito y organizaciones civiles.
Las lágrimas son incontenibles. Aunque haya pasado un año y tres meses de su asesinato, los hermanos de Adriana Aponte —asesinada en mayo de 2020 al sur de Bogotá— siguen con el alma hinchada de dolor, por su repentina ausencia, y atónitos porque su presunto feminicida, Hárold Steven Henao, quedó en libertad por vencimiento de términos. “Ella era la mejor” y “fue una decisión ligera”, dijeron Cristian y Diego Aponte, horas después de conocer el pronunciamiento del juez.
Sin embargo, estos casos no cesan. Justo cuando la ciudad acababa de enterarse de la decisión en el caso de Adriana Aponte, otra familia estaba despidiendo a un ser querido: una mujer que murió supuestamente a manos de su compañero sentimental, Andrés Felipe Sánchez. Dicen que su machismo lo llevó a agredirla con arma blanca, luego de que ella decidiera terminar la relación.
Y así, han tenido ese trágico destino otras cincuenta mujeres en Bogotá durante 2021. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), con corte a julio de este año, en la capital 1,2 de cada 100.000 mujeres fueron asesinadas, siendo Ciudad Bolívar y Bosa las localidades en donde más casos se registraron, con diez y siete, respectivamente, seguidas por Engativá (cinco), Kennedy (cuatro) y Rafael Uribe (cuatro).
De las cifras reportadas por el OMEG, además, se evidencia que en los últimos seis meses la Secretaría Distrital de la Mujer ha valorado y atendido a 524 mujeres en peligro de ser víctimas de feminicidio, la mayoría en riesgo extremo. Abril y junio de 2021 fueron los meses en los que más mujeres valoraron y más casos catalogaron como “extremos” y “graves”. En abril, por ejemplo, se identificaron sesenta casos en riesgo extremo, 33 en riesgo grave, 34 en riesgo moderado y 30 en riesgo variable. En junio, las cifras fueron similares, con 58 casos en riesgo extremo, 32 en grave, 30 en moderado y 23 en variable.
De hecho, los datos también muestran una particularidad: el grado de riesgo es inversamente proporcional al de escolaridad de las mujeres. De los 524 casos conocidos por el Distrito 193 fueron mujeres cuyo grado de educación no superaba la secundaria y es justo en este rango donde hubo más casos de riesgo extremo, grave, moderado y variable, con 67, 48, 45 y 33, respectivamente (ver gráfica).
Para Adriana Alquichides, abogada feminista y especialista en derecho de familia, ese escenario representa uno de los contextos en los que las mujeres están más expuestas a este delito. “Para ser víctima de feminicidio, lo único que se necesita es ser mujer”, dijo.
El cruce de cifras no cuadra
El pasado 19 de agosto, José Manuel Martínez Malaver, director seccional en Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, anunció que habían capturado y judicializado a Andrés Felipe Sánchez por el presunto feminicidio de su compañera sentimental, ocurrido ocho días antes en la localidad Los Mártires, suroriente de Bogotá.
En su declaración, Martínez informó que el sujeto fue imputado por el delito de feminicidio agravado (cargo que no fue aceptado) y se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Pero antes de eso, el funcionario expresó: “La violencia contra la mujer es una prioridad. La Fiscalía en Bogotá ha logrado el esclarecimiento del 100 % de los catorce feminicidios registrados en el año 2021”.
El Espectador le preguntó a esa entidad acerca de esa afirmación y qué significaba que un caso de feminicidio hubiese sido esclarecido. Desde su oficina de prensa y comunicaciones contestaron que “esclarecer significa dar con el responsable y judiciali
zarlo”. Aún así, este diario conoció los datos que la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) ha recopilado desde 2015, cuando el feminicidio se tipificó como tipo penal autónomo en el Código Penal, hasta julio de 2021, sobre la judicialización por este delito en Bogotá.
Según las cifras de la CEJ, en esos seis años se han procesado 487 feminicidios en la capital, siendo 2018 y 2019 los años más complejos, con 99 y 86 casos, respectivamente. Sin embargo, al analizar en detalle los registros, se encuentra una realidad diferente a la que expuso la Fiscalía esta semana, cuando se refirió al “esclarecimiento” de todos los feminicidios ocurridos en 2021. Mientras el ente acusador habló de catorce, los datos de la CEJ muestran que, a corte del 31 de julio, se han conocido 56 noticias criminales por ese tipo penal; es decir, 32 más que la cifra divulgada oficialmente. El hecho llama la atención, si se tiene en cuenta que la fuente de los cálculos de la Corporación es el propio Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía.
Pero, más allá de esa disparidad de números, las cifras recopiladas por la CEJ permiten hacer un balance del bajo esclarecimiento real de los feminicidios en Bogotá, pues del total de noticias criminales conocidas por estos casos en la Fiscalía, solo el 30 % (153) han terminado en sentencias condenatorias (ver gráfica).
Así mismo, dichos cálculos también señalan que el 24 % de los casos llegaron a juicio (123), mientras que el 40 % de los procesos (195) siguen en etapa de indagación (primera fase en el procedimiento penal) y el 2 % tuvieron terminación de manera anticipada o están fase de investigación (en la que se dan las audiencias preliminares, como la formulación de imputación).
Estas cifras fueron calificadas por la abogada Alquichides como “desoladoras”, aun cuando la ley de feminicidio solo lleva seis años de haber entrado en vigor. Para ella, otro aspecto preocupante es “en cuántas de estas sentencias hay un privado de la libertad, pues hay muchos caos en los que el agresor está prófugo, lo cual no nos asegura verdad, justicia ni mucho menos garantías de no repetición”.
“Hay una responsabilidad enorme de los jueces de control de garantías, que están sopesando pequeñeces procesales frente a los derechos de las mujeres, dejando libres a feminicidas que pueden atacar a otras personas. No están reconociendo la dimensión social de este tipo penal”, agregó la abogada.
Lo cierto es que miles de mujeres bogotanas se comunican diariamente con la línea púrpura distrital para denunciar todo tipo de violencias basadas en género —psicológica, física, económica y sexual—, que son el preámbulo de los feminicidios. En lo que va corrido del año, la Secretaría de la Mujer ha recibido 14.880 llamadas y más de 15.000 mensajes por WhatsApp denunciando hechos violentos.
Para ellas y las familias de las víctimas de feminicidio, urge tener un sistema judicial que actúe rápido, para que, como sostuvo la familia de Adriana Aponte, “el tema del feminicidio sea más fuerte y se dé el mejor acompañamiento posible” y así la ciudad pueda presentar unas cifras más alentadoras en su combate contra los delitos de género.
‘‘Hay una responsabilidad enorme de los jueces de control de garantías, que están sopesando pequeñeces procesales frente a los derechos de las mujeres dejando libres a feminicidas que pueden atacar a otras personas. No están reconociendo la dimensión social de este tipo penal”.
Adriana Alquichides, abogada especialista en derecho de familia.