Los nuevos casos de la JEP para masacres, desplazamiento, desaparición y violencia sexual
Hay opiniones divididas respecto al anuncio sobre los dos “casos sombrilla” que abrirá para investigar esos delitos, uno para las Farc y el otro para la Fuerza Pública y sus relaciones con los paramilitares. Representantes de víctimas de violencia sexual
En cuestión de semanas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá dos nuevos casos, que se sumarán a los siete macrocasos que esa justicia ya tiene abiertos para investigar lo sucedido durante el conflicto armado en Colombia. A diferencia de los abiertos hasta ahora, enfocados en delitos o casos específicos (secuestro, reclutamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y victimizaciones de miembros de la Unión Patriótica) o regiones particulares (Pacífico nariñense, norte del Cauca y Urabá), estos serán “casos sombrilla”, que estudiarán diversos delitos en conjunto, cometidos por las Farc y por la Fuerza Pública en alianza con grupos paramilitares.
Así lo anunció ayer Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, quien explicó que dentro de esos dos “casos sombrilla” -uno para las Farc y el otro para la Fuerza Pública y sus alianzas con los paramilitaresse investigarán los delitos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual y masacres. “Esta lógica de investigación permite comprender la complejidad del conflicto y reconocer que estos actos no se dan de manera aislada y que tienen una relación estrecha entre sí: el uso de la violencia sexual como instrumento de guerra genera temor en las regiones y provoca el desplazamiento de sus poblaciones”, ejemplificó Cifuentes. Agregó que esa metodología de “casos sombrilla” busca establecer los patrones de macrocriminalidad y los diferentes repertorios que los conforman.
Según esa estrategia de investigación, el caso de las Farc tendrá tres subcasos: medios y métodos ilícitos de guerra, crímenes no amnistiables cometidos por estructuras urbanas de las Farc y control territorial y social. Es en este último en el que aparecerán el desplazamiento, la violencia sexual y la desaparición. Para el caso que se abrirá para investigar las relaciones entre paramilitares y agentes del Estado, el togado no entregó mayores detalles.
En principio, los dos nuevos casos parecerían responder a las peticiones que desde hace años sectores de víctimas han elevado a la JEP para que abra casos específicos para la violencia sexual o la desaparición forzada. Sin embargo, hay opiniones divididas en cuanto al anuncio de la JEP.
Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), respaldó el anuncio del presidente de la Jurisdicción en lo concerniente a la manera en que está siendo tratado el desplazamiento forzado en esa justicia.
“Los ‘casos sombrilla’ los entendimos como análisis de situaciones donde se combinan muchas dinámicas de vulneración de derechos, y que no tiene sentido estudiar el desplazamiento por sí solo, porque está interconectado con otros fenómenos. El desplazamiento es la punta del iceberg: la gente ya ha sido víctima porque les han reclutado a los hijos o han sido víctimas de minas antipersonal, toma de pueblos, bombardeos indiscriminados, masacres. Pero, por otro lado, cuando la gente sale de sus territorios ocurre lo que se denomina el daño emergente, que es lo que pierden: la tierra, la vivienda, las cosechas, los animales, el derecho a votar, y mirar todo eso es muy importante. Creo que vamos a tener una oportunidad de justicia en sentido más estructural”, añadió Romero.
Las organizaciones que acogen y representan a las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado tienen una opinión muy diferente. Mariana Ardila, abogada de Women’s Link worldwide, lo explica así: “Lo anunciado por el presidente de la JEP no es lo que habíamos solicitado, y realmente no es novedad, pues se supone que en todos los casos temáticos y territoriales que ha priorizado la JEP hasta el momento deben estar investigando las violencias basadas en género en el conflicto. Serían dos nuevos casos en los que se corre el riesgo de que enfrenten los mismos obstáculos que tienen los actuales para investigar estas violencias”.
“Algo que nos preocupa en Women’s Link es que en lo que respecta al nuevo caso de las Farc del que habló el presidente se parece asumir que toda violencia sexual fue hecha para conseguir control territorial por parte de este grupo. Dónde queda la violencia intrafilas contra mujeres, que no está cubierta por el caso de reclutamiento, ya que no fue contra niñas, sino hacia mujeres adultas. Nos parece que no soluciona el vacío que hasta ahora hemos identificado en los casos priorizados por la JEP”, puntualizó la abogada.
En el mismo sentido se pronunció Ángela María Escobar, de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, quien calificó la decisión como una ofensa para las víctimas. “Hemos luchado para que la violencia sexual no quede transversal. (La JEP) no puede anunciar que quedará como un subcaso, porque se perdería la violencia sexual. Las víctimas no lo vamos a permitir, porque ha sido una lucha grande. Hemos entregado 37 informes donde tienen toda la información para abrir un macrocaso. Eso fue lo que exigimos las víctimas”.
Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), dijo que el anuncio es contrario a las solicitudes de las organizaciones sociales. “Desde la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada le hemos insistido a la JEP que abra un macrocaso, porque es un crimen de Estado que compromete a la Fuerza Pública, a agentes del Estado. Eso es diferente a otras formas de desaparición que se han dado en el marco del conflicto armado, como los casos de reclutamiento y secuestro, y de los mismos combatientes luego de enfrentamientos”, aseguró.
“Nos deja en una situación de perplejidad, de no tener claro cuál es el abordaje que la JEP le dará a este crimen. Sería muy grave que la JEP desvirtuara la responsabilidad directa del Estado en este crimen”, añadió.