Campo “non sancto”

“DIOS TE BENDICE MIL VECES. ESE dolor está ahí pero la tristeza se va, porque él está con nosotros. La tristeza la teníamos porque no sabíamos, pero ya sabemos: ¡está aquí, donde tenía que estar, con su familia, sus papás, sus hijos! Esa tristeza se va, te vas a reconfortar, esto era lo que hacía falta: lo estamos enterrando”, consuelo de una mujer a otra en el sepelio de José Félix Espitia y Edison Manuel Monterrosa (Tolú, 21/08/2021).

Los desaparecidos empiezan a brotar del paisaje fúnebre que habitamos. Pareciera que donde clava una pala la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se recuperan cuerpos.

Aunque ya existía en el derecho internacional, el delito de desaparición forzada fue tipificado en Colombia con la Ley 589 de 2000. Antes de esta norma, las denuncias eran documentadas como “secuestro simple” u “homicidio”. Para darles existencia ante la Fiscalía, los dolientes se veían obligados a matar simbólicamente a sus seres queridos denunciando un asesinato, sin un cadáver para llorar.

Desde la solicitud de medidas cautelares del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado con respecto a 17 lugares de enterramiento, las entregas de cuerpos son ceremonias predecibles: oficinistas trajeadas con logos institucionales, pantimedias y tacón muñeca ascienden al atril en actitud de izada de bandera escolar; con textos mal escritos —y peor leídos— justifican la falta de voluntad de sus jefecitos, la paquidermia de burócratas rechonchos que condenan al olvido cuerpos que, en muchos casos durante décadas, yacen en total impunidad.

El sábado anterior, el turno fue para el Caribe. Solo Montes de María y Morrosquillo registran 1.808 víctimas. El gobernador de Sucre acudió al acto con una cachucha, como si se tratara de un partido de béisbol. ¿Qué honores merecen un jornalero y un vendedor de ostras? Las mujeres llevaban en el pecho la imagen de sus desaparecidos. La voz del juglar, en galas de satín , se ahogó entre la percusión de los gaiteros; su micrófono no funcionó.

La esencia del Acuerdo de La Habana radica en dar la cara: “Les fallamos como Estado, como sociedad, pero hoy estamos acá para honrar a sus seres queridos, para abrazar su memoria, la búsqueda que ustedes emprendieron”, expresó el magistrado Alejandro Ramelli. En contextos de reparación, una toga negra es más fondo que forma.

Las grandes buscadoras son mamás, abuelas, hijas, hermanas, carcomidas por la ausencia e impunidad. En la comuna 13 de Medellín, Mujeres Caminando por la Verdad ha registrado la muerte de siete madres de desaparecidos.

“Tenemos más de 5.000 cuerpos sin identificar en laboratorios o en cementerios, con el agravante de que con las diligencias que han hecho la UBPD y la JEP vemos que a muchos de esos cuerpos los han desaparecido de nuevo”, afirma Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad.

Como si el Estado no llevara años revictimizando a estas familias, ahora Álvaro Uribe propone una “amnistía general”: clavar una cruz sobre el campo non sancto

donde pesan las huellas de plomo de victimarios como Mario Montoya. Un “borrón y cuenta nueva” (¡nuevo

desaparecería el telón de fondo que preside estas ceremonias de duelo, la pancarta amarilla con mayúsculas negras: “¿QUIÉN DIO LA ORDEN?”.