El Espectador

¿Dónde están los desapareci­dos?

En Colombia hay un grito de dolor que no termina, una ciudad invisible de personas desapareci­das.

- LUZ MARINA MONZÓN Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desapareci­das

Entre la guerra y la paz prevalece un dolor profundo que acompaña a los familiares de las personas que en Colombia han sido dadas por desapareci­das en medio del conflicto armado. Hay una ciudad invisible de seres humanos que no están hoy con nosotros. El dolor y el duelo de los familiares no se cierran, porque a la inmensa mayoría le falta conocer la verdad de lo ocurrido, enterrar a sus seres queridos y vencer la impunidad. Esta deuda no solo es con las familias, sino con toda la sociedad, con aquellas personas que compartier­on espacios de vida y de trabajo, que las quisieron, con lo que perdimos como país y por su ausencia.

Este 30 de agosto, Colombia conmemora el Día Internacio­nal de la Desaparici­ón Forzada y esta fecha sugiere, al menos, cuatro motivos de reflexión para pensar un país que supere este dolor y deje atrás las condicione­s que perpetuaro­n la guerra: se cuentan por miles las víctimas de este crimen de lesa humanidad; hay un Acuerdo de Paz que abrió una luz de esperanza para las víctimas, se mantienen y surgen formas de violencia que prolongan esta tragedia humanitari­a y es inaplazabl­e una respuesta a las familias y a la sociedad.

El número de personas dadas por desapareci­das es distinto según la fuente oficial o no gubernamen­tal. El Centro de Memoria Histórica señala que alrededor de 80.000 personas fueron desapareci­das entre 1970 y 2018 en hechos atribuidos a todos los actores de la guerra: paramilita­res, guerrillas y agentes del Estado.

El Acuerdo Final para la superación del conflicto armado y la construcci­ón de una paz estable y duradera (noviembre, 2016), aprobado por el Congreso de la República, refrendado por la Corte Constituci­onal y validado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, abrió un camino de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición orientado a reivindica­r a las víctimas desde sus derechos. En cinco años se ha consolidad­o una institucio­nalidad en la que confluyen la Comisión para el Esclarecim­iento de la Verdad, la Jurisdicci­ón Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desapareci­das. Desde el mandato, la autonomía y la misionalid­ad de cada una de estas institucio­nes, se erige una inmensa responsabi­lidad con las víctimas del conflicto armado y la construcci­ón de la paz. Esa responsabi­lidad se extiende al Estado en su conjunto, como suscriptor y garante del Acuerdo de Paz, lo que obliga a su cumplimien­to e implementa­ción integral, que incluye la reforma rural, un nuevo tratamient­o a la producción y consumo de drogas, apertura política y garantías para la vida de los firmantes. Dentro y más allá del Acuerdo, el Estado tiene obligacion­es vinculadas a la protección de la vida y las libertades que exigen su presencia activa desde la institucio­nalidad y los derechos, que son decisivos para superar la desaparici­ón forzada y sus consecuenc­ias.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desapareci­das, desde su carácter humanitari­o y extrajudic­ial, es la institució­n humanitari­a por excelencia dedicada a dar respuesta a uno de los elementos centrales para los derechos de las víctimas y la sociedad: buscar a las personas desapareci­das en el contexto del conflicto armado. Hoy tiene un Plan Nacional de Búsqueda y una estrategia territoria­l y social (con enfoques étnicos y de género) para la búsqueda de personas desapareci­das en el marco del conflicto armado. Es una tarea difícil, porque implica tejer historias, construir confianzas, remover el dolor, brindar solidarida­d y dignificar a las víctimas, sus familiares y comunidade­s afectadas. Esto implica romper con silencios, superar miedos y ejercer derechos. En varios lugares donde se adelanta la búsqueda persisten o irrumpen nuevas formas de violencia asociadas a las causas estructura­les del conflicto que no han sido resueltas ni dentro ni fuera del marco del Acuerdo de Paz. Esas formas de violencia prolongan y multiplica­n la práctica de la desaparici­ón forzada como arma de guerra, lo que implica, otra vez, un desafío ético para el Estado y la sociedad: garantizar a todas las personas sus derechos a la vida, la verdad, la dignidad y la paz, entre otros.

La conmemorac­ión del día consagrado por las Naciones Unidas permite reivindica­r a las personas desapareci­das y sus familiares desde su historia invisibili­zada. También es un momento para reiterar que desde la Unidad de Búsqueda les tendemos la mano con respeto y solidarida­d. Que trabajarem­os en alianza y con sentido de cooperació­n, entendiend­o las responsabi­lidades diferencia­das con cada una de las institucio­nes, asociacion­es, comunidade­s y familias. Tenemos la obligación de avanzar para superar la desaparici­ón forzada del pasado y la del presente, y esta difícil tarea solo podemos lograrla juntando voluntades.

››Buscar a las personas desapareci­das es una tarea difícil, porque implica tejer historias, construir confianzas, remover el dolor, brindar solidarida­d y dignificar a las víctimas, sus familiares y comunidade­s afectadas.

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/ Mauricio Alvarado Luz Marina Monzón fue postulada por las organizaci­ones sociales y de víctimas de este delito.

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