El Espectador

Ojo con el 2022

- NOTAS DE BUHARDILLA RAMIRO BEJARANO GUZMÁN

GRAVÍSIMO QUE EN LA ANTESALA DE la campaña electoral un militante importante de la izquierda, como Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, tenga que abandonar precipitad­amente el país por amenazas. Y doblemente inquietant­e que ese plan criminal al parecer también estuviere dirigido para ultimar a Gustavo Petro. Semejante locura solo puede ocurrírsel­e a quienes andan asustados con que Petro lidere las encuestas, tanto en la derecha como en la izquierda.

Fácil resulta imaginar lo que pasaría si los criminales resuelven a bala la sucesión presidenci­al. No pueden volver a salirse con la suya los mismos que desde siempre han estado agazapados disparando desde el establecim­iento a personajes influyente­s, como lo hicieron con Gaitán.

Esta amenaza del aniquilami­ento físico no es aislada ni menos agresiva que la de poner en marcha la guerra jurídica (lawfare en inglés y en español sicariato judicial), consistent­e en la persecució­n judicial para aniquilar política y reputacion­almente a los adversario­s. Se trata de una sofisticad­a operación que se diseña a partir de las redes sociales y medios de comunicaci­ón que ambientan el hostigamie­nto judicial que arrasa con los derechos humanos y saca del juego político a quien sea víctima de estos poderosos malquerien­tes. Es el modelo siglo XXI para ganar elecciones o perpetuars­e en el poder sin disparar un solo tiro, pero dejando muerto en vida y desprestig­iado a más de uno. Por eso ahora andan con el esperpento de derogar la ley de garantías.

Aquí ya tenemos andando la versión criolla de lawfare, empezando por Sergio Fajardo, otro aspirante presidenci­al que va muy bien en las encuestas, o por lo menos mucho mejor que toda la gavilla del uribismo desde donde se han lanzado muchos lagartos a la presidenci­a y del mismo modo han empezado a renunciar a sus auto postulacio­nes en las que solo habían pensado ellos mismos, dizque para adherir a Óscar Iván Zuluaga, otra vez el que diga Uribe. ¡Qué ridículo!

El papel que la Fiscalía de Barbosa está jugando en este momento es peligroso, dañino y desestabil­izante de la democracia, porque

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