Tras la raíz de los crímenes ambientales de la Amazonia
La compleja red de actores que han impulsado delitos como la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies en la Amazonia en la última década son revelados en un nuevo informe de Insight Crime.
Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta. Cuenta con 60 millones de hectáreas de selva y tiene la tercera zona forestal más grande de Suramérica, después de Brasil (un país que lo supera en tamaño). También es el escenario de una amplia gama de delitos ambientales, muchos de los cuales no se denuncian.
El estudio “Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonia colombiana” es parte de la serie “Mapeo de los delitos ambientales en la Cuenca Amazónica”, que busca comprender la dinámica contemporánea de los delitos ambientales en la Amazonia, haciendo un panorama de la red de actores (estatales o no) y de las razones por las cuales estos delitos se han disparado en la última década.
Insight Crime y el Instituto Igarapé fueron los encargados de entrevistar a más de 40 personas, entre junio de 2019 y junio de 202, incluyendo a integrantes de comunidades locales, expertos en delitos ambientales, funcionarios gubernamentales y miembros de organizaciones internacionales.
Deforestación
Con la desmovilización de las Farc en 2016, la deforestación alcanzó preocupantes niveles. En 2017, en Colombia se deforestó una cantidad récord de 219.973 hectáreas, un 23 % más que el año anterior. Cuatro de los departamentos más afectados por la deforestación en Colombia (Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo) se encuentran en la Amazonia. Mientras que en 2018 se destruyeron 138.176 hectáreas de bosque en toda la región, al año siguiente esta cifra bajó a 98.256 hectáreas.
En 2020 esta cifra volvió a aumentar, ya que se perdieron 109.302 hectáreas. La principal causa, según el Ideam, es el acaparamiento de tierras. La apropiación de tierras consiste en la compra o arrendamiento de grandes áreas de tierra por parte de entidades, como gobiernos o corporaciones, a menudo para facilitar la producción de alimentos. Si bien en algunos casos esta actividad se vale de vacíos legales, suele ser de carácter ilegal y afecta principalmente territorios inalienables como baldíos o resguardos indígenas.
Comienza con la etapa de tala y quema, generalmente en un lugar estratégico, como la vía ilegal de 138 kilómetros que conecta los municipios de Calamar y Miraflores, en Guaviare. Luego las tierras reclamadas ilegalmente son ocupadas, o bien se establecen actividades productivas en ellas. Se levantan casas en Parques Nacionales, como el Tinigua, se comienza a criar ganado en las reservas indígenas y se cultiva palma africana en reservas forestales protegidas para demostrar que la tierra está siendo “ocupada”. También se acostumbra sembrar coca en el territorio, como ha sido el caso de la reserva indígena Nukak Makú.
Una vez se demuestra que la tierra ha sido trabajada durante cierto tiempo, se reclama la propiedad sobre la tierra. Al legalizarse un reclamo inicialmente ilícito, la tierra se vende en gran parte de los casos.
Minería ilegal
Según Naciones Unidas, las operaciones de minería ilegal cubren más de 64.000 hectáreas de tierra en toda Colombia. De ellas, 37.138 hectáreas no cuentan con permisos, pero las 27.589 restantes se encuentran en territorios de comunidades indígenas, en zonas en las que se han solicitado contratos mineros o en algunas que aún están en proceso de convertirse en áreas de reserva especial para la minería.
Quien domina es el frente Amazónico de las antiguas Farc, desmovilizado oficialmente en 2016, a lo largo de los ríos Caquetá y Vaupés, en alianza con el drente 1°.
Según algunos funcionarios, las personas de la región tienen dos opciones: o ser reclutados o convertirse en mineros ilegales. El negocio, explican, se divide en tres momentos: extracción, transporte y transformación o comercialización. A diferencia de Antioquia y Chocó, la minería ilegal en la Amazonia colombiana no se hace en tierra, sino en el lecho de los ríos.
Los mineros se transportan en bases de madera flotantes y utilizan mangueras motorizadas para extraer en dragas cada día hasta 40 gramos de oro de los lechos de los ríos amazónicos que, por día, pueden acumular más de 14 kilogramos en un año, que producen entre US$150.000 y US$200.000 si se venden en el mercado local.
Este oro suele llegar a manos de las empresas exportadoras “legales”. En 2015, en “el escándalo de Goldex S. A.”, uno de los mayores exportadores de metales de Colombia fue acusado de lavar tanto oro de origen ilegal como lo que quizás eran ganancias del tráfico de drogas por valor de más de mil millones de dólares.
Tráfico de fauna silvestre
Aunque no es tan lucrativo como la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre sigue siendo un negocio multimillonario, aunque pasa de agache frente a las autoridades. “Los jueces prefieren meter a alguien en la cárcel por narcotráfico o minería ilegal que por llevar un loro en su bolso”, afirma Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, una ONG conservacionista ubicada en Colombia.
La región amazónica del país alberga una gran parte de las 50.000 especies animales presentes en Colombia. A pesar de que muchas de estas especies están prote
››Entre las recomendaciones está priorizar las labores anticorrupción, trabajar de la mano con las comunidades locales, crear cajas de herramientas (con biometría y códigos QR) y construir una plataforma para cada delito.
gidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), esto no ha impedido que la región se convierta en un centro de captura ilícita de vida silvestre. Las especies más traficadas en Colombia son la tortuga hicotea, la tortuga morrocoy, la iguana, el periquito bronceado, la lora común, la cotorra cheja, el mono tití gris, el mico maicero y las ranas venenosas.
En primer lugar, los miembros de las comunidades locales, que conocen mejor el terreno, son contactados para cazar o capturar especies de fauna nativas de la Amazonia colombiana.
Si el animal muere en el intento de captura, es posible que sea despellejado o que se le extraigan colmillos o sus garras, como en el caso de los jaguares. Luego hay que sacarla de la región y, para eso, los animales capturados de manera ilegal son “blanqueados” o alterados -es decir, se ocultan los orígenes de los especímenes capturados ilegalmente- mediante el uso de documentación legal rellenada con datos inexactos para que puedan ser vendidos legalmente. Por ejemplo, una granja de cría legal en la Amazonia colombiana puede contar con una sede que la abastece de especímenes capturados ilegalmente.
Lo que sucede de aquí para adelante depende de si el animal está vivo o no. Algunos son vendidos en mercados de la Amazonia o llevados a Leticia para ser traficados internacionalmente para uso turístico o de experimentación en laboratorios. Las ventas por lo general son por Facebook o Whastapp.
Igualmente, emprendedores criminales conocidos como “exportadores” utilizan negocios legales en los que pueden ocultar la procedencia de los animales capturados ilegalmente.
Corrupción
Aunque entre crímenes hay algunas diferencias, la corrupción entre la autoridad es el común denominador. La evidencia que ha recogido la Fiscalía persiguiendo la deforestación demuestra que las Corporaciones Autónomas de la Amazonia no son ajenas.