Los fantasmas de la reforma del futuro
Tras meses de conmoción, de la caída de un ministro y del estallido en todo el país, el Gobierno logró pasar en el Congreso la última reforma tributaria de la era Duque y, con ella, pudo por fin cerrar el capítulo del que ha sido quizás el proceso de reforma tributaria más agitado de nuestra historia.
El resultado más inmediato de este complejo proceso fue una reforma tributaria que, si bien logrará financiar importantes gastos sociales, acentuará los ya conocidos problemas estructurales de nuestro sistema tributario y nos dejará muy mal parados para el futuro. Paradójicamente, esta tributaria hace más importante y necesaria una próxima reforma que logre, por un lado, financiar el problema social y fiscal que se extenderá con seguridad más allá del año 2022 y, por otro, remendar los desbalances tributarios estructurales ahora agravados.
Al próximo gobierno, gane quien gane, le tocará estrenarse con una tributaria que deberá apuntar a ser estructural, como lo han recomendado repetidamente los expertos, tanto nacionales como internacionales, en las últimas décadas. Así podremos superar el vicio de estar haciendo reformas cada año y medio, algo que genera una gran inestabilidad en nuestra economía y, como quedó claro en los últimos meses, un importante desgaste político.
La próxima reforma tributaria estructural requiere un carácter recaudatorio. Debe fortalecer los impuestos a las personas más privilegiadas (aquellas que son parte del 1 % más rico del país) por medio de impuestos directos a la renta y la riqueza. Además, debe eliminar beneficios tributarios injustificados y avanzar en reducir las tasas a las empresas a niveles competitivos. Asimismo, debe promover tributos de última generación, como los impuestos verdes, los impuestos saludables y los impuestos digitales. Todo esto deberá estar apoyado de un plan creíble de reducción de evasión y elusión y, por consiguiente, deberá poner fin a las normalizaciones tributarias.
Ahora, el proceso de reforma de Duque, tan extendido y violento, trajo, además de una reforma, cambios sustanciales en la sociedad que deben tenerse en cuenta al pensar en la próxima reforma tributaria estructural. El cambio más importante es, posiblemente, que el próximo gobierno se enfrentará, como nunca antes, a una sociedad más entendida en temas tributarios.
Por eso el tema fiscal será central desde la misma contienda electoral. A los y las candidatas se les pedirá mostrar sus cartas y apuestas tributarias a un nivel de detalle profundo. Han terminado las épocas en que los candidatos escribían en mármol que no subirían los impuestos.
Por otro lado, el próximo gobierno se enfrentará a una sociedad con una baja cultura tributaria, en la cual la mayoría de la ciudadanía no estará dispuesta a pagar impuestos adicionales, como quedó evidente en la encuesta de Cifras y Conceptos, y del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Para recuperar la confianza es importante demostrar que las reformas no son solo necesarias, sino justas, lo que implica hacer un especial esfuerzo por gravar primero y más contundentemente a los más privilegiados. Ignorar el orden de prioridad de las medidas tributarias y la importancia de generar confianza fue quizás uno de los principales errores de la fallida reforma del exministro Carrasquilla, algo que el próximo gobierno deberá evitar.
Por último, las formas importan. La gente, hoy, ya lo sabe. Y esto incluye la forma de hacer políticas tributarias. El estallido dejó claro que las reformas no se pueden elaborar de espaldas a la gente. El ministro José Manuel Restrepo supo leer la situación: acompañó muy satisfactoriamente el proceso de elaboración de la reforma con foros y discusiones para intentar hacer de ese proceso uno participativo, algo completamente inédito en Colombia.
Se exigirán también formas decentes en las deliberaciones en el Congreso, para que las discusiones profundas reemplacen el pupitrazo y los rechazos en bloque de proposiciones de la oposición, medidas que vimos, lastimosamente, en las sesiones para aprobar esta reforma. La urgencia de financiación no debe usarse, como pasó en esta reforma, como una excusa para debilitar la discusión democrática en el Congreso.