Sobre Carrasquilla y amiguismos presidenciales
AL MENOS POR CUATRO RAZONES, EL nombramiento de Alberto Carrasquilla en la Junta del Banco de la República es democráticamente inaceptable, aunque pueda ser legal y Carrasquilla sea técnicamente un buen economista. Este nombramiento expresa, además, una práctica del gobierno Duque de amiguismo y copamiento de instituciones independientes que pone en riesgo el Estado de Derecho.
Primero, este nombramiento es una bofetada a las protestas y a la idea misma de responsabilidad política. El estallido social se desencadenó como respuesta a la reforma tributaria de Carrasquilla. Su renuncia era la mínima responsabilidad política por ese garrafal error, pero ahora termina premiado con un alto cargo de cuatro años. ¿En qué queda el respeto a la indignación popular y a la responsabilidad política? Esperamos que no ocurra ahora algo semejante con Karen Abudinen y que el presidente la premie con un alto cargo por su costosa incompetencia como Mintic.
Segundo, este nombramiento afecta gravemente la credibilidad y la independencia de la Junta, por la cercanía de Carrasquilla al Gobierno pues hace sólo algunas semanas era su ministro de Hacienda y ahora deberá tomar en la Junta decisiones que inciden sobre este gobierno. Además, Duque ya nombró a cuatro de los integrantes de la Junta, debido a las renuncias de algunos codirectores, y en ella tiene también asiento el actual ministro de Hacienda, con lo cual seis de los siete integrantes de la Junta le son cercanos.
Tercero, Duque reemplaza con un hombre a una codirectora mujer. Queda una junta de seis hombres y una mujer, una composición de género anacrónica, sobre todo con tantas mujeres que son excelentes economistas.
Finalmente está el problema de la propia coherencia de Carrasquilla, quien defendió, como académico, en un texto de 2001, que para proteger la independencia de la Junta no deberían ser nombradas en ella personas que hubieran ocupado cargos en el ejecutivo en los dos años anteriores. Todos podemos modificar nuestra opinión, pero, por coherencia, debemos explicar ese cambio, que además es sospechoso cuando nos beneficia. En todo caso, no conozco ninguna refutación del exministro Alberto Carrasquilla a la opinión del exacadémico Alberto Carrasquilla.
Todo esto ya es grave, en lo cual coincido con unos excelentes trinos de Leopoldo Fergusson sobre el tema. Pero la cosa es aún peor pues este nombramiento no es un error aislado de Duque, sino que hace parte de su estrategia de copar con amigos, no siempre muy competentes, los organismos independientes, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría o el Centro Nacional de Memoria Histórica. Al hacerlo, el presidente pudo haber respetado formalmente las reglas jurídicas, pero incurre en prácticas que erosionan la separación de poderes y desconocen la distinción entre gobierno y Estado. El presidente tiene todo el derecho a nombrar en el Gobierno a quienes lo apoyan, pero tiene, como jefe Estado, el mandato constitucional de proteger la separación de poderes y la independencia de ciertos órganos de Estado.
En su conocido texto “Cómo mueren las democracias”, Levistky y Ziblatten insisten en que la supervivencia de las democracias no depende sólo de las reglas constitucionales sino también de ciertas prácticas institucionales no escritas pero que se respetan, como que un presidente no nombra en la Junta a su exministro de Hacienda. Duque ha desconocido esas prácticas y está entonces poniendo en grave riesgo nuestra débil democracia. Y eso sin hablar de su tentativa ahora de copar incluso la cultura con el veto gubernamental a algunos de nuestros mejores escritores para participar en la Feria del Libro de España, por ser críticos del gobierno.