Anticipos
CON ALGUNAS MEDIDAS EN CONTRA de la corrupción sucede lo mismo que con la lucha contra ciertas plagas y malezas de los cultivos y jardines. Después de que se eliminan, al poco tiempo resurgen con fuerza, como si poco o nada se hubiera hecho para erradicarlas. La reciente proliferación de los anticipos en la contratación pública, al lado de nuevos escándalos de corrupción, es un buen ejemplo de este fenómeno.
Los anticipos fueron un elemento central del carrusel de la contratación en Bogotá y los demás desfalcos multimillonarios de los días de Samuel Moreno. Cuando se destaparon las cloacas, las investigaciones mostraron que con enormes anticipos los contratistas pagaron los sobornos y las mordidas con que aseguraron las licitaciones ganadoras y, además, sacaron grandes sumas al exterior y compraron inmuebles y variados objetos de lujo. Esos fondos, por supuesto, nunca llegaron a financiar las obras contratadas.
El uso generalizado de los anticipos contraría el principio de buen manejo que plantea que los pagos con los recursos públicos solo deben efectuarse contra la entrega oportuna y a satisfacción de obras o servicios contratados. Aunque las normas legales los autorizan, es claro que la prudencia aconseja que la utilización de dichos anticipos debe ser la excepción y no la regla en la contratación pública.
A raíz de los escándalos de la primera década del siglo, se impusieron algunas normas legales para limitar los anticipos y, en la práctica, numerosas entidades del Estado tomaron la decisión razonable de, en lo posible, evitar su uso. Como era de esperar, ante estas sanas determinaciones, comenzaron las presiones interesadas para volver a masificar los anticipos. Se argumentó, por ejemplo, que los pequeños contratistas del Estado, sin acceso a los recursos de las entidades financieras, necesitaban los adelantos para avanzar en las obras y prestar sus servicios. Con esta y otras justificaciones semejantes, poco a poco, volvieron a pulular los anticipos en los grandes contratos públicos.
Ahora que se vuelven a conocer grandes fraudes en la contratación del Estado, al igual que con las plagas y los rebrotes de las malezas, aparecen de nuevo como protagonistas, como facilitadores de los delitos, los anticipos en los contratos públicos. Y no se trata de pequeñas sumas. Se trata de fabulosos contratos y enormes anticipos.
En el sonado caso del contrato del Mintic con la sospechosa firma Unión Temporal Centros Poblados por un monto superior a $1 billón, se esfumó un anticipo de $70.000 millones. El mismo fue soportado por una póliza falsa y los recursos, según algunos medios, al parecer se dirigieron hacia el exterior y, entre otras cosas, financiaron la compra de un lujoso apartamento en Miami.
Otros casos opacos involucran también anticipos. Por ejemplo, el importante contrato del Acueducto de Bogotá para realizar obras en la planta Wiesner, que fue abandonado por la empresa ejecutora, comenzó con el pago de un anticipo de casi $21.000 millones. Y se sabe también que en una multitud de contratos directos, adjudicados sin ningún proceso competitivo por los departamentos y municipios, los anticipos son generalizados.
No hay justificación alguna para que los grandes contratistas del Estado sigan recibiendo anticipos. Y para los demás solo deberían usarse en casos excepcionales.