Las casas para los excombatientes, más allá del debate entre Farc y Gobierno
Aunque pareciera una discusión política entre ambas partes, en todo el mundo hay estándares sobre las viviendas para los actores armados después de una guerra. Construir las casas donde vivirán por años es más que entregar un lote de tierra, dice ONU Hábi
En 1997, el proceso de desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil de excombatientes en Ruanda, tras el genocidio del pueblo tutsi entre abril y julio de 1994, fue la primera experiencia de paz tras la caída de la Unión Soviética, en la que el componente de vivienda para antiguos actores armados entró como algo prioritario en la reconstrucción del tejido social.
En ese entonces, tanto paramilitares como soldados hutus, acusados de delitos de lesa humanidad, llegaron al Centro de Desmovilización de Mutobo, al norte del país africano, lugar en el que iniciaron una nueva vida en la legalidad.
Allí se comenzaron a construir las primeras viviendas para esta población, teniendo en cuenta el uso de materiales acordes a las condiciones climáticas y la calidad del suelo.
Estos procesos en Ruanda fueron parte de los insumos que tuvo en cuenta el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat) a la hora de construir un manual, para el nuevo milenio, que recomendara las formas de ejecutar construcciones de viviendas rurales en este tipo de contextos con población vulnerable, ya fuera con antiguos actores armados, refugiados o desplazados forzosamente.
En Colombia, desde la semana pasada, surgió un rifirrafe que involucra estos temas entre representantes en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) de las antiguas Farc, encabezado por el firmante de paz Pastor Alape, y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Todo debido a que los excombatientes exigieron que se debían cambiar los materiales y métodos de construcción de los proyectos de vivienda en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
de Llanogrande (Dabeiba, Antioquia), entre otras cosas porque el modelo steel framing (relacionado con estructuras de acero), utilizado en este caso, no permitía una ampliación de las viviendas a largo plazo y su comportamiento frente al agua tendía a ser débil.
“El diseño para una vivienda tipo rural no puede reducirse a una espacialidad de 54 metros cuadrados como la que ellos proponen. La estructura de acero y cartón con la que están pensando hacer las casas en Dabeiba no genera la posibilidad de que la vivienda se siga ampliando. En la ARN se están enredando con lo estrictamente técnico, no han estudiado nuestras condiciones sociales allí y pareciera como si nos quisieran hacer por hacer un modelo de casa urgente como las que necesita Providencia. No obstaculizamos ninguna construcción, pero es cierto que queremos algo digno”, le dijo Pastor Alape a Colombia+20.
Por su parte, Andrés Stapper, director de la ARN, aseguró que el steel framing es una apuesta de largo plazo, de rápida y efectiva construcción, que cuenta con todo el aval internacional en materia de viviendas rurales. Según el funcionario, junto con el Ministerio de Vivienda han realizado estudios de prefactibilidad del proyecto por una suma que ronda los $12.000 millones y que una “traba” en las obras significaría un retraso de hasta tres años en las construcciones de viviendas para ex-Farc en Dabeiba y en los antiguos ETCR de Los Monos, La Fila, Mutatá y Filipinas, ubicados en otras zonas del país.
“Está comprobado que las obras con steel framing tienen una durabilidad de hasta 200 años. Si ellos insisten en hacer un nuevo diseño con mampostería estructural no solo va a haber demoras en planificación o ejecución, sino que seguro se vendrán nuevos desencuentros, porque con esto demuestran que no están de acuerdo ni con materiales ni métodos”, agregó Stapper.
De entrada, una de las cosas que plantea ONU Hábitat es precisamente que debe haber consensos entre las partes que intervienen en la construcción de la vivienda y los habitantes, pues esto no debe ser algo impuesto, entendiendo que “el derecho a una vivienda adecuada no es lo mismo que el derecho a la tierra”, como se lee en uno de los apartados del manual. En otras palabras, la construcción de las casas donde vivirán por años junto a sus familias no es igual a simplemente adjudicarles un lote de tierra.
En materia técnica para la realización de este tipo de viviendas, lo que plantea ONU
Hábitat es que las casas deben contar con una adecuada alternativa para los proyectos de desarrollo y crecimiento de sus habitantes. Es decir, que su estructura debe estar hecha con materiales que permitan a futuro una fácil extensión en metraje, ya sea para ampliar zonas comunes o diseñar nuevos espacios interiores.
A su vez, este manual propone que estas construcciones deben hacerse en terrenos aptos que minimicen riesgos sísmicos y que se ubiquen cerca de centros de servicios médicos y donde se pueda tener fácil acceso a recursos para la seguridad alimentaria, entre otras directrices. Igualmente, que el uso de materiales es clave en los procesos de diálogo, pues forma parte de la adecuación cultural de los que van a habitar estas viviendas.
“No improvisamos haciendo estas casas rurales, que si bien no están dentro del Acuerdo de Paz, forman parte de los compromisos de vivienda que tiene el Gobierno”, sentenció Andrés Stapper.
››Los
estudios de prefactibilidad para estos proyectos de vivienda tuvieron un costo que ronda los $12.000 millones.
Análisis de las obras
Carolina Blanco, investigadora y Ph.D en arquitectura y diseño estructural de la Universidad de Hokkaido (Japón), les ha seguido la pista a los proyectos de vivienda para excombatientes en el posconflicto colombiano.
De acuerdo con ella, es normal que los firmantes de paz aleguen hasta en los más mínimos detalles en torno a la construcción de sus viviendas, pues “llevan años en una irregularidad habitacional que no les ha permitido tener un ambiente residencial apropiado y esto no se debe tomar como un favor”.
Blanco, refutando algunos puntos de Andrés Stapper, aseguró que si bien el steel framing no genera mayores problemas en temas estructurales, a menos que no se haga con suficientes placas que robustezcan la fachada, y puede funcionar para mejorar temas de acústica dentro de las viviendas, “es fatal para climas fríos, pues los muros en ese método de construcción no llegan hasta el techo. Entiendo que muchos se harán en climas cálidos, pero cuando eso no suceda tocará replantear el método”.
Otro tema que alerta a la investigadora es que desde hace lustros, tomando el Manual de Proyectos de la Universidad de Liverpool como referencia, se habla de que la base internacional para construir una vivienda rural luego de contextos de guerra es el involucramiento de las personas, pues estos procesos, dice, son denominados como “autoconstrucción dirigida” y sirven para reconstruir tejidos sociales, pues involucran a los habitantes en distintos niveles dentro de los procesos de obra.
“Considero que la ARN no los ha escuchado del todo. Tiene que haber transparencia total mostrando materiales, grosores reales, comportamiento de las estructuras con el agua, y todo eso la comunidad lo debe saber. Si no hay eso, naturalmente los ex-Farc van a pensar que solo les están dando una casa prefabricada como cualquier otra”, concluyó Blanco.