A los seguidores de Álvaro Uribe

SE CONOCIÓ LA PROPUESTA DEL EXpresidente “para superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública”.

Como punto de partida, el marco que la rodea ha sido expresado por su autor con una argumentación semejante a esta: como en el Acuerdo del Colón se adoptó un esquema de impunidad para los criminales de las Farc, es necesario enmendar eso mediante decisiones que corrijan el desequilibro generado.

Es cierto que, aunque no fueron los únicos, los miembros de la guerrilla cometieron crímenes horrendos. Discrepo en que se haya aceptado brindarles impunidad. Pero es respetable que desde el comienzo de la negociación el doctor Uribe haya pedido mayor severidad para la guerrilla. Lo que es incomprensible es que a través de la norma propuesta, en un giro de 180°, ahora impulse proyectos que significan tratamiento benévolo para otros delitos igualmente graves y que lo haga sin parar mientes en que, aun si se aceptara la tesis de la excesiva generosidad en La Habana, su iniciativa se refiere a un enorme universo de conductas, sin relación con la solución de un conflicto interno. El primer artículo propone que por una vez los condenados o procesados puedan reingresar a la función pública. Las excepciones son crímenes de lesa humanidad y de guerra, delitos de la Corte Penal Internacional y corrupción en contratación. Queda por fuera un océano de conductas sin ilación de ninguna clase. El efecto reivindica a violadores, ladrones, condenados por chuzadas, parapolíticos, homicidas, autores de violencia intrafamiliar, en fin, una especie de amnistía política disparada con regadera. Note el lector que en cuanto a la corrupción solo deja por fuera a los que hayan incurrido en conductas en el marco de la contratación, pero no corruptos de otra laya. Es difícil encontrar el fundamento de este proyecto. Pero en el trasfondo hay algo casi infantil: como los castrochavistas se entregaron a las Farc, ahora abro el Congreso y la nómina a este universo de delincuentes. Pregunta: ¿es responsable un líder de su tamaño que llevó al país a desechar el Acuerdo con el triunfo del No y ahora busca inundar la política con esta majestuosa avalancha de bribones?

A los militares les endulza el oído con una libertad condicional que ya existía en el Acuerdo. Pero se les exigirá reconocimiento de los hechos “o en su defecto” contribución a la verdad. Pero sin “autoincriminación”. Bastaría una narración impersonal. Y lo más grave es que aquí no aplican las excepciones del primer artículo. Peor: se extiende este beneficio a los delitos cometidos “hasta la fecha de promulgación del este acto legislativo”. Una franquicia para seguir delinquiendo, digamos, un año más.

Por fin se reabre Justicia y Paz para los desmovilizados entre 2002 y 2010, si “por alguna circunstancia no estén siendo procesados con esta ley”, que es la 975. Es decir que, por ejemplo, los expulsados de Justicia y Paz que estén siendo procesados por la justicia ordinaria, como varios narcos puros, pueden ahora acogerse de nuevo a la legislación transicional. Una enorme puerta que se abre. De nuevo, no como producto de un acuerdo.

Quisiera creer que estos desatinos provienen de la pluma de algún asesor despalomado.

Esta no es una diatriba. Pero sí una advertencia. Dirigida sobre todo a los millones de seguidores del doctor Uribe cuya cara de sorpresa me atrevo a imaginar.