Los testigos en el escándalo del Mintic
El ente fiscal presentó testimonios y pruebas que aportaron dos implicados en el escandaloso contrato que no han sido capturados: Jorge Molina y Juan Carlos Ángel. Ambos hablaron en contra de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde.
La Fiscalía presentó testimonios y pruebas que aportaron dos implicados en el escandaloso contrato que no han sido capturados: Jorge Molina y Juan Carlos Ángel.
Entre los involucrados en el escándalo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), tanto contratistas como sus abogados, hubo sorpresa cuando se anunció la captura de tres personas por el caso: Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados; Emilio Tapia, contratista cordobés condenado por el carrusel de la contratación, y Juan José Laverde, agente de seguros. El asombro no vino porque la Fiscalía les fuera a imputar cargos a estos tres hombres, sino porque varios quedaron excluidos de esa decisión. Las dudas se despejaron este martes, cuando la Fiscalía reveló que varios de esos nombres ahora son testigos y han aportado pruebas para esclarecer el entramado que rodeó este billonario contrato.
Se trata de Jorge Alfonso Molina García Mayorga y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona. En interrogatorios separados ante la Fiscalía han dicho no conocerse entre ellos, pero ambos acudieron al ente investigador con señalamientos directos en contra de Luis Fernando Duque, Emilio Tapia y Juan José Laverde, quienes se han declarado inocentes. Además, entregaron detalles de cómo terminaron involucrados en este contrato y aportaron pruebas, como los chats que sostuvieron por días con varios de los interesados en la licitación del Mintic. Para las partes involucradas ya no sería sorpresa si en las próximas semanas se conoce de acuerdos de la Fiscalía con Molina y Ángel.
Juan Carlos Ángel
Para entender el rol que tuvieron cada uno en “inducir al error al Mintic”, como ha dicho la Fiscalía, es necesario remontarse a septiembre de 2020, cuando todavía el proceso estaba en licitación. El Ministerio abrió un billonario proceso para llevar internet a escuelas de zonas rurales de Colombia. Fue entonces, según le dijo Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona a la Fiscalía, que lo buscó Emilio Tapia. El cordobés, llamado el Zar de la contratación, supuestamente estaba en proceso de adquirir la compañía ICM Ingenieros y buscaba una empresa con experiencia en temas de tecnología para presentarse, juntos, a competir por el contrato del Mintic.
Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona era propietario de Novotic, así que accedió a la propuesta de Tapia y su compañía entró a conformar la unión temporal Centros Poblados, junto a ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Building. Estas tres últimas, supuestamente, dirigidas en la sombra por Emilio Tapia, a través de abogados como Herles Ariza y Estefanía Pupo. De hecho, entre las evidencias que tiene la Fiscalía en contra del Zar de la contratación están los libros de ingreso al edificio donde queda la oficina de Omega Building, en el sector del Parque de la 93, en Bogotá. Allí los vigilantes registraron cómo “de manera constante” ha ingresado Emilio Tapia y, según la Fiscalía, era el cordobés quien autorizaba los ingresos de otras personas.
Con este mismo libro de ingresos en mano, la Fiscalía pudo dar cuenta de múltiples visitas de Luis Fernando Duque y Juan José Laverde a la oficina de Omega Building. Incluso, durante este 2021, cuando el contrato ya había sido adjudicado.
Sin embargo, Duque y Laverde no mencionaron a Emilio Tapia ni una sola vez en los interrogatorios que rindieron en la Fiscalía, entre agosto y septiembre de este año. Al parecer, según los testigos, los contactos entre los tres comenzaron en medio de la licitación, cuando Tapia intentaba conseguir, con la supuesta ayuda de Laverde, el documento que les faltaba para presentarse al proceso: una póliza.
Jorge Molina
“Ninguna aseguradora estaba dispuesta a expedir las pólizas requeridas en el proceso”, aseguró la fiscal una y otra vez en la audiencia de imputación de cargos contra los tres capturados. Al no conseguirlas, dice el ente investigador, Laverde supuestamente recordó que uno de sus clientes, Jorge Alfonso Molina García Mayorga, había ayudado a presentar garantías bancarias en otros procesos contractuales. Este documento, en pocas palabras, es una certificación de un banco de que la persona puede acceder fácilmente a un cupo de crédito. Centros Poblados presentó una para quedarse con el contrato, pero resultó falsa. O eso dice el banco Itaú, al que al parecer le falsificaron la firma, y también el Mintic. Laverde ha dicho que su labor se limitó a presentar a Luis Fernando Duque con Molina. Este último ha dicho que las gestiones de Laverde fueron más allá.
Molina le dijo a la Fiscalía que sabía que Laverde, como agente de seguros, les presentó el negocio a muchas compañías, pero ninguna aceptó. Fue entonces, según Molina, que lo contactaron a él. De acuerdo con lo que reveló la
Fiscalía, Laverde habría invitado a Molina a la oficina de Emilio Tapia. “Ellos dos son socios”, le comentó al ente investigador en interrogatorio. Y Molina accedió a conseguirles la garantía. “Fue un trámite de una hora”, añadió, en el que Centros Poblados no entregó un solo documento que mostrara su solidez financiera ante el banco Itaú -que además ha negado cualquier vínculo con el negocio-. Al parecer, ni siquiera tenían la cédula del representante legal, Luis Duque.
“No es que ellos -Duque, Tapia y Laverde- no supieran que era una garantía falsa”, reseñó la fiscal del caso, Andrea Muñoz.
La fiscal presentó incluso un pantallazo de un supuesto chat en el que Laverde le envía a Alfredo Amín, quien estructuró la propuesta, la garantía bancaria que resultó falsa. La funcionaria mostró, además, audios de Emilio Tapia en los que habla de detalles del negocio, entre otras pruebas que incluyen correos y comunicaciones. Con las evidencias busca demostrar que no solo hay elementos para presumir un involucramiento de Duque, Tapia y Laverde en el entramado, sino que podrían obstruir la investigación si son dejados en libertad. El juez 53 de garantías de Bogotá les dio el resto de la semana a las partes para que estudien todas estas evidencias y el viernes podría decidir si envía a la cárcel a los primeros judicializados por el billonario contrato del Mintic.