Sanción total a los corruptos
QUE LOS CORRUPTOS NO LA TENGAN fácil. Esa debería ser una consigna de la sociedad en su conjunto. Que además de las sanciones penales o disciplinarias exista un rechazo total a los corruptos para que una vez detectados no puedan acercarse nunca más a los recursos públicos. Sin embargo, la corrupción y la tolerancia frente a ella están tan enquistadas en la sociedad que a algunos les suena de lo más normal ver de nuevo a Emilio Tapia (el mismo que fue condenado por el “carrusel de la contratación”) capturado ahora por otro escándalo. El abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, dijo sobre Tapia que “él tiene derecho a su resocialización”. Efectivamente tiene derechos después de pagar sus penas, ¿pero esa resocialización tiene que ser con dineros públicos? ¿No hay manera de que los corruptos no se acerquen a la contratación?
Debería existir una lista negra de corruptos que no puedan contratar con el Estado porque los delincuentes son unos magos del aparecer y desaparecer en las empresas contratistas y las uniones temporales. Los vasos comunicantes entre ellos son permanentes y se juntan de una u otra manera porque conocen las debilidades del sistema. Si los detectan por aquí, arman otra empresa por allá, y si los pillan en una, contratan con la otra. Si no pueden aparecer como representantes legales, se vuelven asesores. La corrupción es un cáncer que hace metástasis y la única manera de contrarrestarlo es cerrar filas desde todos los frentes. Las empresas deberían incorporar en sus políticas de buenas prácticas que si van a contratar con el Estado no puedan tener asesores o lobistas que hayan estado vinculados con el robo al erario público. Tristemente muchos empresarios los buscan porque son los que saben qué mano untar y por dónde moverse para conseguir el contrato. Luego salen a decir que todo fue a sus espaldas.
En el caso del escándalo por el contrato del Mintic con Centros Poblados vale destacar que ya hay capturas y ahora toca seguir de cerca el proceso para que no sea, como pasa con frecuencia, un anuncio de captura con espectacularidad y luego una prescripción en silencio por la puerta de atrás. Que tampoco se vaya a convertir Emilio Tapia en el chivo expiatorio que pague todo, porque aquí deben responder todos los involucrados. Lo que tampoco puede pasar es que, surtidas las investigaciones, estemos en unos años hablando de los mismos con las mismas participando en jugosos contratos del Estado.
La sanción social debería ir más allá de las condenas: que los clubes no los reciban, que no sigan siendo parte de la “farándula empresarial”, que se sientan aislados, que la tolerancia sea cero frente a la corrupción y que los delincuentes se resocialicen sin meter mano en los dineros públicos. Mientras no les toquen sus negocios, su bolsillo, sus marañas de contratación y puedan seguir robando, no va a parar la corrupción. De nada sirve investigar (e incluso sancionar, en contadas oportunidades) si la sacan barata porque luego de unos años de cárcel o casa por cárcel los delincuentes salen a gastar a manos llenas lo robado y a seguir contratando o ayudando a contratistas torcidos en su atraco a las arcas del Estado.
Grave, muy grave cada caso de inseguridad en nuestras ciudades y nos indignamos con justicia frente al riesgo de salir a la calle porque se vienen encima los raponeros que son capturados y liberados para que reincidan, pero nos indignamos menos frente a este atraco reiterado y descarado a las finanzas de todos. La reincidencia no puede ser una opción cuando hablamos de corrupción. Detectado el delincuente, la tarea que sigue es sacarlo de toda posibilidad de intervención en la contratación pública. Lo debe hacer el Estado, lo deben hacer las empresas y lo debemos vigilar todos los ciudadanos.