Cuidados intensivos
“LECCIONES DEL APRENDIZ: AUTORItarismo y desigualdad”, se titula el balance del tercer año del actual Gobierno lanzado el 21 de septiembre por la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (informesderechoshumanos.com). Es una documentada crítica a la grave situación humanitaria, la falta de compromiso del Gobierno con el Acuerdo de Paz, el abuso del estado de emergencia durante la pandemia, la represión de la protesta social, el empobrecimiento de vastos sectores de la población en el último año y el manejo de las relaciones internacionales.
Entre todos estos temas, cada uno de los cuales merece atención y correctivos sustanciales, sobresale la persistente violencia y la situación humanitaria, que es indiscutiblemente trágica. “En los siete primeros meses de 2021 se han perpetrado 60 masacres en las que se ha asesinado a 221 personas, mientras en 2020 fueron 91 masacres con 381 víctimas”, según Indepaz. En el primer semestre de 2021, la Defensoría del Pueblo reportó “68 eventos de confinamiento que obligaron a 36.101 personas, de 192 comunidades, a permanecer aisladas por el terror de actores armados en sus territorios”. El desplazamiento forzado tuvo un incremento del 193 % entre enero y junio de 2021, “con aproximadamente 44.647 personas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés)”.
La Comisión Colombiana de Juristas “documentó 205 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos del 8 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021”, de los cuales 170 fueron contra hombres y 35 contra mujeres. Los sectores más afectados por estos asesinatos son “los indígenas, con 71 victimizaciones; el sector comunal, con 32 casos, y el campesino, con 31 casos”. El programa Somos Defensores registró un número menor de asesinatos (130), pero 16 desapariciones forzadas, 85 atentados, 13 robos de información, ocho judicializaciones, dos agresiones sexuales y 662 amenazas.
Otros grupos sociales han sido particularmente afectados: sindicalistas (63 homicidios, 24 atentados y 312 amenazas entre agosto de 2018 y junio de 2021); firmantes del Acuerdo de Paz (283, 71 % de ellos durante este Gobierno, y 34 en 2021 hasta el 10 de agosto); niños, niñas y jóvenes en conflicto armado (197 eventos que afectaron por lo menos a 12.481 menores de edad en 2020, según la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado —Coalico—); migrantes venezolanos (1.933 homicidios entre enero de 2015 y diciembre de 2020); población LGBT (226 homicidios, 337 amenazas y 175 hechos de violencia policial).
Las protestas iniciadas en abril, según la campaña Defender la Libertad, arrojaron “un saldo de 87 homicidios, 106 personas víctimas de violencias basadas en género, 3.365 personas detenidas de forma arbitraria y 1.905 personas heridas, 88 de ellas víctimas de lesiones oculares por parte de la Policía”.
Un horror. En su cuarto y último año, el Gobierno debería hacer un esfuerzo especial para adoptar las medidas necesarias (tanto coercitivas como económicas, sociales y judiciales) para parar este mortal desangre. ¿Será mucho pedir?