Río Atrato
2016, y estamos en 2021 y apenas estamos mirando cómo terminamos el plan de acción con esta cartera”, dice Alexánder Rodríguez Mena, otro de los guardianes del Atrato. A lo que se refiere es que solo hasta octubre de 2019 se dieron los primeros pasos para iniciar un proceso de participación con las comunidades que permitiera la construcción conjunta del plan de acción y, al cierre de este reportaje, solo se habían entregado cinco “documentos previos” que no cuentan con indicadores, metas ni tiempos de ejecución. La cartera lo reconoce, “aún se encuentran pendientes la validación, aprobación y adopción del plan de acción, (…) actividades que deben ser lideradas por este Ministerio”, responde ante un derecho de petición.
Las afectaciones del mercurio en la salud
El uso de mercurio y otros metales pesados en la extracción ilegal de oro también está afectando la salud de los habitantes del río Atrato. “Creo que atrateño sin mercurio en el cuerpo no hay. Porque nuestro pescado está contaminado, y es una de las fuentes principales de alimentación de nosotros”, comenta la lideresa comunitaria Fanny Rosmira Cely, a quien hace unos años alertaron sobre la presencia de mercurio en su cuerpo.
Con la sentencia, la Corte Constitucional ordenó la realización de estudios epidemiológicos y toxicológicos para conocer, de primera mano, las condiciones del mercurio en los cuerpos de los habitantes del Atrato, río que recibe anualmente alrededor de 60 toneladas de mercurio, según la organización Mercury Watch. Aunque el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Universidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica de Chocó, ha realizado mediciones en habitantes de distintos municipios de la cuenca del río Atrato (valoraciones médicas, pruebas neuropsicológicas, medición de coeficiente intelectual, entre otras), los resultados aún no han sido publicados. “Los resultados validados y aprobados con la supervisión no están disponibles aún”, afirmaron desde la cartera.
Si bien a las personas que se encontraban altamente contaminadas con mercurio se les informó directamente sobre su estado y se les hicieron unas recomendaciones sobre qué peces dejar de consumir, hoy sienten que las acciones se quedaron a mitad de camino y no se cuenta con tratamientos de manejo o desintoxicación. “Después de que se hace el estudio, no está la ruta de implementación de las personas que salieron con mucha toxicidad en orina, sangre y cabello por contaminación con mercurio. Hay gente que salió con unos niveles extremadamente altos y hoy no tienen una ruta de atención”, explica uno de los guardianes del río Atrato, Bernardino Mosquera.
¿El cumplimiento de la sentencia? Ineficiente
En junio de 2019 la Contraloría General realizó una evaluación sobre el cumplimiento de la Sentencia T-622. Su calificación final arrojó que, en conjunto, todavía no se contaba con los controles adecuados para hacer frente a los riesgos que pueden afectar la protección, conservación, mantenimiento y restauración de la cuenca del río Atrato. Por lo que la implementación de la misma era “ineficiente”.
Como lo mencionaron también los guardianes del Atrato, la Contraloría encontró que el plan de acción ordenado por el alto tribunal, que incluye el restablecimiento del cauce, la eliminación de los bancos de arena y la reforestación de las zonas afectadas por la minería legal e ilegal, aún no se ha puesto en marcha. Asimismo, encontró que el avance en el cumplimiento de la orden octava, en la cual se determina el grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas de los afluentes y las comunidades, así como las afectaciones en la salud, siguen siendo incipientes.
Las conclusiones del Panel de Expertos y Asesores de la sentencia del río Atrato en su último informe, entregado en mayo de 2021, son similares: “Después de tres años y medio de estar en firme la sentencia no se evidencia una puesta en marcha de acciones decididas y efectivas para cumplir con estas responsabilidades constitucionales, es decir, los resultados de las acciones implementadas a la fecha no indican cambio en las condiciones de bienestar de la población ni del río como sujeto de derechos que generó la sentencia”, señalan.
Pese a estos vacíos, los guardianes y habitantes de la cuenca del río Atrato siguen siendo optimistas. “La Corte Constitucional ha puesto al mundo entero a que lleve su mirada al departamento de Chocó, y que se pueda visibilizar algo que desde hace muchos años viene pasando y que los gobiernos han ocultado por sus intereses personales”, asegura el guardián Alexánder Rodríguez. “Finalmente, están obligados a cumplir. ¿Cuándo lo van a hacer? No sé, pero algún día. Entonces si en tantos años no han avanzado con eso, vamos a interponer el desacato y vamos a utilizar todas las vías jurídicas que tenemos”.
*Este especial es obra de un equipo de periodistas, diseñadores y realizadores de El Espectador para ese diario y la red Connectas dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
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uso de mercurio y otros metales pesados en la extracción ilegal de oro está afectando la salud de los habitantes del río Atrato. Los niveles de contaminación aún no se conocen.