El lío por 248 votos que pinta feo en Pueblo Bello
Trashumancia, tachones y hasta suplantación de votantes son hechos denunciados por un concejal arhuaco contra el mandatario de la población en su elección de 2019. Detrás se esconden conflictos tan ancestrales como políticos.
Pueblo Bello es un municipio del Cesar que echó raíces en plena Sierra Nevada de Santa Marta. Si bien apenas suma poco más de 20 años en su propio trasegar en lo político y administrativo -pues hasta 1997 fue un corregimiento de Valledupar-, no ha estado exento de las ambiciones, conflictos y disputas que implica la política electoral. De hecho, hoy podría ser un reflejo de la polarización que persiste y que se acentúa a medida que se acercan las elecciones. Y es que allí, una diferencia de apenas 248 votos en la carrera por la Alcaldía en 2019, escaló hasta una demanda por presuntos delitos electorales y, de paso, intensificó una lucha de antaño y con visos de ancestralidad.
En medio del pleito se encuentra el actual alcalde de la población, Danilo Duque Barón, quien en las elecciones de hace dos años y con el respaldo de la política tradicional logró 5.972 votos. Su principal contendor, el hoy concejal Saúl Tobías Mindiola, es un indígena arhuaco -nativos de la Sierra Nevada y mayoría en la población- que quedó de segundo con 5.724 votos.
La muy apretada diferencia entre ambos generó controversia. De acuerdo con Mindiola, el día de las elecciones hubo una serie de irregularidades como tachones, enmendaduras o borrones en las actas de mesa y errores aritméticos, así como ingreso extemporáneo de pliegos electorales, suplantación de votantes y líos con tarjetas electorales que, al parecer, estaban asignadas a unas mesas y que fueron depositadas en otras. Pero eso no fue lo más grave.
Según denunció el concejal ante el Tribunal Administrativo del Cesar, pese a que en septiembre de 2019 -es decir, un mes antes de las elecciones- el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitó a 1.025 ciudadanos por trashumancia electoral, no se explica cómo 115 de ellos -con cédulas de Valledupar, Bogotá, Barranquilla y Pereira, terminaron votando.
“Lo preocupante es la maquinaria y cómo se organiza y se calcula un fraude electoral”, dijo Saúl Mindiola, alegando también que la Comisión Escrutadora Municipal no le permitió el acceso al reconteo de votos en algunas mesas, permitió la inclusión de actas entregadas extemporáneamente y no corrigió los errores aritméticos. Todo esto, dice, para favorecer a Duque.
En medio de todo el pleito en agosto hubo un concepto decisivo por parte de la Procuraduría que conoció El Espectador. Si bien el organismo rechazó de tajo la mayoría de los reclamos de Mindiola y advirtió falta de pruebas, sí le dio la razón en un asunto fundamental: corroboró que hubo trashumancia electoral. De acuerdo con el Ministerio Público, “se logra verificar la existencia de 101 votos trashumantes, lo que basta para declarar la nulidad de la elección”.
Para el hoy alcalde, por supuesto, la situación es diametralmente distinta. Según explicó Duque, detrás de todas las acusaciones y la demanda hay un “plan para que se caiga mi elección” y señala que sistemáticamente ha padecido una persecución política “sin precedentes” debido al descontento y oposición de varios de los líderes indígenas inconformes con su elección por ser colono o “bunachi”. “No quieren que la inversión llegue al municipio. Hay personas con una cosmovisión distinta a la nuestra. Ellos han impedido que el proyecto de gas domiciliario llegue a Pueblo Bello (…) La consulta previa ha sido para detener las obras”.
De acuerdo con el mandatario, pese a la ofensiva y disgusto de ciertos líderes políticos, en la población ya se han logrado invertir recursos por $25.000 millones, se han fortalecido como el primer productor de café orgánico del país y se han logrado viabilizar los recursos a los que tienen derecho por ser un municipio PDET -aquellos territorios más vulnerables al conflicto y, por ende, priorizados para su desarrollo-. Por ello, agrega, ha sido objeto de una feroz oposición.
Frente a las denuncias por trashumancia electoral, reclama que “el concepto que emitió la Procuraduría fue apresurado” y que aún ni siquiera se ha llegado a la etapa de alegatos. En ese sentido, reivindica también que no hay prueba de que las personas que incurrieron en trashumancia votaron por él.
A su turno, el abogado del mandatario, César Augusto Vargas, advierte que una muestra de la persecución es que, en julio pasado, en Radio Guatapurí -una de las cadenas más escuchadas en la regiónlos opositores lograron inducir al error a la prensa y lograron que se difundiera información falsa sobre una orden de captura de Duque por parte de la Fiscalía por supuesta corrupción. “Causó un daño irreparable a la familia del alcalde y a la misma población, por cuanto se genera una sensación de impotencia e inseguridad jurídica”.
Además, Vargas resalta que un concepto técnico sobre las tarjetas electorales, realizado por la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2019 a petición del Tribunal, concluyó que la totalidad de esas tarjetas electorales para la elección de alcalde en Pueblo Bello “corresponden a las asignadas al municipio, puesto y mesa”.
Hay un último detalle que permite comprender mejor el pleito, pero que está al margen del proceso judicial. De acuerdo con fuentes que conocen la movida electoral en la región consultadas por El Espectador, al alcalde lo respaldó en su elección -nada menos- que el clan Gnecco, una poderosa familia dedicada a la política en Cesar y que se ha jactado de manejar alcaldías y gobernaciones. De hecho, el actual gobernador era Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a quien la Corte Suprema halló culpable de corrupción electoral.
“César está controlado por la familia Gnecco, a la cabeza de la matrona, que es Cielo Gnecco. Ellos manejan 23 de los 25 municipios. Están aliados con otras casas políticas, como la del senador Didier Lobo y Ape Cuello, que es representante”, explicó una fuente.
Ante ello, el alcalde responde que si bien respaldó al gobernador Monsalvo Gnecco, no pertenece a esa casa política. “Siempre mi candidatura ha sido de manera independiente”. Ante los relacionamientos con Ape Cuello y Didier Lobo admite “mucha cercanía”, pues defiende que son congresistas decisivos para lograr la consecución de recursos.
La última palabra en medio de todo este pleito, que tiene aristas tanto jurídicas como ancestrales, la tiene el Tribunal Administrativo del Cesar, organismo que está llamado a garantizar que la voluntad que expresaron los habitantes de Pueblo Bello en las urnas se cumpla. Solo un asomo de justicia bastará para que no se les haga el feo a los pueblobellanos.