Réplica a un editorial
Respetuoso de la libertad de expresión, me permito hacer uso del derecho de réplica frente al editorial “¿Qué ataca la Contraloría con su fallo de Hidroituango?”.
Un ejercicio técnico e imparcial como el realizado por nuestro equipo, lejos de poner en riesgo la institucionalidad, la transparencia de la democracia y el buen uso de los recursos públicos, representa una defensa decidida de los recursos de los colombianos que se han visto afectados por el, hasta hoy, fracaso del proyecto.
El equipo interdisciplinario que tuvo a cargo la auditoría y el proceso de responsabilidad en su primera instancia no desplegaría el enorme esfuerzo que realizó durante dos años y siete meses solo con el prurito de asestar “golpes políticos y mediáticos”. Su ejercicio de auditoría y control se concentró en encontrar las causas del colapso de 2018 y en demostrar que la preventa de energía hecha por los responsables del proyecto desde 2008 e incumplida hasta hoy ha causado perjuicios económicos a Empresas Públicas de Medellín y al país, sin mencionar que el proyecto cuesta hoy cerca del 115 % más que lo presupuestado.
Frente a otra de las afirmaciones, según la cual el fallo busca ser un golpe político que puede generar más daños que beneficios, cabe esta pregunta: ¿qué genera más daños que beneficios para el país: el control fiscal que desnuda una larga cadena de errores, imprevisiones, desaciertos administrativos y financieros o las actuaciones de sus responsables?
Usted y todos los colombianos pueden tener la certeza de que la Contraloría no actúa al calor de debates electorales. También de que su equipo de trabajo, compuesto en este caso por 28 auditores calificados, no requiere apelar a las malas prácticas ni a la rimbombancia que su editorial injustamente les atribuye para demostrar que está privilegiando el interés general representado en los recursos públicos que se configuran como daño fiscal, al menos hasta esta etapa procesal.
Resulta por lo menos curiosa la interpretación según la cual nada lleva a demostrar que hubo corrupción, porque ello no necesariamente es indicativo de que no se hayan perdido importantes y cuantiosos recursos públicos o que estos hayan sido celosamente guardados o administrados, como debe ser. Curioso y peregrino es también el argumento según el cual el hecho de que una aseguradora esté pagando parcialmente los perjuicios patrimoniales significaría que no hubo detrimento.
Señor director, usted y sus lectores pueden tener la seguridad de que las “justas preocupaciones por la democracia” serán despejadas al interior de este proceso o bien en su posterior control judicial; las funciones de los órganos autónomos de control son fundamentales en nuestro Estado social y democrático de derecho.