La Comisión de la Verdad en el escenario electoral de 2022
La Corte Constitucional decidió que la entidad finalizará labores y presentará su informe final el 27 de junio de 2022, fecha posterior a la inminente segunda vuelta presidencial. Se temen filtraciones.
La Corte Constitucional le dio una noticia de peso al país: su decisión de ampliar el mandato de la Comisión de la Verdad, institución creada en 2017 a partir del Acuerdo de Paz y puesta en marcha en noviembre de 2018. El decreto-ley que le dio vigencia dictaba que la entidad tendría un período de vida de tres años para cumplir su mandato principal: entregarles a los colombianos un informe final, un relato colectivo sobre la amplia verdad del conflicto armado. Ese trabajo titánico debía quedar listo este año y sería dado a conocer el próximo 28 de noviembre. Sin embargo, gracias la petición de un grupo de víctimas —en compañía de organizaciones como Dejusticia—, sumado a otra serie de cartas enviadas al alto tribunal, una de ellas proveniente de la propia Comisión de la Verdad, resultaron en la determinación de la Corte, que concluyó extender el mandato siete meses más para entregar dicho informe final. Es decir que el país conocerá este importante documento el 27 de junio de 2022, ocho días después de la muy posible segunda vuelta de la elección presidencial. ¿Cómo repercute esta decisión en el escenario electoral, en el que todos buscan votos para hacerse al poder?
Según Diana Isabel Güiza Gómez, integrante del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame, era algo inevitable que el trabajo de la Comisión quedara en medio de la trinchera político-electoral, incluso si hubiera sacado su informe el 28 de noviembre. “Desde su concepción, quedó incrustada en el calendario electoral, por eso no veo gran diferencia con la decisión de la Corte. Además, desde el plebiscito de 2016, el proceso de paz ha quedado enquistado en ese contexto porque los políticos opositores se han dado cuenta de que les es útil desaprobar el proceso de paz en tiempos de campaña”, expresó. Entonces, como la paz y todo lo que de ella se deriva ha servido de munición en el debate político, la analista manifestó que el reto de los sectores políticos que defienden el trabajo de la Comisión está en que generen un tipo de relato del informe final que logre que este documento no se convierta en munición de campaña de sus detractores.
Adriana Rudling, experta en justicia transicional, opina que es positivo que el trabajo de la Comisión y su entrega del informe final se dé en un ambiente de elecciones. “Creo que era el mejor escenario frente a lo que podía suceder. Muchos de nosotros estábamos preocupados porque el informe se conociera en noviembre, pues eso abría el interrogante sobre cómo la sociedad se iba a apropiar de los hallazgos y cómo el Estado iba a implementar las recomendaciones. La prórroga que avaló la Corte Constitucional nos expone que el informe se va a conocer cuando ya sepamos quién queda electo como primer mandatario y quiénes son los congresistas. El inicio de un nuevo gobierno y Congreso nos da una mayor capacidad de planeación a largo plazo para utilizar los datos que brinde ese informe”, indicó. Sin embargo, aseguró que lo que preocupa es la posible filtración de documentos en plena contienda por ganar el Ejecutivo y el Legislativo. “Sabemos que se van a filtrar cosas del informe antes de que este salga a la luz. Eso ha pasado en muchos países y seguro va a generar una conversación nacional al respecto. Esa información que se va a conocer antes de tiempo podría generar muchos daños, y más en el contexto electoral”, advirtió.
Por su parte, Astrid Camelo, investigadora en Diacronía, comenta que el informe final, así salga después de la segunda vuelta presidencial, estará muy presente en la carrera electoral. “En algún punto a los candidatos presidenciales les van a preguntar qué harían con los resultados de este documento que presente la Comisión. En términos de política pública, los candidatos tendrán que saber qué contestar, así no sea obligatorio usar el informe final de cara a esas necesidades. Eso debería aparecer en el programa de gobierno si los aspirantes a la Presidencia esperan ganar votos”, argumentó.
A diferencia de otras lecturas, Camelo piensa que implementar la paz, con todo lo que eso implica, seguirá siendo un tema central en la contienda electoral, así haya otras problemáticas urgentes, como la reactivación económica luego de la pandemia. “La paz siempre va ser un fortín político. En este escenario, la reactivación económica va ligada con la paz. Si el país no tiene mecanismos de resolución de conflictos y de reconstrucción de tejido social, no va a lograr reactivar la economía. Ese objetivo no depende solo de inyectar dinero para que los microempresarios, empresarios y restaurantes surjan, sino que es necesario irnos a la base de la desigualdad social y de oportunidades. Eso debe abordarse en las elecciones”, aseguró.
Con todo, de cara al escenario preelectoral y electoral de 2022, hay, por lo menos, otros dos riesgos que tendrá que sortear la Comisión de la Verdad en este período de prórroga. En el primer caso, la discusión del presupuesto que le deben asignar para finalizar el año y poder continuar en el próximo, y en el segundo, su trabajo en plena campaña. En cuanto a los recursos, está pendiente en el Congreso que se radique una proposición en el proyecto del presupuesto de 2022 sobre cuánta debe ser la financiación para la entidad. Y alrededor del trabajo en campo de las elecciones, la pregunta abierta aborda la violencia que seguramente enfrentará el país por el tinte electoral.
“Las elecciones son un período muy violento. Quizás el mayor reto que tendrá la Comisión es que su trabajo y la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil en esos escenarios no incremente los riesgos de violencia”, concluyó Diana Güiza.