¿Dónde está el Estado en Tibú?

ES DIFÍCIL ENCONTRAR PALABRAS ante el asesinato de dos niños en Tibú (Norte de Santander), después de que fueron atrapados por la comunidad realizando un hurto. Surge lo obvio y necesario: rechazo contundente a la justicia por mano propia, frustración ante la inacción de las autoridades y su aparente negligencia, dolor compartido con los familiares de las víctimas y angustia ante el olvido histórico que esta región ha sufrido. Aun así, construir el relato de qué podríamos hacer es más complejo y más difícil, se pierde en medio de tantos sentimientos encontrados. ¿Qué hacemos con un país cada vez más tenso?

Hace apenas unos días, también en Norte de Santander, se filtró el video de unas personas asesinando a un atracador. Las imágenes denotan la irracionalidad de la ira que está hirviendo en tantos colombianos. Y transversal a todo hay una misma idea: ¿por qué el Estado no cumple con sus deberes de brindar seguridad a todos?

En el caso de los niños de Tibú no hay video del crimen, pero sí de los momentos previos. En la dinámica de linchamiento público se ve a varias personas señalarlos, pedir que los graben, sugerir que los amarren.

Ahora se sabe que el plan era llevarlos por todo el pueblo para darles un escarmiento. Ese tipo de humillación parece tomado de otros siglos. En el proceso los niños fueron interceptados por personas armadas que se los llevaron. Después aparecieron muertos con carteles de “ladrones”. Humillación sobre humillación. Se cree que fueron las disidencias de las Farc ejecutando una supuesta “limpieza social”, eufemismo que en Colombia se ha utilizado para ocultar los crímenes más nefastos.

La justicia por mano propia es, por supuesto, inútil y arbitraria. No sirve para prevenir los crímenes, no sirve para reparar lo ocurrido y se utiliza sin debido proceso alguno: quien despierta la ira de la turba es agredido y en los peores casos asesinado. El problema es que la justicia por mano propia deja entrever un hastío con el Estado, con las autoridades, con la ausencia de respuestas por parte del sistema judicial.

Hablando con la W, John Correa, líder comerciante de Tibú, explicó: “Estamos viviendo un flagelo de muchos robos y atracos. La comunidad se ha venido organizando para contrarrestar este tipo de actividades. Sé de antemano que en días pasados hubo una reunión de mototaxistas que conformaron un grupo de seguridad cívica. Como las autoridades no contestaron, un grupo armado llegó y sucedió esto”. La Policía rechazó lo ocurrido, pero es poco lo que se espera que cambie.

El Catatumbo, región a la que pertenece Tibú, es una muestra histórica del fracaso estatal. Conviven el contrabando, los distintos grupos armados al margen de la ley, los carteles del narcotráfico, la pobreza, la desigualdad y la falta de acompañamiento en programas sociales. Gobierno tras gobierno se hacen promesas, como las que hizo hace tres años el presidente Iván Duque, pero la situación de fondo no cambia. El horror y el sufrimiento se han naturalizado. El abandono es la ley. Ante eso, la frustración de los ciudadanos es entendible. Nada, absolutamente nada, justifica el asesinato de los niños ni el tratamiento previo que tuvieron. Empero, el Estado tiene la responsabilidad de no hacer lo suficiente para evitar estas tragedias.

‘‘La justicia por mano propia es repudiable, pero también evidencia una frustración profunda con el Estado”.