Las propuestas de los líderes sociales para que no se repita la guerra
En el diálogo nacional para la no continuidad del conflicto armado, promovido por la Comisión de la Verdad, líderes de 19 departamentos del país trazaron la ruta para salir del ciclo de violencia. Superar la presencia diferenciada del Estado, no centrar la política de drogas en el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico y cumplirles a las comunidades los acuerdos territoriales son algunas de las condiciones.
La guerra no tiene que ser el irremediable destino de las comunidades más afectadas por la violencia. Con esa profunda convicción, 44 líderes y lideresas sociales de 19 departamentos del país se encontraron en Bogotá con la Comisión de la Verdad para contarle al país cómo en estos últimos tres años han ido construyendo salidas posibles a las crisis que viven sus regiones. Los asesinatos de líderes sociales, 136 en lo que va del año (según Indepaz), y de excombatientes de las Farc, 288 (según el Partido Comunes), desde que se firmó la paz, pueden detenerse. “Somos regiones históricamente violentadas, pero no regiones violentas”, dijo Alexis Pacheco, líder juvenil de Yacopí (Cundinamarca).
Los consensos a los que llegaron esas decenas de líderes, representantes a su vez de distintos sectores sociales en las regiones, se los contaron ayer al país cuatro voceros que ellos mismos escogieron, junto a dos comisionados de la Verdad. Fueron contundentes. ¿Por qué se repite el conflicto armado en los territorios? Porque el Estado sigue incumpliéndoles a las comunidades los acuerdos a los que llegan, dijeron. “No solo es el incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Históricamente ha habido incumplimientos de acuerdos y pactos en los territorios. Y les doy un ejemplo: el acuerdo del paro cívico de Buenaventura, que se incumplió. A partir del cumplimiento de esos acuerdos podemos avanzar en la construcción del país que queremos, porque en esos acuerdos están las formas en las que la gente ha dicho cómo quiere vivir en su territorio”, sostuvo con vehemencia Jhon Érick Caicedo, líder social de Buenaventura.
En eso lo respaldó Valeria Mosquera, lideresa de la Ruta Pacífica de Mujeres, quien también hizo énfasis en la marca que va dejando lo que se incumple. “Incumplimiento tras incumplimiento se genera una apatía a confiar en el Estado. Hoy hay que cerrar esa brecha de desconfianza”, afirmó.
Para ello, dijo que se debe aprovechar el Acuerdo de Paz para que, además de implementarlo, se cree una nueva institucionalidad que supere la presencia diferenciada del Estado en las regiones, que es precisamente uno de los que la Comisión de la Verdad ha denominado “factores de persistencia” del conflicto armado. Una institucionalidad que sea meritocrática, que supere prácticas clientelares y que tenga medidas concretas para que no la permeen los dineros del narcotráfico.
Según ella, esa institucionalidad tiene que dar tres reflexiones inaplazables. Primera, cuál es la doctrina militar que se necesita para cerrar el conflicto armado y avanzar en la construcción de paz. La segunda, la necesidad en la Rama Judicial de poner fin a los altos niveles de impunidad frente a los hechos de violencia que afectan a las comunidades rurales. Y la tercera, la necesidad de hablar de una política estatal de educación. “¿Qué tipo de educación necesitan y quieren los territorios? ¿Los territorios tienen la autonomía para decir cuál es la propuesta educativa que quieren?”.
Ineludiblemente, la salida a la repetición del conflicto tiene que abordar el tema del narcotráfico, sostuvieron los líderes. Sin embargo, hay que diferenciar entre ese tema y los cultivos de uso ilícito, que no es lo mismo, dijo Júnior Maldonado, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). Si bien la versión oficial dice que los cultivos y el narcotráfico son el combustible de la guerra, para él son más bien la consecuencia. Y es consecuencia también de una política de drogas liderada por Estados Unidos, que ha insistido en centrarse en el eslabón más débil de la cadena: los cultivadores de coca. “Hay una criminalización de los territorios que hoy tienen cultivos de uso ilícito. La carga enorme que está enviando el Gobierno a esos territorios es que son ‘territorios del narcotráfico’, pero allí el que está es el eslabón más débil. El lavado de activos no se da en esos territorios, se da en las grandes urbes o fuera del país”, reclamó el líder. Por eso, aseguró que no puede seguir engavetado en el Congreso el proyecto de ley que en cumplimiento del Acuerdo de Paz busca darles un tratamiento penal diferenciado a los cultivadores de coca.
“No nos pueden medir en los territorios donde hay cultivos de uso ilícito solamente con indicadores de cuántas hectáreas se tienen que erradicar o sustituir, sino con indicadores de cuánta pobreza hay en esos territorios”, explicó. En zonas como el Catatumbo, la presencia del Estado ha venido solo de la mano de la bota militar, sentenció.
Luz Mery Panche Chocué, lideresa nasa de San Vicente del Caguán, sostuvo que otra de las aristas sobre las que deben girar las propuestas para salir del ciclo de la guerra es la tierra y el territorio. Y, según explicó, el Estado debe reconocer la legitimidad de las formas autónomas de organización de las comunidades: las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios, y, por ende, sus planes de vida y planes especiales de salvaguarda. Igualmente, reconocer y respetar las guardias indígenas, cimarronas y campesinas.
Por eso, todo lo contrario a ello representan los operativos militares de la campaña Artemisa contra la deforestación, en los que en helicópteros se llevan judicializados a campesinos colonos que tumbaron monte para fundar sus parcelas. “No es posible que en la Amazonia la ganadería extensiva se convierta en un arma de doble filo para que se estigmatice a los campesinos que aprendieron a tener vacas como los culpables de la deforestación”, dijo la lideresa indígena.
A los cuatro líderes y lideresas que resumieron las propuestas de centenares de representantes de regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca, el norte del Cauca, el Bajo Atrato o el Urabá antioqueño los escucharon con atención los comisionados de la Verdad Saúl Franco y Lucía González. Ambos asumieron el compromiso de servir de altavoz para el diagnóstico y la ruta que trazaron desde las regiones. “Vemos una elevación de niveles de conciencia muy alta en las comunidades, que produce esperanza y una certeza de que puede haber un futuro en el presente. Lo importante de la Comisión de la Verdad no es solo el informe final, sino todo este ejercicio que nos suma entre sectores, comunidades, hablando de un bien común. Es la vez que más diálogo propositivo, colectivo y diverso he sentido de país. La Comisión es una entidad de Estado. Es el Estado el que está escuchando”, puntualizó.
Dos de las iniciativas de las comunidades pueden empezar a trabajarse en un plazo inmediato: en las regiones donde más se ha recrudecido la guerra se debe llevar a cabo acuerdos humanitarios urgentes que permitan mitigar las afectaciones sobre la población civil en esas zonas. Y la otra, fortalecer las organizaciones sociales que en las regiones han sido las encargadas de no dejar hundir la paz y mantener viva la esperanza.
‘‘Incumplimiento tras incumplimiento se genera una apatía a confiar en el Estado. Hoy hay que cerrar esa brecha de desconfianza”.
Valeria Mosquera