Condenaron a Colombia. Era lo justo
POR SUPUESTO QUE EL ESTADO COlombiano es responsable de las atrocidades que le ocurrieron a la periodista Jineth Bedoya Lima. En cumplimiento de sus funciones, fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual por estar investigando lo que ocurría dentro de la cárcel La Modelo. Durante años hemos sabido que agentes del Estado estuvieron involucrados y no hubo respuestas. Durante años, también, Bedoya ha exigido que las autoridades colombianas den con todos los responsables y la respuesta fue el estancamiento judicial de siempre. Para completar, la actitud irrespetuosa y francamente inmadura de la defensa técnica de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se convirtió en un gesto más de revictimización. Por eso, la condena publicada ayer por el alto tribunal internacional no solo es bienvenida, sino que debería generar vergüenza y reflexiones dentro de nuestro país.
Para la CorteIDH hay “indicios graves, precisos y concordantes” de la participación estatal en el secuestro, tortura y violencia sexual contra Bedoya. Por eso, a Colombia la condenaron “por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista”. El alto tribunal también le reprochó al Estado colombiano no brindar las necesarias garantías judiciales en el caso, por no haber sido diligente al momento de buscar a los responsables y por negarse a llevar a cabo las investigaciones necesarias en los momentos debidos. La madre de Bedoya, Luz Nelly Lima, también fue víctima de “la violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial”. Es decir, el Estado colombiano fracasó por donde se le mire.
La primera reacción a la condena debe ser la vergüenza, más aún cuando la defensa técnica del Estado colombiano insultó con su actuar a los magistrados de la CorteIDH en las últimas etapas del proceso, creando una fricción innecesaria. Sin embargo, lo importante de decisiones internacionales como esta es que son una oportunidad: si el Gobierno colombiano las aprovecha, puede generar cambios positivos para todas las personas que viven en nuestro país, especialmente las mujeres periodistas.
Al respecto, la CorteIDH le ordena varias medidas necesarias y provechosas a Colombia. Además de pedir que continúen las investigaciones por lo ocurrido a Bedoya y de difundir su programa “No es hora de callar” en el sistema público, el alto tribunal pide crear “un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contra las mujeres basadas en el género, crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual, diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas”, entre otras medidas. El cumplimiento debería darse de manera eficaz y cuanto antes.
La mejor manera de honrar la lucha de Bedoya es garantizar que las mujeres en Colombia no sigan siendo víctimas de atrocidades. La decisión de la CorteIDh nos ayuda a avanzar en ese propósito. Que la vergüenza nos lleve a la acción.
‘‘Por
supuesto que el Estado colombiano es responsable de lo que le ocurrió a Jineth Bedoya”.