Pandora Papers, a control político en el Congreso
Entre los citados están Lisandro Manuel Junco, director de la DIAN; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.
Los Pandora Papers tendrán su primer coletazo en la política colombiana. Debido a la investigación periodística que reveló secretos guardados en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunas consideradas paraísos fiscales, este jueves se llevará a cabo un debate de control político citado por tres representantes de oposición: David Racero (Colombia Humana), Inti Asprilla (Alianza Verde) y Carlos Alberto Carreño (Comunes).
El debate de control político se tramitó bajo el amparo del Estatuto de la Oposición, según los citantes, “para que no se dilatara el debate”. Lo hicieron gracias a un artículo que reconoce el derecho de la oposición a determinar el orden del día de las sesiones plenarias por tres veces durante cada legislatura, con lo que lograron agendar el debate para el jueves 21 de octubre a las 2:00 p.m.
La citación se hizo a los altos funcionarios que aparecen mencionados en la investigación, como Lisandro Junco, director de la DIAN; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. También fueron citados el fiscal Francisco Barbosa y el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para revisar no solo este caso, sino dar una discusión más amplia “de algo que ocurre cada cierto tiempo y este Gobierno lo ha tenido muy presente en las dos últimas reformas tributarias, en las que ha hecho un proceso de normalización de activos en el extranjero”, dijo el representante Racero.
De acuerdo con los citantes, su motivación para adelantar el debate fue la supuesta evasión de impuestos que se habría permitido gracias a las sociedades constituidas en el exterior. Dichas sociedades, según dicen, tienen tres características: ventajas fiscales, reserva de la información y protección de los activos. “Aquel que hace empresas en paraísos fiscales tiene un propósito concreto: ocultar información. No quiere que se sepa la información, para eso son los paraísos fiscales, y uno oculta información porque quiere ocultar la procedencia del dinero o el destino final del dinero, y evidentemente las posibles utilidades del mismo”, agregó Racero.
Durante el debate muchos ojos se posarán sobre el director de la DIAN, justo por ser la entidad encargada de administrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los colombianos. Pero su director aparece como beneficiario de la sociedad
Cyber Security System Company, constituida en 2016 en Delaware, Estados Unidos. También figuran cobros al funcionario de parte de SFM, uno de los proveedores presentes en Pandora Papers, por la apertura de una cuenta bancaria en Chipre y una oficina virtual en Londres.
Según registros públicos de Delaware, la sociedad se canceló por “falta de pago de impuestos”, mientras que Junco aseguró que constituyó la sociedad para guardar allí el dinero de un posgrado que quería realizar en EE. UU. A pesar de las explicaciones, de acuerdo con Racero, “una persona que haga eso no es competente ética y moralmente para ocupar el cargo de la DIAN, no puede salir al país a decirle que paguen impuestos, mientras que él con su empresa podría evadirlos, si no es que ya los evadió”.
Y es que Junco, en teoría, es uno de los encargados de investigar a las 588 personas o empresas que aparecen en los Pandora Papers, pero para los citantes esto “pone en peligro los resultados al ser juez y parte”.
Por otro lado, los citantes enviaron varios cuestionarios a seis entidades, en los que hacen preguntas en detalle sobre la información de las empresas ubicadas en paraísos fiscales, pero alertaron que aún no llegan las respuestas. “Estamos a días y esperamos que las respuestas no lleguen sobre el tiempo. Lo que sí tenemos presente que el director de la DIAN no puede continuar en ese cargo y que lo mínimo que puede hacer, por decoro político y decencia, es renunciar hasta que se esclarezcan las implicaciones de su empresa”.
Algunas de las preguntas enviadas al director son: ¿Cuántos procesos de fiscalización por los activos que hubieran sido omitidos dentro o fuera del territorio nacional adelanta la DIAN desde 1990? ¿Cuántos de estos están involucrados en la investigación? ¿Cuántos se relacionan con activos dentro del territorio nacional? ¿Cuántos se relacionan con activos por fuera del territorio?
Para la Fiscalía, los cuestionamientos pasan por el número de procesos que adelanta por el delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y el delito de defraudación o evasión tributaria, mientras que para el Ministerio de Hacienda las preguntas fueron sobre las medidas adoptadas, de la mano de la DIAN, para combatir la evasión de impuestos y, con la UIAF, para combatir el lavado de activos.