Un apoyo a la reactivación... del clientelismo
EL GOBIERNO NACIONAL Y SU COAlición en el Congreso acaban de darle un golpe a la legitimidad de la democracia en Colombia. No había motivos para aprobar una reforma a la Ley de Garantías tan cerca de elecciones, sin un debate amplio y transparente, y colando la modificación dentro de la Ley de Presupuesto. Más allá de que el presidente Iván Duque esté contradiciendo las críticas que el senador Iván Duque hizo en su momento a la idea de sabotear esa ley, la realidad es que se acaba de abrir un espacio para la corrupción en todo el país, con el beneplácito de un Gobierno supuestamente comprometido con la lucha por la transparencia.
La obsesión del Gobierno Duque, impulsado no en menor medida por alcaldes y gobernadores de distintas orillas, se sustenta en el desarrollo económico. Según el Gobierno, era necesario modificar la Ley de Garantías para seguir apoyando la reactivación. En la Colombia dibujada retóricamente desde la Casa de Nariño, las entidades territoriales están atadas de manos y podrían cambiar el rumbo de las regiones si tan solo no tuviesen que responder a los límites impuestos por esa ley. Esto, mientras Colombia está proyectada para crecer a un ritmo histórico.
El argumento del Gobierno es, cuando menos, ingenuo. No se justificó por qué era necesario permitir los convenios interadministrativos cuando la Ley de Garantías sí permite otros tipos de contratación que son más transparentes y permiten vigilancia pública. Lo que no dijo la postura oficial es que son justamente esos convenios los que autorizan contratación más directa y, por ende, más propicia a ser utilizada para influenciar la balanza política en plena época electoral.
Se dijo también que la Ley de Garantías no era relevante porque la reelección presidencial se eliminó. No es cierto. Si bien la norma se aprobó en medio del desastre institucional que ocasionó la reforma para reelegir al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, también generó una consecuencia positiva: evitó atropellos en elecciones regionales al impedir que los gobernadores y alcaldes influyeran a favor de sus políticos cercanos a través de la contratación. ¿No es ese un fin loable?
Con la eliminación de una porción de la Ley de Garantías se abre la oportunidad, también, para que se cuestione la legitimidad de las elecciones. Ya empezó. Las voces más radicales de la oposición están hablando de posible compra masiva de votos y de fraude. Ya hemos visto que esos discursos calan entre las personas así no tengan sustento fáctico. ¿Para qué ayudar al desprestigio de las instituciones modificando la Ley de Garantías tan cerca de elecciones?
Se ha dicho que esta no podía modificarse mediante ley ordinaria. Sobre eso, la Corte Constitucional tendrá la última palabra. Pero el daño ya está hecho, no solo por los casos de corrupción que puedan ocurrir, sino por el simbolismo del actuar del Congreso y de Presidencia. Cuando pudieron fortalecer unas elecciones claves para el futuro de Colombia, eligieron quitar uno de los contrapesos más visibles a la corrupción administrativa.
‘‘¿Para
qué ayudar al desprestigio de las instituciones modificando la Ley de Garantías tan cerca de elecciones?