Por posibles nexos con el Eln fue capturado el gobernador de Arauca, Facundo Castillo
El mandatario regional se encuentra “ad portas” de una judicialización por los presuntos nexos con miembros del frente Domingo Laín Sáenz del Eln. Sobre Castillo Cisneros reposan investigaciones disciplinarias por irregularidades en contratos.
La situación judicial del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, empeoró en cuestión de horas. En la mañana del pasado jueves fue capturado por la posible comisión de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y financiación del terrorismo. Su detención, que estuvo a cargo de miembros del CTI de la Fiscalía, obedeció a los posibles nexos que tiene el mandatario con organizaciones criminales.
Lo que reposa en la investigación es que, durante sus dos períodos de administración como gobernador (2012-2015 y 2020-2021) Castillo Cisneros habría sostenido acuerdos financieros mediante contratos estatales con supuestos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del Eln. El propósito de dichas alianzas, según la Fiscalía, era en beneficio para ambas partes. Para el funcionario público, eso habría significado poder moverse por el departamento sin restricción alguna y con protección militar para su seguridad. A cambio, los supuestos miembros del grupo guerrillero podían adelantar acciones criminales en esa zona del país.
En Arauca, la estructura ilegal ha hecho presencia tiempo atrás y suele tener el poderío criminal, por lo que no se descarta que la otra hipótesis del ente investigador coja fuerza en la audiencia de imputación de cargos. Lo que también reposa en la investigación es que Castillo Cisneros recibió apoyo financiero ilegal para ser elegido gobernador.
Según el ente fiscal, el mandatario inicialmente recibió dinero por parte del grupo armado y, una vez llegó a la Gobernación, en contraprestación por esa plata, entregó cuantiosas sumas monetarias, así como gruesos porcentajes derivados de la contratación del departamento. En la investigación reposa que, durante su primer período, adjudicó alrededor de ocho contratos a un integrante del Eln que tenían la finalidad de adelantar estudios sobre varias obras.
Entre ellas: proyectos en espacio público, diseños de vías e infraestructura educativa. Lo que dice el ente acusador es que habría celebrado los convenios sin cumplir con los requisitos legales. El gobernador, a quien la Fiscalía solicitará ante un juez de garantías se le imponga medida de aseguramiento, también estuvo bajo la lupa de la Procuraduría. En julio de 2020 fue sancionado con seis meses de suspensión por irregularidades en la suscripción de un contrato que tenía como fin realizar eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte.
El convenio tenía un valor de $570 millones. Lo que llamó la atención de las autoridades fue que el mandatario regional celebró el contrato en un tiempo crucial, en el que las demostraciones culturales públicas estaban prohibidas por cuenta de la pandemia generada por el COVID-19. El Ministerio Público encontró que Castillo Cisneros vulneró los principios de transparencia que debe tener un mandatario regional a la hora de seleccionar la forma objetiva y responsable para adelantar una contratación estatal.
Entre otras cosas, para la época en la que fue suspendido, sobre el mandatario reposaba otra investigación disciplinaria que vincula posibles sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias. El convenio se suscribió entre la Gobernación y Multiservicios Mael S. A. S., por un valor que supera los $4.463 millones. Lo que le reprochó el Ministerio Público al gobernador fue el motivo por el cual no se utilizaron propuestas más económicas ni se realizaron estudios sobre los costos de transporte y logística.
A juicio de la investigación, esa situación generó mayor valor en el contrato, lo que fomentó detrimento en el patrimonio público. A primera hora de este viernes 22 de octubre comenzará la audiencia de imputación de cargos en su contra.
››Las irregularidades habrían sucedido desde 2012, durante su primer período como gobernador.