La nueva estrategia antidrogas de EE. UU. y su apoyo al Acuerdo de Paz
El gobierno de Joe Biden presentó esta semana su nueva política antinarcótica, mientras en Colombia se intensifican los choques entre cocaleros y militares por la erradicación forzada. ¿Cómo se leyó en las regiones y las organizaciones campesinas el anunc
Las recientes confrontaciones entre campesinos cocaleros y cerca de 180 militares de la Segunda División del Ejército en Tibú (Norte de Santander) demuestran, una vez más, que la estrategia de erradicación forzada de cultivos de coca carece de mecanismos de diálogo y propicia el enfrentamiento entre comunidades y fuerza pública, dejando a las autoridades civiles como simples espectadores de un conflicto social al que no pueden aportar soluciones, tal como lo reconoció Nelson Leal, alcalde de ese municipio.
Y también está lo que sucedió esta semana en Anorí (Antioquia). Desde el pasado 23 de octubre, más de 700 campesinos en la vereda Tenche han tenido confrontaciones con militares y cuerpos del Esmad que llegaron a sus tierras a erradicar forzosamente. Hay denuncias de abuso de autoridad, desproporcionalidad en el uso de la fuerza y constantes llamados para que se implemente el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Según versiones de la Mesa Nacional de Víctimas de Antioquia, más de cien familias campesinas en esta zona se encuentran en refugios humanitarios y a la espera de una respuesta estatal para definir su situación socioeconómica.
Estos son los más recientes casos de enfrentamientos entre uniformados y campesinos cocaleros, pero el Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional y de la Universidad del Rosario documentó 95 incidentes de este tipo entre diciembre de 2016 y julio de 2020. Este año reseñamos hechos similares en Putumayo, Cauca y Antioquia, por solo mencionar algunos casos.
Este ha sido uno de los argumentos de quienes se oponen a la actual estrategia de lucha contra las drogas que Colombia ha articulado con el apoyo de EE. UU., ya que no ha logrado darle una respuesta concreta a este flagelo, más allá de las cifras en reducción de hectáreas de coca o capturas individuales de narcotraficantes.
Justamente, en esta nueva etapa, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas en EE. UU. anunció que con Colombia se irá más allá de estas cifras y se trabajará sobre la reducción en la oferta de estas sustancias, el blanqueamiento de capitales de los máximos responsables, el impulso al Acuerdo de Paz, inversiones de desarrollo rural y de seguridad ciudadana y políticas que impulsen el acceso a la justicia de forma más equitativa. En pocas palabras, un cambio radical a lo que ha sido la intervención norteamericana durante los últimos cincuenta años. La “guerra contra las drogas” de los Estados Unidos como campaña de política exterior en los países andinos, con especial énfasis en Colombia, comenzó en 1971. Por aquel entonces, el presidente estadounidense Richard Nixon ejecutó programas y proyectos como el Plan Dignidad, con el que quiso mitigar la naciente producción masiva de drogas en Latinoamérica, pues para él un aumento del narcotráfico en esta región significaba un atentado directo contra la seguridad nacional de su país.
En Colombia, particularmente, este vínculo bilateral se hizo más fuerte en 1999 con el nacimiento del Plan Colombia, durante los gobiernos Clinton-Pastrana. Desde allí, hasta la actual nueva estrategia de lucha contra las drogas emitida por Joe Biden a inicio de la semana pasada, las constantes han sido choques entre campesinos cocaleros y fuerza pública, operaciones de aspersión con glifosato (suspendidas por la Corte Constitucional en 2015), persistencia en la violencia armada en zonas rurales en las que hay cultivos de coca, pese al Acuerdo de
Paz, y deficitarios accesos a la justicia para familias que necesitan sustituir sus cultivos, acceder a cadenas de mercado legales o, simplemente, formalizar las tierras en las que han vivido por años.
Por la defensa de derechos humanos
Ester Julia Cruz, representante legal de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Zona Alta de San Pablo (Asocazul), en el sur de Bolívar, lleva décadas acompañando procesos de familias cocaleras y con cultivos lícitos en esta zona del país. Dice que una de las cosas que más le ha dolido a lo largo de su vida ha sido el sufrimiento de personas que se han enfermado o lo han perdido todo por las aspersiones aéreas y terrestres con glifosato.
“Estas prácticas de la lucha contra las drogas arrasaron con todo e imposibilitaron procesos de diálogo para que el desenlace fuera una sustitución adecuada y no gente enferma y sin tierras. Afortunadamente, nos hemos movido jurídicamente, contamos con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la acción de grupo que interpusimos por las familias afectadas ya está en segunda instancia ante la Corte. En el sur de Bolívar este era un calvario casi constante y confiamos en que con el nuevo plan del presidente Biden las cosas van a cambiar, porque al menos cuenta con un componente de derechos humanos y no menciona nada de aspersiones; por fin vieron que hay más opciones antinarcóticas para cambiar la economía que asfixiar a los campesinos”, narra.
Cruz ve que en el territorio no ha habido
››Los
tres pilares de la estrategia antinarcóticos del gobierno de Joe Biden en Colombia son reducción de la oferta de drogas, seguridad rural y desarrollo, y protección medioambiental.