Lo justo sería privatizar responsabilidades
ESTOY DE ACUERDO CON LA CONDENA DE la Corte IDH por los crímenes cometidos contra Jineth Bedoya. Con lo que no estoy de acuerdo es con la generalización que implica decir que Colombia es culpable; es decir, usted y yo también somos culpables, y no, eso no es correcto ni justo. Lo justo sería que la sentencia precise responsabilidades. Decir que Colombia es culpable es diluir la responsabilidad entre todos y es otra forma de aplicar esa política neoliberal de privatizar ganancias y socializar pérdidas, algo totalmente injusto.
Los medios y la sentencia deberían centrar su atención en todos aquellos funcionarios cuestionados y gobernantes negligentes de la época que permitieron la ocurrencia de estas atrocidades, y en los directamente beneficiados con estos hechos. No debemos olvidar que, finalmente, todos aquellos que ordenaron secuestrar y silenciar esa voz que les resultaba incómoda se salieron con la suya, porque su investigación fue truncada.
Seguramente se vendrán demandas e indemnizaciones. Los cobardes corruptos responsables de esos hechos esperan que las asuma el Estado, que en últimas somos todos, y sin duda será así, pero no deja de ser una injusticia más. Una justicia verdadera actuaría expropiando bienes y herencias de los clanes y las familias de todos aquellos beneficiados con la llegada al poder de los parapolíticos.
Los paramilitares y los parapolíticos fueron los directamente beneficiados al impedir las investigaciones de la periodista Jineth Bedoya. Silenciar voces como la de Jineth pavimentó la llegada a la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que es otro de los beneficiados, tal como lo revelan las ignoradas y reiteradas denuncias de Salvatore Mancuso.
Como lo veo, la justicia, incluso la internacional, sigue en deuda con el pueblo colombiano. Al condenar al Estado nos condenan a todos, de alguna manera todos seremos solidarios y no es justo, pues nos revictimiza. La responsabilidad debería ser de quienes gobernaban. Hace muchos años venimos siendo mal gobernados y por lo general las actuaciones de “nuestros representantes” terminan en que Colombia pierde y entre todos asumimos las pérdidas.
Hablo de “nuestros representantes” entre comillas, porque un Gobierno como el actual para muchos ciudadanos es ilegítimo, muchos no nos sentimos representados. Así la justicia los ignore, casos como la ñeñepolítica no se olvidan, como tampoco se olvidan las maniobras truculentas de sicariato judicial que aplicaron los fiscales también en este caso, como en el de Jineth, para perseguir inocentes y servir de chaleco antibalas para los corruptos implicados. La justicia está en deuda.
Perdimos con los TLC, el Plan Colombia, Reficar, Odebrecht, Electricaribe, Isagén, Saludcoop, Medimás, Chirajara, San Andrés, Ruta del Sol, Navelena, etc. Son solo algunos ejemplos, pero todos sabemos que la lista es interminable y en todos estos descalabros el común denominador es que Colombia pierde, solo ganaron los “comisionistas”; muchos de ellos que ni siquiera pagan impuestos en Colombia, porque esconden su coima en un paraíso fiscal, en una empresa de papel, de esas que Duque y Gaviria dicen que no son ilegales.
Para “nuestros representantes” que terminan siendo “comisionistas” a favor del interés extranjero, la justicia colombiana está en mora de estrenar la imputación del delito de traición a la patria. Los traidores culpables son quienes, con sus bienes, herencias y riquezas mal habidas, incluso con las escondidas en paraísos fiscales, deberían responder por todas las demandas y sanciones que le imputen a Colombia, e incluso por las indemnizaciones derivadas por los delitos cometidos contra Jineth.