Maternidad forzada en Bolivia
HACE UNAS SEMANAS SE DIVULGÓ, en los medios de comunicación bolivianos, el caso de una niña de 11 años, violada de forma sistemática durante nueve meses por el padre de la pareja de su madre, un hombre de 60 años, en el municipio de Yapacaní. El embarazo se descubrió cuando la niña dijo que sentía “movimientos extraños” en la panza y luego un exámen médico mostró que tenía un embarazo con 21 semanas de gestación. La tía de la niña presentó una denuncia contra su padrastro, quien hoy está detenido.
En Bolivia, a partir de una sentencia constitucional de 2014, el aborto está despenalizado bajo dos causales: “cuando el embarazo es producto de violación, incesto, estupro o si como resultado de la gestación su vida o salud corren peligro”. El caso de la niña entraba dentro de ambas causales y la interrupción fue autorizada de forma legal. Ella dijo: “yo quiero estudiar, yo quiero una vida para mí” y hasta alcanzó a recibir una primera dosis de pastillas para la interrupción, según la BBC.
Sin embargo, como el caso se hizo mediático y no se respetó la identidad de la víctima, ella terminó siendo abordada por personas antiderechos, algunas de las cuales se presentaron como parte del arzobispado, y se cree que entre estas personas y la madre forzaron a la niña a cambiar de opinión y afirmar, públicamente y con una carta escrita a mano, que quería llevar a término el embarazo. La madre de la niña, pareja del hijo del agresor, dijo a los medios que luego del parto decidirán si se quedan con él o la bebé o si la darán en adopción. “De acuerdo con los informes a los que accedimos, la forma en la que fue presionada y arrinconada por miembros de la Iglesia, que se han identificado como del arzobispado, le ha generado dudas y miedo a la menor para que retroceda en su decisión de interrumpir legalmente el embarazo”, dijo a la BBC la defensora del Pueblo, Nadia Cruz. Hoy la madre y la niña embarazada están en un centro de acogida manejado por la Iglesia católica.
Según la Casa de la Mujer en Bolivia, “en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años en Bolivia, lo que supone que en promedio 104 niñas quedan embarazadas por día en el país”. Emma Donlan, la directora país de Plan Internacional Bolivia, dijo que “la pandemia y el confinamiento implicaron un gran impacto en la vida de las niñas del país. Sus derechos se vieron directamente afectados, ya que dejaron de asistir a la escuela, muchas tuvieron que convivir con sus agresores, no accedieron a servicios de salud sexual y reproductiva, las familias tuvieron problemas económicos. Ellas están expuestas a mayores riesgos y sus derechos están siendo afectados”. En Colombia la situación es similar: según el movimiento Causa Justa, en Colombia y de acuerdo con cifras del DANE, en 2021 “se registraron 1.156 nacimientos en niñas menores de 14 años, un incremento del 22 % en comparación con el 2020, año en que se registraron 946 nacimientos”. Adicionalmente, “la pandemia incrementó el riesgo de embarazo no deseado en niñas pues muchas quedaron confinadas con agresores. Según Medicina Legal, ellas fueron las principales víctimas de delitos sexuales: 73 % de los casos”.
Este es uno de esos casos que evidencian lo decisivas que pueden ser las coberturas de los medios de comunicación en situaciones como esta en donde están en juego derechos humanos. En el caso de Bolivia se divulgó la identidad de una fuente con terribles consecuencias para su vida y salud, y en general se falló al presentar un asunto de derechos humanos como el aborto, como si fuera un debate social, un problema de opiniones encontradas, o incluso un ejercicio de “equilibrio” periodístico cuando en realidad las decisiones de una niña sobre su cuerpo no son de incumbencia del resto de la sociedad. Los derechos humanos no se debaten.