“Se perdió una oportunidad de oro con la sustitución de cultivos”
El episodio del 26 de octubre, cuando cerca de 600 campesinos retuvieron a 180 militares en una vereda de Tibú (Norte de S/tander), levantó la alarma sobre los choques entre la fuerza pública y las comunidades, por los planes de erradicación de cultivos de coca. Entrevista con líder de Ascamcat.
El episodio que derivó la semana pasada en la retención de 180 militares en una vereda de Tibú (Norte de Santander), a manos de 600 campesinos que se oponían a las tareas de erradicación forzada en la zona, dejó claro que las consecuencias de la fallida implementación del Acuerdo de Paz en lo referente a la sustitución de cultivos ha creado una verdadera bomba de tiempo en los territorios que han sido enclaves para los cultivos ilícitos.
Los miembros del Ejército estuvieron más de 24 horas en zona rural de Tibú y fue solo tras la mediación de la Personería y la Defensoría del Pueblo que los campesinos acordaron levantar el cerco humanitario y retirarse. “Se deja constancia de que el Ejército Nacional no fue víctima de ningún tipo de violencia o secuestro, pues recibieron buen trato”, expresaron en un documento firmado.
Al pronunciarse sobre los hechos, el general Ómar Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército, aseguró que “los seis pelotones fueron secuestrados por más de 600 campesinos que les cumplen las tareas a los cocaleros de la región, amparados sobre la asociación Ascamcat y Coccam, que son asociaciones campesinas, pero dedicadas al negocio ilícito del narcotráfico”.
El Espectador entrevistó a Juan Carlos Quintero, miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien habla de la estigmatización que sufren diversos grupos sociales en el Catatumbo, la fallida implementación del Acuerdo de Paz y la política del Gobierno para combatir el narcotráfico.
¿Cuál es la postura de Ascamcat frente a lo sucedido la semana pasada con la retención de 180 soldados?
En medio de una movilización espontánea e impulsada por la comunidad, la semana pasada el Ejército, el ministro de Defensa y el presidente arremetieron, de manera falsa e irresponsable, contra las organizaciones campesinas del territorio. Nos tildaron de secuestradores y nos asociaron a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Estas acusaciones son supremamente graves, nunca las habíamos visto. Existía la estigmatización, pero no señalamientos tan directos en los que se pone en riesgo nuestra labor, nuestra legitimidad, nuestra honra y nuestra vida.
El hecho hace parte de los problemas que se han generado por las fallas en el programa de sustitución de cultivos. ¿Cómo está el panorama?
Mientras el gobierno de Iván Duque es rudo con los productores de hoja de coca, que la siembran por las causas estructurales que ya todo el mundo conoce, es frágil con el narcotráfico. Tibú pasó de ser el segundo municipio productor de hoja de coca a ser el primero, siendo uno de los municipios más militarizados —incluso con presencia del comando sur de EE. UU—. En la medida en la que se intensifica esa política equivocada de erradicación forzada y violatoria del Acuerdo de Paz, la gente empieza a movilizarse para exigir que se cumpla con lo prometido y para salvaguardar ese producto, como mecanismo de subsistencia. En esas acciones algunos miembros del Ejército han incurrido en delitos; el año pasado fueron asesinados dos campesinos en el marco de estos procesos.
¿Cuáles han sido los problemas del Plan Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) en el Catatumbo?
Frente al PNIS se puede decir que se perdió una oportunidad de oro de convertir al Catatumbo y al municipio de Tibú en un proyecto piloto de construcción de paz. Hay que recordar que, de los cuatro pilotos que lanzó Santos en 2017 para lanzar el PNIS, nosotros empezamos con uno acá en el Catatumbo, llamado Caño Indio. Este proyecto involucraba cuatro veredas que coincidían con el asentamiento de lo que para ese entonces eran las zonas veredales. Posteriormente, impulsamos la firma del Acuerdo
Colectivo de Sustitución, que involucró a más de 3.000 familias de Tibú y, finalmente el Acuerdo de Sustitución en el municipio de Sardinata. Es decir, estamos hablando de cerca de 5.000 familias, que beneficiarían un promedio de 15.000 personas en el proceso de sustitución. Con el tiempo, eso se fue perdiendo y se generó una sensación de desconfianza hacia el Estado por varios factores. Primero, quienes impulsamos esos acuerdos de sustitución fuimos desplazados por grupos armados. Segundo, nunca se cumplió con los cronogramas establecidos en el PNIS y fueron modificados por el Gobierno de manera unilateral. Tercero, no se han convocado los escenarios que tienen los decretos creados por el Acuerdo para hacerle seguimiento al proceso del PNIS. Finalmente, no han llegado los proyectos productivos para las familias.
¿Qué lectura hacen de la insistencia del Gobierno de continuar con la fumigación de cultivos ilícitos?
Esta es una política fracasada de cuarenta años, que precisamente el Acuerdo de Paz había planteado dejar atrás, porque no había traído ningún resultado; por el contrario, vulnera los derechos humanos de las comunidades. Este Gobierno decidió mantenerla, en una muestra de fracaso total —las hectáreas de cultivos lo demuestran—, y eso trae consecuencias fatales para los procesos de reconciliación y paz. Primero, en la gente hay niveles de desconfianza peores que los que había antes del Acuerdo, porque cuando inició su implementación se dio un proceso de construcción de confianza que el Gobierno rompió. Segundo, hay un problema de seguridad jurídica, porque hubo personas que se inscribieron y hoy pueden ser judicializadas porque están en los procesos que no cumplió el Gobierno. Finalmente, el tiempo está dando la razón de que eso es un fracaso; salió un primer concepto de lo que sería la política antidrogas de Estados Unidos, y se plantea precisamente tratar de desechar las fumigaciones y priorizar la política pública del Acuerdo. Por ahora, lamentablemente, esto nos va a costar mucha sangre, muchos presos y muchas vulneraciones de derechos hacia comunidades afros, campesinas e indígenas.
Ascamcat denunció amenazas tras el anuncio de las curules de paz. ¿Cuál es la situación de la organización?
Las amenazas, homicidios, desplazamientos y hostigamientos han sido una constante desde la firma del Acuerdo. Pero el caso más grave es el del comandante de la Segunda División del Ejército, quien señaló a Ascamcat como una organización de secuestradores y narcotraficantes. La situación es muy compleja; ser líder social en este territorio es una labor supremamente peligrosa y estas acciones de actores legales e ilegales obedecen a nuestro compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz. Hay una serie de causas que generan riesgos para nuestro colectivo: la sustitución de cultivos de coca, el seguimiento a la implementación del PDET, nuestro papel en la JEP frente al tema de los falsos positivos, nuestra labor para la aprobación de las curules de paz, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de los mínimos humanitarios .
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la medida en la que se intensifica esa política equivocada de erradicación forzada, la gente empieza a movilizarse para exigir que se cumpla con lo prometido”.